El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá mañana con la Comisión Permanente de la Ejecutiva del PSOE por primera vez desde que el triunfo de su moción de censura contra Mariano Rajoy, el pasado 1 de junio, le llevara a La Moncloa.
La última vez que Sánchez se reunió oficialmente con la veintena de miembros que forman la cúpula socialista fue el pasado 11 de abril, cuando aprobó su alternativa al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018 del Gobierno de Rajoy.
Dos meses después, el ya presidente volverá a sentarse con sus fieles del partido en la sala Pablo Iglesias de la sede de la calle Ferraz, entre los cuales hay ahora dos ministros: Carmen Calvo, vicepresidenta y ministra de Igualdad, y José Luis Ábalos, de Fomento.
Tanto Calvo como Ábalos asistirán a la reunión, han confirmado a Efe fuentes de su entorno, como también harán previsiblemente los otros miembros de la dirección del PSOE nombrados el pasado viernes altos cargos del Gobierno.
Son Francisco Salazar, director de Análisis y Estudios del gabinete de Presidencia; Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, delegado del Gobierno en Andalucía; Francisco Polo, secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital; y el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Manuel González Ramos.
Sobre la mesa, además de los cambios pendientes en los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, estará la idea de convertir en proyecto de ley la propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica que los socialistas registraron en el Congreso hace seis meses, según avanzó el pasado viernes el secretario de Justicia y Nuevos Derechos, Andrés Perelló, en un acto en Asturias.
Un guiño a la izquierda en forma de iniciativa legislativa cuyo coste económico podría incluirse en los Presupuestos Generales del Estado para 2019, los primeros del Gobierno de Sánchez.
La propuesta de reforma de la Ley de Memoria Histórica que presentaron los socialistas el pasado diciembre prioriza la apertura de todas las fosas de la Guerra Civil y el franquismo y establece que sea el Estado el que lidere y asuma esa responsabilidad.
También prevé la conversión del Valle de los Caídos en un centro nacional de memoria y prohíbe expresamente su utilización como mausoleo de Franco, cuyos restos se sacarían de allí, mientras que los de José Antonio Primo de Rivera se trasladarían a un lugar no preeminente del recinto o al que designe su familia.
No obstante, fuentes del Gobierno aseguran que está estudiando las iniciativas legislativas que han defendido en este sentido tanto el PSOE como otros grupos parlamentarios.
Respecto a los cambios en los grupos de las cámaras, se prevé que sean mínimos, entre ellos, los derivados de la marcha al Gobierno de la portavoz adjunta en el Congreso Meritxell Batet (PSC) y la portavoz adjunta en el Senado María Luisa Carcedo.
