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El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, ha afirmado hoy que su partido no puede apoyar la actual propuesta de anteproyecto de reforma local que les ha trasladado el Gobierno porque supone un "retroceso democrático" y entrega al sector privado los servicios municipales.

Zarrías se ha reunido hoy con los responsables territoriales de temas municipales del PSOE en la sede federal para analizar la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que el Gobierno prevé aprobar previsiblemente el próximo 25 de enero.

En un comunicado, el dirigente socialista ha considerado que esta futura norma es un "atentado contra la autonomía local" e incumple "todos los objetivos que dice perseguir", ya que "ni racionaliza la estructura organizativa según los principios de eficiencia y equilibrio financiero, ni clarifica competencias municipales para evitar duplicidades y tampoco garantiza su control financiero".

La propuesta remitida por el Gobierno, ha añadido el responsable municipal del PSOE, "profundiza la distancia" que mantienen con el Ejecutivo y les aleja "de un posible acuerdo".

No obstante, Zarrías ha reiterado la "plena disposición del PSOE a mantener abiertas las vías de diálogo para alcanzar un consenso".

El PSOE y el PP están manteniendo contactos para intentar pactar esta reforma, que incluiría un tope para los sueldos de los alcaldes y ahorraría unos 3.500 millones de euros evitando duplicidades.

A su juicio, el texto "no responde a criterios de modernización ni de eficacia en las entidades locales, no las hace más austeras, ni abordan los problemas de financiación de los ayuntamientos".

"No da soluciones a las cuestiones que desde hace años viene reivindicando el municipalismo", ha lamentado Zarrías, quien ha criticado que "se multiplica la estructura y se deja como está la Ley de Grandes Ciudades que ha creado distritos, tribunal de reclamaciones, defensor del ciudadano, directores generales...".

Para los socialistas, este proyecto es un "ataque de nuevo a otro pilar fundamental del Estado de Bienestar como son los servicios públicos locales".

Ha asegurado que este nuevo sistema "va a significar servicios municipales más caros, una menor eficiencia y el resultado será más recursos públicos para las empresas privadas".

"Ese desapoderamiento de las competencias municipales a los ayuntamientos conduce de forma inexorable a la privatización de la gestión de servicios locales utilizando como instrumento a las diputaciones provinciales", ha dicho Zarrías.

Ha recalcado asimismo que ese es el "verdadero propósito del Gobierno: el desmantelamiento de la red de servicios públicos municipales y su entrega al sector privado", pero con la previsión de "su rentabilidad al asegurar la subida de tasas y precios públicos para aumentar el lucro".

Según Zarrías, esta reforma "conllevará una merma impresionante de la democracia en el ámbito local y, por lo tanto, una merma de la capacidad de decisión de sus ciudadanos".

Ha mostrado su preocupación por la posible reducción de la democracia local "a un absurdo" en virtud de estos cambios al traspasar decisiones municipales a funcionarios públicos, que no rinden cuentas ante la ciudadanía, y servicios a las diputaciones, cuyos miembros no son escogidos directamente en las elecciones.

Zarrías ha apreciado que creía que la retirada del documento inicial a petición de los socialistas y de la propia Federación Española de Municipios y Provincias generaría una nueva propuesta que fuera posible consensuar, algo que no ha sucedido y por lo que mantiene su rechazo.