El PP, Vox, Ciudadanos van a aprovechar la sesión de control al Gobierno en el Congreso de este miércoles para exigir al Ejecutivo que garantice la aplicación de la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a la escuela pública catalana a ofrecer un 25% de las clases en castellano.
Así, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y el diputado 'popular', Oscar Clavell, han registrado sendas preguntas para la ministra de Educación, Pilar Alegría, con el objetivo de que les explique cómo piensa afrontar este asunto una vez que la Generalitat ha dejado claro que no piensa aplicar esta decisión judicial.
Alegría aseguró el pasado jueves que este asunto no admite "debate" porque las sentencias deben ser acatadas siempre, sin embargo, desde la Generalitat y desde ERC sostienen que del Ejecutivo asume el "éxito" del modelo de inmersión lingüística catalán.
En concreto, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, replicó a la responsable del ramo que hay "una parte del Gobierno" que sabe que las denuncias en esta materia son "superminoritarias" y se presentan con un "interés político".
En este contexto, Arrimadas busca que la ministra le aclare qué va a hacer para "garantizar los derechos de las familias catalanas a que sus hijos reciban una educación también en castellano, tras contrastar la negativa de la Generalitat a cumplir con las sentencias judiciales".
Los argumentos en contra de la sentencia del Supremo se escucharán en boca de la diputada de la CUP, Mireia Vehí, quien había dirigido su pregunta a la ministra de Justicia, Pilar Llop, aunque, el Ejecutivo, que es quien decide cuál de sus miembros contesta a cada cuestión, se la ha derivado a la titular de Educación.
Y, después de las preguntas, llegará una interpelación de Vox sobre el mismo asunto. Textualmente, los de Santiago Abascal aspiran a que el Gobierno exponga las medidas que piensa impulsar para "garantizar la enseñanza del castellano en todo el territorio nacional".
Ese debate dará lugar a una moción que se someterá a votación en el siguiente Pleno del Congreso en la que Vox podrá incluir sus 'recetas' para poder aplicar la sentencia del Supremo.
