El secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, ha subrayado que las posiciones entre el Gobierno y sindicatos para consensuar una reforma de las pensiones aún "están alejadas", a pesar de encadenar el cuarto día consecutivo de contactos.
"Es tiempo de negociación, para lo que vamos a emplear todo el tiempo necesario", afirmó Ferrer, en alusión a los nuevos contactos previstos en "los próximos días", por lo que emplazó a seguir negociando.
Antes de la celebración del Consejo Confederal de UGT, el 'número dos' del sindicato también advirtió de que el "proceso de movilización" dependerá de si el Gobierno "flexibiliza" su intención de retrasar la jubilación a los 67 años, con lo que no descartó "ningún tipo de medida" si el Gobierno no ceja en su pretensión.
En este sentido, pese al "tiempo de negociación", no quiso dejar de admitir que estos contactos están acompañados de "posiciones distantes".
"Los sindicatos estamos dispuestos a continuar trabajando sin obviar las dificultades", indicó, al tiempo que resaltó que el sistema público de pensiones supone un instrumento "central y determinante" de la cohesión social.
"Los tiempos de movilización vendrán si la negociación no obtiene resultados", indicó Ferrer, tras señalar que los sindicatos tienen que madurar su decisión porque, a día de hoy, aún no saben "si están más o menos cerca" del citado proceso de movilización.
"ACUERDO EQUILIBRADO"
Preguntado sobre la consideración de la vicepresidenta económica, Elena Salgado, de que "no es imposible" el acuerdo, Ferrer reiteró que los sindicatos persiguen un acercamiento "equilibrado", aunque sí que lo vinculó a que el Ejecutivo "demuestre flexibilidad" en el punto más espinoso de la reforma: el retraso de la jubilación a los 67 años.
En cuanto a la reforma de la negociación colectiva, Ferrer pidió "respeto" al Gobierno, al considerar que los cambios en esta materia dependen en exclusiva de patronal y sindicatos.
Además, llamó a la CEOE a volver a sentarse a negociar esta reforma "lo antes posible", pues la reforma laboral marca como plazo el 19 de marzo. "Que el Gobierno se abstenga de interferir", reclamó.
