El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciado que su grupo presentará este lunes en el Congreso una propuesta de reprobación de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, como "máxima responsable de la coordinación" de un Ejecutivo que, a su juicio, está "obstaculizando" la investigación del caso Gürtel.
Los socialistas amplían de esta forma la petición de reprobación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que presentaron la semana pasada, una vez que hoy ha terminado el plazo que el juez Pablo Ruz dio a Hacienda para que presentase un informe sobre las donaciones ilegales que habría percibido el PP.
"Hoy presentaremos la reprobación de la vicepresidenta, que es la máxima responsable de la coordinación del Ejecutivo", ha anunciado Sánchez durante al presentación, en un desayuno informativo, de la portavoz socialista en el Senado y candidata en Navarra, María Chivite.
SÁNCHEZ ADVIERTE A RAJOY DE QUE HOY ACABA EL PLAZO PARA QUE HACIENDA ENTREGUE A RUZ EL INFORME SOBRE EL PP
El secretario general del PSOE ha advertido al Gobierno de que termina el plazo dado por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para que la Agencia Tributaria le entregue el informe que le solicitó sobre la financiación del PP y ha añadido que si no cumple con la obligación, el PSOE propondrá la reprobación en el Congreso de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, como "máxima responsable de la coordinación" del Ejecutivo.
Sánchez, que ha presentado un desayuno informativo de la secretaria general del PSN, María Chivite, ha aprovechado para acusar a Mariano Rajoy de permitir un "deterioro democrático" por utilizar la Agencia Tributaria para obstruir la investigación judicial del 'caso Gürtel'. "La verdad es que con Rajoy al frente del PP, el PP se ha enriquecido ilegalmente estos 20 años", ha dicho.
"Si el Gobierno no cumple con la Justicia y continua obstruyendo la acción de la Justicia, hoy presentaremos la reprobación de la vicepresidenta como máxima responsable de la coordinación del Gobierno", ha advertido.
REFORMA LABORAL
El PSOE volverá a reclamar en la Comisión de Empleo del Congreso la derogación de la reforma laboral, en esta ocasión por los efectos que está teniendo en el empleo del sector público, donde los despidos "también se han facilitado y abaratado".
En la iniciativa, los socialistas critican que la reforma del mercado de trabajo que el Ejecutivo 'popular' aprobó en 2012 reconoce por primera vez el despido colectivo y el despido objetivo en las administraciones públicas, con criterios tan "ambiguos" como que las causas económicas se darán cuando haya una "situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente" durante tres trimestres consecutivos.
"Esto genera inseguridad jurídica y permite amparar multitud de despidos sin tener en cuenta las necesidades de los servicios públicos. Es más, esta admisión del despido colectivo es aún más llamativa cuando la misma reforma laboral prohíbe la suspensión o reducción de jornadas, medidas menos drásticas que el despido y que permiten un ajuste de plantilla", critica el PSOE.
MÁS LITIGIOSIDAD
El principal partido de la oposición también señala que la normativa laboral no hace referencia a "los aspectos que deberían modular la regulación de los despidos colectivos y objetivos en la Administración como consecuencia de los principios constitucionales que rigen su actuación -la eficacia, la no arbitrariedad y el sometimiento pleno al Derecho-", lo que está provocando "un aumento de la litigiosidad frente a despidos que son calificados de arbitrarios" y justificados en un "posible desmantelamiento" de los servicios municipales previo a su privatización.
Por todo ello, los socialistas quieren que el Congreso reconozca el trabajo que realizan los empleados públicos por el interés general y en prestación de los servicios públicos, se solidarice con los funcionarios que estén afectados por un expediente de regulación de empleo y exigen al Ejecutivo que derogue "urgentemente" la reforma laboral.
CASO ESTEPONA
En su iniciativa, el PSOE hace mención expresa del caso del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), donde se está aplicando un expediente de regulación de empleo (ERE) en el que "parecen concurrir los elementos anteriormente denunciados y propiciados por la reforma laboral".
Y es que se trata de un ERE que, "fundado en causas económicas de difícil determinación", afecta a 174 trabajadores municipales, algunos de los cuales han visto "cómo los servicios que prestaban han sido privatizados". Según el PSOE, "se cuestiona hasta la forma de selección de los trabajadores afectados", lo que ha llevado a los representantes sindicales a recurrir al Tribunal Supremo (TS), después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no atendiera sus denuncias.
Por eso, la proposición no de ley incluye también la pretensión de que la Comisión parlamentaria de Empleo rechace "especialmente" el ERE de Estepona y respalde la solicitud de restitución de sus trabajadores.
