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El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha ordenado prisión eludible bajo fianza de 1,5 millones para el ex director general de la CAM Roberto López Abad por desviar 247 millones de euros a un paraíso fiscal a través de operaciones hoteleras en el Caribe.

Gómez Bermúdez ha decretado la misma medida para el ex director general de Empresas de la caja alicantina Daniel Gil, en su caso bajo fianza de 400.000 euros, al que imputa los mismos delitos que al anterior: contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración desleal y apropiación indebida.

El magistrado ha rebajado así las cantidades reclamadas por la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado 2 millones y 500.000 euros para López Abad y Gil, respectivamente, petición a la que se había adherido la acusación ejercida por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Según los autos por los que ha ordenado su ingreso en prisión, tanto López Abad como Gil "están en los dos escalones superiores de la CAM" y han intervenido en la comisión de estos delitos, "ya sea como autores materiales, o como cooperadores necesarios".

Ambos, que ingresarán esta noche en la cárcel madrileña de Soto del Real, "han tenido desde el comienzo un papel esencial en las negociaciones relativas a la financiación de los proyectos de la sociedad Valfensal", participada en un 30 % por la filial de la caja Tenedora de Inversiones y Participaciones (TI).

Por el contrario, el juez ha dejado en libertad al exdirector de la división internacional y negocio hotelero César Veliz; al ex director general de Tenedora de Inversiones y participaciones (TI) -filial de la entidad- Vicente Sánchez y al empresario Francisco Climent, a los que el juez no ha impuesto ninguna medida cautelar.

Todos ellos fueron detenidos ayer en la "operación Mar Nuestro" junto a otras cuatro personas, entre ellos el asesor fiscal del despacho Garrigues Jaime Escrivá, al que el juez tomará declaración mañana.

SOSPECHA DE QUE PRETENDÍAN HUIR

El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ordenó la detención de varios exaltos cargos de la CAM, entre ellos suex director general Roberto López Abad, ante la sospecha de que pretendían huir a Curaçao -antiguas Antillas Holandesas-, "país con el que no existe convenio de extradición".

Así lo afirma el magistrado en las resoluciones en las que ordenó el arresto de López Abad, del exresponsable de proyectos inmobiliarios Daniel Gil Mallebrera, del exdirector de la división internacional y negocio hotelero de la caja Cesar Veliz y de los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador Baldó.

Las identidades de estos dos, que figuraban en la querella del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) a raíz de la que se inició la investigación, se han conocido hoy, al tiempo que la Guardia Civil ha informado de que hay otros cuatro detenidos y once implicados más.

El juez les imputa delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y contable, administración fraudulenta y apropiación indebida.

Gómez Bermúdez justifica las órdenes de detención diciendo que eran necesarias para evitar "la eventual fuga de los presuntos responsables, pues estos cuentan con medios económicos y relaciones con el exterior que les permitirían eludir la acción de la Justicia situándose en Curaçao".