El juez de la Audiencia Pablo Ruz ha interrogado, por primera vez en la historia de la democracia, a los representantes del Gobierno en la reuniones con ETA en 2006: Javier Moscoso, José Manuel Gómez Benítez y Jesús Eguiguren. El juez ha exigido al Ejecutivo sus actas del diálogo con la banda terrorista, para aclarar su vinculación con el chivatazo del bar Faisán. El magistrado ha levantado el secreto sobre la documentación remitida por la juez francesa Le Vert, que incluye un resumen de las actas de ETA.
Por primera vez en la historia de la democracia un juez ha interrogado a los negociadores del Gobierno con ETA, y por primera vez la Justicia le pide al Ejecutivo las actas de aquellos contactos.
El juez Pablo Ruz interrogó entre los pasados 31 de enero y 22 de marzo a los cuatro representantes del Gobierno en las reuniones mantenidas con ETA en 2006, incluida la que tuvo lugar el 22 de junio de ese año, dos días después de la detención del dueño del bar Faisán de Irún Joseba Elosua. Así se desprende del auto en el que el magistrado de la Audiencia Nacional ha acordado hoy levantar el secreto sobre la comisión rogatoria remitida a su Juzgado por la juez francesa Laurence Le Vert, que incluía las actas redactadas por la banda terrorista con el contenido de sus contactos con el Ejecutivo.
Según la resolución, el juez preguntó el pasado mes de enero al Gobierno si levantó sus propias actas de esas reuniones, le pidió una copia de las mismas en caso de que así fuera y le solicitó que identificara a sus representantes en esos encuentros, "informando al mismo tiempo sobre las responsabilidades públicas o cargos oficiales que ostentaran" para tomarles declaración como testigos.
EL GOBIERNO DICE AL JUEZ QUE NO LEVANTÓ ACTAS DE SUS ENCUENTROS CON ETA
El Gobierno ha contestado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que le preguntó si tenía actas de las reuniones mantenidas con ETA en 2006 en las que se trató del "caso Faisán", que esas actas no existen, por lo que no puede enviarle una copia de las mismas. Así lo han confirmado fuentes de la investigación, que han precisado que esa es la respuesta que el Ejecutivo ha ofrecido al magistrado, que ha incorporado las actas redactadas por ETA sobre esas reuniones en la causa en la que investiga el "chivatazo" que alertó a la banda de una operación contra su red de extorsión que iba a tener lugar en el bar Faisán de Irún.
Lo que sí hizo el Ejecutivo fue identificar a los tres representantes gubernamentales que asistieron a esas reuniones, a los que se les ha otorgado la condición de testigos protegidos y a los que Ruz ha interrogado entre los pasados 31 de enero y 22 de marzo. Se trata del ex ministro, exfiscal general del Estado y ex presidente del Consejo General del Poder Judicial Javier Moscoso, el vocal de este último órgano José Manuel Gómez Benítez y el presidente del PSE Jesús Eguiguren.
El juez Pablo Ruz intenta averiguar las conexiones entre el chivatazo del bar Faisán y las negociaciones entre la banda terrorista y el Gobierno de Zapatero en 2006. Quiere saber si se dieron instrucciones para no detener a terroristas.
Es la primera vez en democracia que un Juez no sólo investiga las negociaciones del Gobierno con ETA sino que interroga a sus negociadores. Pablo Ruz lo hizo estas últimas semanas con Jesús Eguiguren, José Manuel Gómez Benítez y Javier Moscoso. Gran parte de sus preguntas iban destinadas a averiguar si el caso Faisán, el chivatazo a ETA que dió al traste con una operación contra la banda tuvo su origen en el Ministerio de Interior y si había instrucciones de no detener a etarras durante la negociación.
Poca o ninguna concreción obtuvo en sus respuestas, según se desprende de sus declaraciones recogidas en el sumario. Los mediadores del gobierno se limitaron a decir que sus negociaciones con ETA eran como "una partida de ajedrez" , en la que se decían "mentiras y medias verdades"
Uno de esos negociadores, José Manuel Gómez Benítez, negaba incluso en Telemadrid -hace unos días -haberse entrevistado con los terroristas. "Desde luego a mí, al Juez no se le ha ocurrido llamarme para nada al respecto, eso es lo que le puego decir".
El juez también interrogó a una docena de mandos policiales , que le negaron haber recibido órdenes de Interior para bajar la guardia contra los etarras, pese a que en las actas de las negociaciones se puede leer textualmente que "el Gobierno se compromete a reducir la presencia policial en los controles". Unas actas cuyos originales, la versión oficial, se encuentra bajo rigurosa custodia en una caja fuerte en un banco suizo y que ya ha pedido ver el juez de la Audiencia, Pablo Ruz.
