El pleno del Consejo General del Poder Judicial ha avalado con el voto de calidad del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial publicar los nombres de los defraudadores a Hacienda siempre y cuando tengan una sentencia condenatoria firme.
El órgano de gobierno de los jueces se ha reunido hoy para votar el informe del anteproyecto de Ley Orgánica que regula el acceso a la información contenida en las sentencias en materia de fraude fiscal, que ha salido adelante tras el voto necesario del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, al haberse producido un empate.
En la votación se registró un empate a diez votos y el voto en blanco del vocal Fernando Grande-Marlaska.
Varios de los vocales que han votado en contra del informe consideran que el anteproyecto puede afectar a los derechos fundamentales, han informado fuentes del Consejo del Poder Judicial. Sin embargo, los otros miembros del pleno que han votado a favor del anteproyecto consideran que el texto remitido por el Gobierno se queda corto y que es necesaria más publicidad y transparencia en lo relativo a la lucha contra el fraude.
Las mismas fuentes han añadido que el informe aprobado incluye varias modificaciones respecto de la propuesta presentada por el ponente, Gerardo Martínez Tristán.
SIRVE AL INTERÉS GENERAL
El informe aprobado respalda la publicación de resoluciones condenatorias firmes cuando el delito tuviera por perjudicado a la Hacienda Pública, al considerar que "sirve a un interés general".
El texto da luz verde a la publicación en el BOE de un extracto del fallo de las sentencias condenatorias firmes por fraude fiscal con el objeto de incentivar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias y se incrementaba la transparencia en la actuación de las Administraciones Públicas, especialmente de las actuaciones judiciales en ese ámbito.
El informe reconoce que la publicidad de la sentencia puede suponer un gravamen para la persona condenada susceptible de afectar a sus derecho al honor, intimidad y protección de datos, pero afirma que "también cabe entender que esta publicidad cumple fundamentalmente una función de información" y se configura como un elemento "preventivo y educativo".
No obstante, el pleno del Consejo General del Poder Judicial ha decidido retirar un punto del anteproyecto por el que se permite publicar las sentencias condenatorias una vez aprobada la ley Orgánica sin tener en cuenta cuándo se ha cometido el delito.
La mayoría del Consejo General del Poder Judicial cree que lo razonable pasa porque el anteproyecto afecte sólo a los delitos que se cometan con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley Orgánica y lo recomiendan en su informe.
Asimismo, también recoge la petición de que se valore el impacto que pueda tener la publicación de estas sentencias en los casos en los que se ha producido una reparación del daño.
De los diez vocales que han votado en contra de la publicación de las sentencias condenatorias firmes, nueve formularán votos particulares para incidir en que estas resoluciones afectan a los derechos fundamentales como el del honor, la intimidad familiar y personal o al de la protección de datos.
En esos votos particulares también argumentarán que este hecho no es un instrumento eficaz de prevención general y que supone una "pena de exposición pública que no resulta conforme a los principios de proporcionalidad, reinserción y resocialización que establece la Constitución".
Los vocales que han votado en contra son: Roser Bach, Victoria Cinto, Álvaro Cuesta, Rafael Fernández Valverde, Enrique Lucas, Carmen Llombart, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.
El vocal Álvaro Cuesta ha anunciado que en su voto particular defenderá que el texto "se ha quedado corto y que son precisas más publicidad y más transparencia en lo relativo a la lucha contra el fraude fiscal".
