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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, considera que la evolución de la economía española permitirá crear en torno a un millón de puestos de trabajo entre 2014 y 2015.

Rajoy analiza la situación económica del país y las perspectivas de futuro en una entrevista concedida a Efe con motivo de la clausura del 75 aniversario de la agencia.

El jefe del Ejecutivo hace un repaso de la situación heredada del Gobierno socialista y subraya que hoy las cosas ya han cambiado y, tras seis años, en 2014 España volvió a crecer un 1,3 o un 1,4 por ciento, ya que precisa que la cifra definitiva la dará a conocer el Instituto Nacional de Estadística.

Hincapié especial hace en los datos de empleo, ya que, también después de años de destrucción de puestos de trabajo, en el ejercicio pasado hubo 417.000 personas más afiliadas a la Seguridad Social.

Rajoy explica que el Gobierno siempre ha sido muy prudente en sus previsiones porque considera que no tiene sentido hacer propaganda ni engañar a los ciudadanos, y, en ese contexto, enmarca que, pese a los vaticinios generalizados más optimistas de los analistas, el Ejecutivo augura un crecimiento del 2 por ciento del PIB en 2015.

Un año en el que espera que el crecimiento de afiliados a la Seguridad Social esté entre 550.000 y 600.000. "Con lo cual, 400.000 afiliados más en 2014 y más de 550.000 o 600.000 en 2015, son cerca de un millón en estos dos años", avanza el presidente del Gobierno.

El presidente destaca la importancia de la rebaja del IRPF y del impuesto de sociedades que ha entrado en vigor el 1 de enero y que tendrá una segunda fase en 2016, después de haber tenido que aprobar una subida de impuestos que confiesa que fue una de las decisiones más difíciles que tuvo que tomar.

Pero avanza sus intenciones para más adelante. En la medida en que España vaya creciendo y aumentando su actividad y, por tanto, la recaudación, si sigue como presidente, intentaría una nueva bajada de impuestos. "En cuanto pueda -precisa-, bajaremos más lo impuestos".

El presidente del Gobierno compara la crisis de los últimos años con la que sufrió España cuando José María Aznar llegó al Ejecutivo y considera que tienen muchas diferencias, entre ellas que en 1996 se hablaba de entrar en el euro y, en 2012, del riesgo de abandonar esta moneda o de su propia pervivencia.

"No le deseo a ningún presidente del Gobierno del futuro de nuestro país que tenga que enfrentarse a una situación como ésta", señala Rajoy.

Reconoce la elevada deuda española, pero afirma que, a medida que haya crecimiento económico y creación de empleo se irá reduciendo, y así, de acuerdo con las previsiones, irá decreciendo a partir de 2017.

Respecto a la agenda social prevista por el Gobierno para este año, asegura que va a tener mucha importancia y, además de seguir trabajando por la creación de empleo y reiterar su compromiso con las pensiones, la sanidad y la educación públicas, recuerda que el Ejecutivo presentará un plan de infancia, el estatuto de las personas mayores, hacer "algunas cosas" en materia de dependencia y un plan de apoyo a la familia.

Para la próxima legislatura cree que el objetivo debe seguir siendo el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo.

Y más empleo y mayor bajada de impuestos es su respuesta ante la pregunta de qué le habría gustado hacer en esta legislatura y no ha podido debido a las circunstancias.

NO SE DEBE ENGAÑAR A LOS CATALANES

En otro orden de cosas, el jefe del Gobierno asegura que si el presidente de la Generalitat, Artur Mas, convoca los comicios en Cataluña el 27 de septiembre, serán como los de cualquier otro lugar de España, y advierte de que no se debe engañar a los catalanes porque las elecciones plebiscitarias no existen.

Recalca que el anuncio de Mas supone "la constatación y la evidencia del fracaso de una determinada política que sólo ha generado inestabilidad e incertidumbre en Cataluña a lo largo de estos años".

El presidente, que lamenta la sucesión de convocatorias electorales en pocos años en Cataluña y que considera que el anuncio del 27 de septiembre se ha hecho "por puro interés partidista", insiste en rechazar la consideración de plebiscitarias que pretenden otorgar CiU y ERC a esos comicios.

"Las elecciones serán unas elecciones como las que se celebran en cualquier lugar de España. Son unas elecciones al Parlamento de Cataluña y lo que se eligen son diputados al Parlamento de Cataluña", aclara Rajoy.

En ese sentido, insiste: "Eso de las elecciones plebiscitarias no existe, y, por tanto, no se debe engañar a la gente. Hay que decirle la verdad".

Es una opinión que reitera ante la posibilidad de que el Gobierno denuncie el planteamiento de esas elecciones como plebiscitarias, ya que señala que "no se puede hacer lo que no existe ni está previsto en la ley".

"Las elecciones son para elegir diputados y eso es lo que se va a elegir", argumenta el presidente del Gobierno, quien expone que cada partido presentará el programa electoral que considere oportuno y conveniente.

Rajoy rechaza que haya habido un avance del independentismo en Cataluña y considera que eso lo certifican las cifras del propio Gobierno catalán relativas a la participación en el "simulacro de referéndum" realizado el 9N, ya que ni el 30 por ciento del censo votó a favor de la independencia.

"El cambio sustancial que se ha producido es que CiU, o al menos Artur Mas, se ha hecho independentista. Pero la gran mayoría de los ciudadanos de Cataluña no son independentistas", asegura antes de recalcar: "Y, desde luego, en Cataluña hay muchísimos más catalanes que independentistas".

Ante las opiniones de que el Estado debería tener una mayor presencia en Cataluña trasladando allí, por ejemplo, algunas instituciones, asegura que en la actualidad hay una presencia muy notoria.

Recuerda que, cuando llegó a la jefatura del Ejecutivo, la Generalitat y otras instituciones en otros lugares de España no podían pagar a sus proveedores y no podían atender a sus vencimientos en los mercados.

Frente a ello, resalta que la presencia del Estado en Cataluña sirvió para que esos proveedores pudieran cobrar, se atendiera el déficit público de la Generalitat y se pagaran los servicios públicos fundamentales.

"Ahí quedó claro lo que es un Estado nacional y solidario con todos sus ciudadanos, no con sus territorios, porque los derechos y la solidaridad se predica de las personas, no de las hectáreas ni de las carreteras", añade.