Rato y Blesa acusados de "propiciar" el uso indebido de las tarjetas B

  • Blesa y Rato recurrirán sus fianzas de 16 y 3 millones
  • Blesa asume el embargo de sus bienes al no poder reunir 16 millones de fianza

El juez Fernando Andreu cree que los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato "consintieron" y "propiciaron" el uso indebido de fondos de la entidad mediante un sistema de tarjetas opacas cuyos gastos se contabilizaron de forma encubierta para "evitar" los controles.

Así lo expone el magistrado en los autos en los que les impuso anoche una fianza de 16 millones a Blesa y de tres a Rato después de haberles interrogado como imputados, en los que aprecia indicios suficientes de que ambos cometieron un delito de administración desleal mientras estuvieron al frente de la caja madrileña.

Para Andreu, que tomó esta decisión anoche a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a la que se adhirió el FROB, los dos "autorizaron" y "consintieron" la entrega y uso de los plásticos a consejeros y directivos de Caja Madrid, así como los gastos que generaron, que ascendieron a 15,25 millones. Unos gastos que, además, se contabilizaron "de forma encubierta para evitar el control de los auditores y de los órganos supervisores".

De lo hasta ahora investigado, explica Andreu, se desprenden indicios "racionales y bastantes" de que los expresidentes de Caja Madrid habrían "consentido, aceptado y propiciado el uso indebido de los fondos de la entidad", mediante la atribución y entrega de las tarjetas en "provecho propio" a miembros del Consejo, de la Comisión de control, consejeros ejecutivos y directivos.

Una práctica que conllevó a que 86 personas percibieran bajo sus respectivas presidencias cantidades "en concepto distinto del retributivo, no justificadas ni contractual ni funcionalmente, sin que existiera precepto estatutario o reglamentario, disposición contractual o acuerdo alguno formalizado" al respecto.

TAMPOCO EXISTEN ÓRDENES

Tampoco existen órdenes o decisiones por parte de directivos ni documentación alguna que justifiquen "la existencia, la entrega y la operativa de dichas tarjetas", ni elementos que demuestren que los dos máximos mandatarios de la caja realizaran algún control o supervisión de los gastos que generaron.

Con todo ello, el magistrado sostiene que incumplieron la Ley de Cajas de 2003, que establece que en el ejercicio de las funciones de los miembros de sus órganos de gobierno "no se podrán originar otras percepciones distintas de las asistencias e indemnizaciones".

Entendiendo como indemnización "la compensación por los gastos originados como consecuencia de la participación efectiva en dichos órganos, previa la correspondiente justificación documental". Dichas pautas, explica, se mantuvieron en la nueva redacción de la ley en enero de 2011, pero fueron "incumplidas mediante la emisión y uso de tan mencionadas tarjetas".

Puesto que la apertura de juicio oral "no se encuentra en absoluto cercana", y ante "el temor a la inoperancia final" de un procedimiento "de tal dimensión", el juez aprecia una "necesidad real" de adoptar esta medida para asegurar las responsabilidades civiles "sobre las que recaen las sospechas que van aflorando" según avanza en su investigación.

El juez impuso estas cantidades de forma proporcional a lo gastado bajo el mandato de cada uno, que en el caso de Blesa fue de 12.664.600 euros, y en el de su sucesor de 2.585.700, a las que sumó el 25% que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Y lo hizo a pesar de que Blesa alegó que se trataba de un sistema retributivo que se implantó desde 1988, antes de su llegada a la entidad, y que Rato justificara que estaba sujeto a retención fiscal y formaba parte de su sueldo. Los exbanqueros, que pueden recurrir los autos, disponen hasta el próximo miércoles para hacer efectivas sus fianzas, o de lo contrario se les embargará sus bienes.

BLESA Y RATO RECURRIRÁN SUS FIANZAS DE 16 Y 3 MILLONES

Miguel Blesa y Rodrigo Rato recurrirán la decisión del juez de imponerles una fianza de 16 millones y 3 millones, respectivamente, por los gastos cargados a la entidad en tarjetas opacas, han informado a Efe fuentes jurídicas.

No obstante, sus recursos, que se esperan previsiblemente la próxima semana, no paralizarán la orden de embargo que dictará el juez si no entregan esas cantidades antes del próximo miércoles, que pueden hacerlo tanto mediante transferencia o cheque o aportando cualquier tipo de bienes o avales bancarios.

Las fuentes consultadas aseguran que ambos exbanqueros están preparando tanto sus escritos con sus abogados, en los que alegarán que se tratan de cuantías "desproporcionadas" y "extemporáneas".

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa asumirá el embargo de sus bienes al no poder afrontar la fianza de 16 millones de euros que ayer le impuso el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu. El exbanquero, que sí que reunió 2,5 millones para poder salir de prisión en mayo de 2013, da por imposible lograr esa cifra, para lo que el juez le dio un plazo que finaliza el próximo miércoles, por no disponer esta vez de la capacidad económica suficiente, apuntan las mismas fuentes.

RAJOY NO PREJUZGA SOBRE RATO E INSTA A ESPERAR LAS DECISIONES DEL PP Y DE LOS TRIBUNALES

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dicho que no debe prejuzgar la situación del expresidente de Caja Madrid Rodrigo Rato y ha instado a esperar las decisiones de los tribunales y del PP, que ha abierto un expediente informativo.

Rajoy ha sido preguntado por la situación de Rato (al que el juez impuso ayer una fianza de tres millones de euros por los gastos cargados a Caja Madrid en la tarjeta opaca de la que dispuso cuando estaba al frente de esta entidad) en la conferencia de prensa que ha ofrecido al término de la X cumbre UE-Asia. El jefe del Ejecutivo ha hecho hincapié en que si se están conociendo las supuestas irregularidades en el uso de tarjetas opacas en Caja Madrid, es gracias a que el Gobierno ha puesto este asunto en manos de la fiscalía.

"Quien ha mandado a la Fiscalía el asunto de las tarjetas ha sido el Gobierno", llegó a afirmar el presidente. "El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, si no, no sería conocido. Ahora les toca a los tribunales hacer lo que consideren oportuno y conveniente".

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado hoy que el Ejecutivo se siente tan indignado como la ciudadanía por el uso de tarjetas opacas por parte de la cúpula de Caja Madrid, "una práctica que por desgracia se ha producido en España durante bastantes años".

Se trata de actuaciones "absolutamente reprochables" que se han producido en el pasado y que han demostrado que eran necesarios mecanismos de transparencia y control, ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

En cualquier caso, en su opinión, el escándalo ha demostrado la importancia de que haya transparencia, algo que debería extenderse a todos los aspectos de la vida pública y social.