El ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, aboga por "armonizar" la atención sanitaria a los inmigrantes 'sin papeles' en todas las comunidades autónomas y por ello quiere crear un registro que dará derecho a un documento acreditativo que certifique que el colectivo puede recibir atención primaria, "pero en ningún caso ese documento será una tarjeta sanitaria".
"Dependerá de una situación de empadronamiento que acredite que vive allí. Después serán los servicios sociales los que determinen en que situación está y a partir de ahí tendrá que formar parte de un registro", ha explicado en los pasillos del Congreso a su entrada del debate de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016.
UN DOCUMENTO ACREDITATIVO, NO TARJETA SANITARIA
Según ha defendido, el objetivo del ministerio es armonizar la atención sanitaria que reciben los inmigrantes irregulares en todas las comunidades autónomas, que exista un control sobre quienes estén atendidos en la sanidad pública. "Que por tanto quede clara la atención que se presta y que a poder ser ésta sea similar en todas las comunidades", ha precisado.
Así, ha adelantado que el próximo 2 de septiembre, miércoles, se reunirá la comisión de prestaciones para avanzar en un documento sobre el que ya "se había avanzado mucho" con las comunidades autónomas en ocasiones anteriores y con el que espera alcanzar una posición "consensuada y razonable"
Esta comisión depende del Consejo Interterritorial de Salud, y trabaja en la actualización de las prestaciones y de la cartera de servicios del SNS. En ella entre otros están representadas las comunidades autónomas, responsables del ministerio, del Instituto de Gestión Sanitaria y Mutualidades de Funcionarios.
"España es un país serio y atiende a las personas con control, a través de un registro, sin abrir derechos que puedan venir en perjuicio de un país", ha destacado.
EVITAR EL TURISMO SANITARIO
En este punto, ha insistido en que quiere evitarse la situación de antes de 2012 que "abrió la puerta a un turismo sanitario" y a "cierto descontrol", cuyo coste para el Erario público ascendía a los mil millones de euros anuales. "Asistencia sanitaria, sí. Turismo sanitario, no", ha destacado.
Alonso considera que hay que asegurar que estas personas no van a tener una tarjeta sanitaria que les dará "unos derechos en el resto de Europa y que además abriría la puerta a que otras personas que no deben tener acceso a la tarjeta la puedan tener", como antes de 2012.
"Por tanto, a partir de ahora lo que se puede hacer, y a la vista de la experiencia y de que cada comunidad ha seguido haciendo una cosa distinta de la otra, para mejorar la situación es amornizar, establecer cuál es el canal de acceso para las personas en situación irregular a la hora de recibir atención. En nuestra opinión la puerta de acceso es la atencion primaria", ha reiterado.
