El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que el Ejecutivo ha formalizado ante el Tribunal Constitucional los recursos contra la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria de la consulta soberanista del 9 de noviembre.
Mariano Rajoy ha afirmado que "no hay nada ni nadie ni poder ni institución alguna que pueda romper el principio de soberanía única e indivisible sobre la que se basa nuestra convivencia" ni "privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país".
El jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ofrecido hoy "diálogo dentro de la ley" al presidente catalán, Artur Mas, al que ha recordado: "Aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo". Rajoy ha lamentado profundamente que Mas haya convocado una "consulta de autodeterminación" que va "en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y del resto de España" y que no se va a celebrar.
"Lo peor es que lo sabía desde el principio", ha señalado Rajoy, quien ha recalcado que mientras él sea presidente del Gobierno "la ley se va a respetar en toda su integridad".
El presidente del Gobierno ha advertido al presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, de las "consecuencias" del proceso que ha puesto en marcha para celebrar una consulta soberanista y le ha ofrecido entablar un "diálogo fructífero" aunque siempre con "respeto a la legalidad".
Rajoy ha asegurado que el derecho a votar que esgrime Artur Mas es un discurso "demagógico", algo que "suena muy bien", pero ha añadido que la realidad es que "la ley democrática no es un corsé contra la libertad, sino garantía de igualdad y de seguridad para todos", subrayando que "sin ley no hay democracia".
LA CONSTITUCIÓN
El presidente del Gobierno ha dejado claro que "no hay nada ni nadie, ni poder ni institución alguna que pueda romper el principio de soberanía única e indivisible sobre la que se basa" la convivencia entre los españoles, ni se puede "privar a todos los españoles del derecho a decidir lo que es su país".
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que se puede reformar la Constitución pero "lo prioritario hoy es defenderla" y ha añadido que, con la Carta Magna, la Generalitat de Cataluña tiene "las mayores competencias de su historia".
Ha hecho hincapié en que mientras él sea presidente del Gobierno la ley "se va a respetar en toda su integridad" y ha recordado que las leyes se pueden siempre reformar "pero por los cauces democráticos". Lo que no debería hacer "un gobernante responsable", ha señalado, es "buscar atajos o subterfugios para violentar la legalidad, por muy adornados que vengan de bonitas palabras".
En su declaración, el presidente del Gobierno ha insistido en que no se puede distinguir democracia y ley, porque la primera no existe ni no se cumple la segunda y en que el Gobierno no tenía otra alternativa que recurrir al Tribunal Constitucional la convocatoria de una "consulta de autodeterminación" que "ni por su objeto ni por el procedimiento seguido es compatible con la Constitución".
"Es un recurso demagógico apelar a algo que suena bien, el derecho a expresarse, el derecho a ser escuchado", ha argumentado Rajoy quien ha añadido que "el problema es que quien esgrime estos argumentos, en la realidad, le está privando de ese derecho a quien realmente le corresponde, que es el conjunto del pueblo español".
Rajoy ha lamentado profundamente que Mas haya convocado una que va "en contra de la ley, desborda la democracia, divide a los catalanes, los aleja de Europa y del resto de España y de su bienestar" y que no se va a celebrar.
"Lo peor es que lo sabía desde el principio", ha señalado Rajoy quien ha destacado que "lo cierto es que la Generalitat lleva tiempo desarrollando una política de hechos consumados que ha desplegado sin pausa y pretende que el Gobierno se vea forzado a encontrar una solución a decisiones unilaterales imposibles de compartir".
LA ABOGADA DEL ESTADO REGISTRA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LOS RECURSOS
La abogada general del Estado, Marta Silva, ha registrado este lunes ante el Tribunal Constitucional los dos recursos del Gobierno contra la ley de consultas catalana y el decreto de convocatoria del referéndum independentista del 9 de noviembre. Su presidente, Francisco Pérez de los Cobos, puede convocar al Pleno del Alto Tribunal en cualquier momento, según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que admitiría a trámite los recursos del Gobierno y suspendería automáticamente la consulta por la independencia.
El artículo 161.2 de la Constitución establece que la impugnación del Gobierno producirá la suspensión de la disposición o resolución autonómica recurrida y que el TC puede ratificar o levantar esa suspensión en un plazo de cinco meses. Así, una vez que el TC admita las demandas del Gobierno, dará traslado de las mismas al Congreso y al Senado y a la comunidad autónoma para que se persone y formule alegaciones en quince días.
MEDIDAS PARA PRESERVAR LA JURISDICCION DEL TC
El artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional también le permite adoptar "cuantas medidas sean necesarias" para preservar su jurisdicción, "incluyendo la declaración de nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben".
Mientras tanto, el artículo 92 establece que este órgano puede "declarar la nulidad de cualesquiera resoluciones que contravengan las dictadas en el ejercicio de su jurisdicción, con ocasión de la ejecución de éstas, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano que las dictó".
La Ley catalana de consultas no refrendatarias y de participación ciudadana fue aprobada en un pleno extraordinario con un único punto orden del día convocado en el Parlamento catalán y salió adelante con 106 votos de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, CUP y el diputado no adscrito Joan Ignasi Elena, mientras que PP y C's votaron en contra.
El TC no se pronunciará en un primer momento sobre el fondo de la cuestión. En otras ocasiones, ha analizado la validez de convocar una consulta por parte de una comunidad autónoma.
La última vez tuvo lugar el 25 de marzo de 2013, cuando anuló la declaración soberanista que había aprobado el Parlamento catalán y afirmó que en el marco de la Constitución una comunidad "no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España".
En septiembre de 2008, el alto tribunal rechazó también la consulta planteada por el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe y avalada por la mayoría del Parlamento vasco por vulnerar el artículo 149.1.32 de la Constitución, que reserva al Estado la competencia exclusiva de autorizar la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
