Faisán era tambien una operación policial que entrañaba riesgos políticos dado el momento de la tregua de ETA, según Carlos Germán, el policía que dirigió el operativo. En declaraciones a Telemadrid, el presidente de Dignidad y Justicia, personado en la causa, ha reclamado que declaren los usuarios de tres teléfonos del Ministerio del Interior. Los sindicatos policiales advierten que la diligencias abiertas por el juez Ruz prueban las lagunas que hubo en la investigación.
El mismo policía que dirigía el operativo que iba a dar un golpe contra el aparato de extorsión de ETA pensaba que "la operación conllevaba riesgos políticos, dado el momento de la tregua de ETA". Es lo que dice un informe de otro policía tras el chivatazo que dio al traste con aquella operación. A todo esto aquel policía que temía por la tregua, terminó siendo el jefe de la investigación del chivatazo. O sea, que Carlos Germán terminó investigándose a sí mismo.
Dignidad y Justicia pide que se llame a declarar al policía autor de ese informe y también a al jefe del grupo que ordenó retirarse a dos policías en plena investigación, que declararon ante que después de revisar una cabina desde la que había llamado el dueño del Faisán, Joseba Elosúa, su jefe les ordenó volverse a comisaría porque no tenían el material adecuado, y que no volvieran ya ese día al dispositivo.
El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero ha estado en Telemadrid, y nos ha contado cómo la grabación del exterior del bar Faisán justo está borrada en el momento en el que se produjo el chivatazo. "Uno de los agentes que estaba allí se llevó las manos a la cabeza cuando vio los borrones". "Está claro", señala POrtero, "que aquí hay algo muy extraño. Lo que hay es que intentar buscar la vinculación política".
Portero insiste en que deben comparecer ante el juez los titulares de los tres teléfonos de la Subsecretaría del Ministerio Interior que recibieron llamadas del entonces Director de la Policía durante las horas del chivatazo.
Los sindicatos policiales saben que la delación supone un gran descrédito para la Policía y están muy satisfechos conque el juez Ruz haya reactivado el caso. Ignacio Lopez del CEP destaca el arrojo del juez. Desde el SUP, José Mª Benito, espera que desde el Ministerio del Interior no solo no se pongan pegas a la investigación sino que colabore con el juez en el esclarecimiento de los hechos.
Sólo una objeción ponen el Sindicato Unificado de Policía al juez Ruz, que en sus pesquisas pretende identificar a un confidente de ETA, porque puede echar al traste la seguridad del confidente y mucho trabajo policial.
