El juez Pablo Ruz ha rechazado llamar a testificar a los usuarios de tres teléfonos del ministerio del Interior, entre ellos el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, desde los que se hicieron llamadas a los tres imputados en la causa en la que se investiga el "chivatazo" que alertó a ETA de una operación policial contra su red de extorsión en 2006.
El magistrado de la Audiencia Nacional considera que los intercambios de llamadas entre Camacho y el entonces director general de la Policía Víctor García Hidalgo, imputado en la causa, "no resultan en todo caso determinantes para el esclarecimiento de los hechos" ocurridos el 4 de mayo de 2006, cuando se produjo el "chivatazo" y pueden explicarse "de forma lógica y racional" atendiendo a sus cargos.
De esta forma, Ruz rechaza la solicitud de la asociación Dignidad y Justicia, al considerar que, según un nuevo informe del equipo investigador, los testimonios de los usuarios de esos números de teléfono son "irrelevantes para los fines de la presente instrucción".
El magistrado ordenó el pasado 1 de febrero identificar a los usuarios de tres teléfonos pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior que desde la noche anterior a la delación (que se habría producido el 4 de mayo de 2006) hasta septiembre de ese año intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, imputados en la causa que investiga el chivatazo a la banda terrorista ETA.
El juez pedía al equipo conjunto de investigación, dirigido por Carlos G., un "informe ampliatorio" sobre el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) y reclamaba a sus miembros que las pusieran en relación con su anterior informe, en el que no aparecían por carecer de "relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados".
Ruz especifica que los citados teléfonos móviles pertenecen a Camacho y a un inspector jefe de la Policía destinado en el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. Precisa también que el número fijo corresponde a la centralita del Ministerio del Interior.
Así, señala que Camacho cruzó "llamadas esporádicas" con los imputados en la causa que, no obstante, no revisten características sospechosas cómo sí ocurre con otros contactos por teléfono registrados en la investigación. "No puede presumirse, con mínima solidez o rigor indiciario, que dichos contactos telefónicos no obedecieran o se ajustaran al normal proceder entre los interlocutores con motivo de sus responsabilidades oficiales", dice el auto hecho público este viernes.
Añade que las llamadas no están interrelacionadas con la delación que tuvo lugar en el bar Faisán y pone de manifiesto que, de hecho, no se produjo ningún contacto entre ambos después de que Joseba Elosúa fuera alertado de las próximas detenciones de miembros del aparato de extorsión de ETA.
En cuanto a los contactos que tuvieron lugar durante los meses de septiembre y octubre, Ruz recuerda que por esas fechas se produjo el cese de funciones de García Hidalgo, que fue sustituido por Joan Mesquida.
Sobre el otro bloque de llamadas, las intercambiadas entre el policía del Centro Nacional de Coordinacióin Antiterrorista y el Jefe Superior de la Policía en el País Vasco, imputado en la causa, Ruz alude a una relación de amistad entre ambos que podría justificarlas.
El juez ha dictado también este viernes un segundo auto en el que rechaza suspender la identificación y posterior declaración de un confidente de la banda terrorista ETA, como le reclamaba las defensa del Jefe Superior de Policía del País Vasco. Asegura que empleará para este caso "los medios técnicos precisos para impedir el reconocimiento de su voz o permitir la ocultación de su imagen real".
Ruz desestima además en este auto el sobreseimiento de la causa solicitado por la defensa de García Hidalgo.
No obstante, el caso Faisán sigue aportando detalles de cómo se advirtió a los terroristas que había un operativo contra su aparato de extorsión. El vídeo grabado por la policía presenta un corte de 13 minutos que coinciden con la llegada de Elosúa al bar Faisán y cuando se produjo el chivatazo.
El corte de video dura tres minutos y puede corresponder al momento en que supuestamente entraba el policía que le iba a entregar el móvil con el que se le dio el chivatazo. Un segundo corte del vídeo de vigilancia dura 16" y se produce justo en el cuarto de hora en el que la investigación apunta a que se le dió ese móvil a Elosúa y éste recibió el soplo.
El juez Ruz ha solicitado informes a Policía Nacional y a Guardia Civil, sobre la cinta de videovigilancia.
Dignidad y Justicia, que ejerce la acusación popular, dice que se trata de una manipulación.
RUBALCABA ELUDE PONER LA MANO EN EL FUEGO POR NINGUN SUBORDINADO
El vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha realizado este viernes una enérgica defensa de la "honorabilidad" de su 'numero dos', Antonio Camacho, en relación con el 'caso chivatazo' y ha exigido que se disculpen quienes le han calumniado. No obstante, ha eludido poner la mano en el fuego por que ningún subordinado estuviese implicado en la delación que frustró la operación policial contra la red de extorsión de ETA.
Hasta en dos ocasiones ha sido preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros si pone la mano en el fuego por que nadie de su Departamento participase en el presunto soplo policial. En la primera ocasión se le cuestionó también acerca de si le había pedido algún tipo de explicación estos días a Camacho y si cree que ya está todo claro en el caso.
"Creo que he sido lo suficientemente claro sobre este tema, y hay preguntas que no termino de entender. ¿Me pregunta si he hablado con el secretario de Estado después de que durante cuatro días seguidos le hayan calumniado sistemáticamente en diversos medios de comunicación, me preguntaba eso?", ha respondido Rubalcaba. Al intentar aclarar el motivo de su pregunta, Rubalcaba ha interrumpido al periodista: "Ah entonces no le he entendido bien, ya le he contestado".
Al ser repreguntado de nuevo minutos después por esta cuestión --en esta ocasión incluyendo también a los miembros del PSOE-- ha respondido que ya ha contestado "36 preguntas parlamentarias sobre este tema y hoy cuatro o cinco". "Siempre he dicho lo mismo hay una investigación judicial que yo respeto".
"Conviene que los ciudadanos sepan que todas las personas implicadas en aquel asunto están procesadas o pendientes de juicio, lo que no me parece es que se hagan juicios de valor y se levanten calumnias e injurias, hoy resulta que ha habido una resolución judicial y la he comentado, por lo demás me remito siempre a los jueces y los fiscales y a los informes de la Policía", ha dicho
Antes de eso, el vicepresidente ya había defendido a su subordinado. "Aprovecho, no para defender mi buen nombre, pero si el de mi secretario de Estado (Antonio Camacho), que lleva 7 años sirviendo a la seguridad de los españoles y que esta semana ha soportado calumnias e injurias de todo tipo", ha dicho Rubalcaba tras ser preguntado acerca de si se ha planteado depurar alguna responsabilidad en su Ministerio tras la últimas novedades en la investigación del presunto soplo policial.
El vicepresidente se ha referido varias veces a un auto emitido esta mañana por la Audiencia Nacional, en el que se exime a Camacho de declarar por las conversaciones que mantuvo antes y después del 'chivatazo' en mayo de 2006 con el principal imputado en la causa, el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo.
"Deja claro (el auto) que el secretario no tiene nada que ver con esta historia", ha defendido, al tiempo que ha exigido a quienes han calumniado al secretario de Estado "que se limiten a pedir disculpas, lo que antes era reparar el honor, los que han calumniado lo han hecho contra una persona honorable". En otro momento de la rueda de prensa, ha asegurado que hoy no ha podido hablar con Camacho dado que se encuentra en una reunión en Polonia.
