Santamaría defiende "rescatar" a Cataluña de quienes la quieren fuera de la ley

  • El Senado acepta modular el 155 a la espera de una salida "in extremis", como proponía el PSOE
  • Critica en su comparecencia en el Senado que los independentistas no hayan querido dialogar y dice que traen la recesión y no "la tierra prometida"

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado hoy que "los independentistas han dejado muy claro que no han estado dispuestos a dialogar", lo que han demostrado negándose a participar en todos los foros a los que han sido convocados, y negando el diálogo en el propio Parlament.

Ante la comisión del Senado que tramita las medidas aprobadas por el Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, la vicepresidenta ha recordado que los representantes de la Generalitat se han negado "de forma contumaz" a participar en la conferencia de presidentes autonómicos, en la definición del nuevo modelo de financiación y no han querido explicarse en el Congreso.

EL 155 SE MODULARÁ

Las medidas propuestas por el Gobierno para intervenir en Cataluña al amparo del artículo 155 han superado este lunes el penúltimo trámite en el Senado, antes de que mañana sea aprobado en el pleno el dictamen final, que el PP ha aceptado modular, y a la espera de una salida "in extremis" que evite su aplicación.

Todo ello en una jornada maratoniana en la Cámara Alta, que ha reunido la comisión "ad hoc" creada expresamente para esta tramitación mientras desde Barcelona se sucedían las informaciones contradictorias sobre la intención del presidente catalán, Carles Puigdemont, de convocar o no elecciones anticipadas.

Tras varias horas de debate en ponencia y en comisión, a primera hora de la noche se ha votado el dictamen final, que incluye una enmienda del PSOE en favor de la "aplicación gradual" de los preceptos planteados por el Ejecutivo. Es la única enmienda incorporada al dictamen que mañana debatirá el pleno de la Cámara Alta, con los votos mayoritarios del grupo popular, del PSOE y del grupo Mixto, y contempla la posibilidad de modular su aplicación si se producen cambios en la situación e incluso de "anticipar" la supresión de las medidas "si cesasen las causas" que las motivan.

"EL DIÁLOGO SE CONJUGA EN GERUNDIO"

En su intervención Soraya Sáenz de Santamaría, ha recordado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, invitó al de la Generalitat, Carles Puigdemont, a comparecer en el Congreso para defender sus posiciones, y lo rechazó.

"El diálogo se conjuga en gerundio", ha dicho la número dos del Ejecutivo tras resaltar que "no han faltado oportunidades" y lo que han hecho los independentistas es faltar a todas y cada una de las citas. Incluso, ha añadido, han negado el diálogo a los representantes legítimos de los catalanes, tras lo ocurrido los pasados días 6 y 7 en el Parlament.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defendido "rescatar" Cataluña de quienes se empeñan en ponerla "fuera de la ley". En su intervención en la Comisión del Senado que debate el acuerdo para aplicar el artículo 155 de la Constitución, Sáenz de Santamaría ha acusado a los independentistas de "echar por tierra la mejor Cataluña de su historia".

"RESCATAR A CATALUÑA"

Una Cataluña "emprendedora y dinámica, acogedora y abierta", que era el "orgullo de todos los catalanes y españoles", ha subrayado la vicepresidenta. Y ha subrayado que no se puede "olvidar" esa Cataluña. "Tenemos que rescatarla por mucho que algunos se empeñen en ponerla fuera de la ley", ha añadido.

Siete ministros del Gobierno que preside Mariano Rajoy han acudido esta tarde al Senado para arropar a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, en su comparecencia ante la Comisión que tramita las medidas del 155 en Cataluña. Estos son: el titular de Justicia, Rafael Catalá; el de Hacienda, Cristóbal Montoro; la de Empleo, Fátima Báñez; el de Interior, José Ignacio Zoido; el de Fomento, Íñigo de la Serna, y el de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. También se encuentra en la sala Europa de la Cámara Alta, escuchando a Sáenz de Santamaría, la responsable de Sanidad, Dolors Montserrat, la única ministra catalana del Ejecutivo.

"LOS INDEPENDENTISTAS TRAEN LA RECESIÓN"

Sáenz de Santamaría, ha reprochado a los independentistas las negativas consecuencias económicas y sociales que están generando sus acciones en Cataluña, con la recesión a las puertas y una enorme fractura social, lejos de la promesa de "la tierra prometida". Sáenz de Santamaría ha subrayado que, "en contra de lo que prometían, no han traído la tierra prometida" y no han encontrado ningún reconocimiento internacional "en ningún rincón de la tierra" ni ningún encaje, "y eso que lo han buscado incluso en los referentes más tristes" de las últimas décadas.

Ha replicado al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y le ha dicho que "sí se van las empresas, sí se van los bancos", hasta el punto de que la desaceleración económica "si no la recesión" está llamando a la puerta de la economía catalana. Más grave aún, ha dicho, es la fractura social creada por los independentistas, "en las calles y en las casas", erosionando la tolerancia y la apertura que había caracterizado a la sociedad catalana.

La vicepresidenta del Gobierno ha abierto a las cinco de esta tarde con una intervención sin límite de tiempo la comisión del Senado que va a debatir la aplicación del artículo 155 de la Constitución a Cataluña y en la que podría intervenir también el delegado del Gobierno en Cataluña, Ferran Mascarell.

Una vez que termine la comisión, se reunirán la Mesa y la Junta de Portavoces del Senado para ordenar el Pleno de este viernes, al que acudirá el presidente del Gobierno. Los grupos tendrán un plazo hasta las 9,30 de la mañana, media hora antes de que arranque la sesión, para presentar los votos particulares que quieran mantener al texto del Gobierno.

EL PP DEFIENDE QUE SENADO SIGA CON EL 155 AUNQUE SU APLICACIÓN SE PUEDA GRADUAR

El Partido Popular ha defendido hoy que el Senado siga adelante con la tramitación de las medidas para Cataluña en aplicación del artículo 155 de la Constitución, aunque ha asumido que el Gobierno puede graduarlas en función de la evolución de los acontecimientos. Según ha recordado Arenas, la mera convocatoria de elecciones en Cataluña "no implica la parte fundamental" que ha dado lugar a la aplicación del 155, que es recuperar la legalidad. Por su parte, Barreiro ha señalado que en la ponencia se va a estudiar una posibilidad que ya incluye la propia propuesta del Gobierno, que es graduar la aplicación del 155 en función de lo que ocurra.

EL PSOE AVISA QUE CON ELECCIONES NO PROCEDE JURÍDICA NI POLÍTICAMENTE EL 155

La portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha asegurado este jueves que, de confirmarse que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, va a convocar elecciones autonómicas sin hacer una declaración de independencia, sería una "magnífica noticia" y debería traer consigo la desactivación del artículo 155 de la Constitución.

RUFIÁN REMEMORA A JUDAS ANTE LA CONVOCATORIA ELECTORAL EN CATALUÑA

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha rememorado la traición de Judas al comentar la previsible convocatoria de elecciones por parte del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. "155 monedas de plata". Con este escueto mensaje en Twitter ha recordado Rufián la traición de Judas a Jesús que cuenta la Biblia, a cambio de treinta monedas de plata.

ALEGACIONES DE LA GENERALITAR ANTE EL 155

La Generalitat ha acusado al Gobierno de haber "sobrepasado ampliamente" y "sin justificación" los límites de las medidas que permite el artículo 155 de la Constitución, porque van más allá de buscar el cese de las actuaciones del Govern relacionadas con el proceso independentista. Así consta en las alegaciones a la aplicación del 155 que la Generalitat ha remitido al Senado, un documento con duros reproches al Ejecutivo, como cuando considera una "aberración" que el presidente del Gobierno sea el que decida la convocatoria electoral o que en definitiva vaya a haber un "gobierno del Estado en Cataluña" que "no tiene cabida.

Advierte asimismo de que las medidas previstas pueden provocar la "paralización" de los servicios públicos y en suma "arrebatan a Cataluña su autonomía política". A juicio del Ejecutivo catalán, las decisiones que recoge el acuerdo del Gobierno para aplicar el 155 que va a debatir el Senado, "despojan prácticamente a las instituciones de la Generalitat de sus principales atribuciones".

“EXCESO NOTORIO”

Cita por ejemplo, entre otras, el hecho de que el presidente del Gobierno vaya a asumir la potestad de disolver el Parlamento y convocar elecciones en Cataluña, así como cesar al presidente de la Generalitat, limitar las potestades del Parlament y que el Estado se haga cargo de "la dirección política de la administración de la Generalitat en su conjunto". Por ello, considera que si el Senado autoriza las medidas, "estaría imponiéndolas sin una ponderada causa justificante e incurriendo en un exceso notorio" respecto al objeto del requerimiento previo que el Gobierno hizo a la Generalitat al activar el 155.

También interpreta que existe "una clara falta de congruencia" respecto de ese requerimiento y "con manifiesta desproporción entre la finalidad perseguida y las alteraciones impuestas al sistema institucional de la Generalitat". En consecuencia, la Generalitat considera que ha habido una "patente vulneración del procedimiento previsto para el artículo 155 de la Constitución".

Al entrar en el detalle de cada una de las medidas previstas en el acuerdo del Consejo de Ministros, el Govern entiende que la intención de convocar elecciones cuando el presidente del Gobierno lo considere oportuno es "una verdadera aberración desde el punto de vista del principio de la necesaria legitimidad democrática de las instituciones". Considera asimismo que el cese del presidente catalán y de todo el Govern es una "injerencia no prevista en el Estatut" y una modificación de sus disposiciones el cese del presidente y de todo el Govern.

"RUPTURA DE LA RELACIÓN DE CONFIANZA POLÍTICA”

También entiende que dicho cese supone la "ruptura de la relación de confianza política entre los representantes electos del pueblo de Cataluña y su Gobierno" y privaría al presidente, vicepresidente y consejeros de su "derecho fundamental al ejercicio del cargo" El documento de alegaciones subraya por otra parte que la facultad que arroga el Gobierno a las autoridades que designe para la dirección política y para dar cualquier instrucción a la administración autonómica comporta en realidad la "instauración de un Gobierno del Estado español en Cataluña que no tiene cabida en el artículo 155".

La extensión de esa facultad a todos los servicios públicos, añade, "no es compatible con el carácter concreto y específico" que debe tener la aplicación del citado artículo. Y advierte de que someter a autorización previa todas las actuaciones de la administración, además de generar una acumulación de trámites de "gestión imposible", supondría al final el "bloqueo o paralización de todos los servicios públicos".

Por otra parte, la Generalitat ve "insólita e impropia de un Estado que reconoce la libertad de difundir información" la previsión de ejercer "funciones de control" sobre la radio y televisión pública catalanas. Las alegaciones se detienen también en la supresión y limitación de facultades del Parlamento catalán, y en este punto la Generalitat cree que las medidas "desnaturalizan" el carácter representativo de la Cámara" y "vulneran el derecho fundamental al ejercicio de los cargos parlamentarios" de los diputados.

También critica la privación del parlamento del control sobre el Gobierno y que se otorguen al Senado dichas funciones, porque privaría a la Cámara autonómica de una de sus funciones "esenciales". Igualmente censura que se "desnaturalice" la función parlamentaria al limitar sus funciones de impulso, con la facultad de veto por parte del Gobierno central.

La Generalitat concluye sus alegaciones recordando que en 1978, en el debate de redacción de la Constitución, el grupo parlamentario de Alianza Popular dirigido por Manuel Fraga presentó un voto particular que defendía la intervención de una comunidad con la suspensión de sus órganos y la designación de un gobernador general con poderes extraordinarios y que fue ampliamente rechazado. Aquella propuesta, que también hablaba de un plazo de intervención que concluyera en convocatoria electoral -como propone ahora el Gobierno- fue rechazada por todos los demás grupos parlamentarios según recuerda el Govern.

La Generalitat concluye la defensa de sus alegaciones subrayando que las actuaciones propuestas por el Gobierno van más allá de las "medidas necesarias" al permitir desarticular la estructura de la Administración y sustituir con autoridades estatales a los "legales representantes del pueblo de Cataluña". En definitiva, advierte, las medidas para resolver, en palabras del Gobierno, una "grave situación extraordinaria", van a provocar una "todavía más grave situación extraordinaria", al "arrebatar a Cataluña su autonomía política".

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