El PP ha presentado una enmienda a la Ley de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas en la que propone que los guardias civiles no puedan "organizar, participar ni asistir" en lugares públicos a manifestaciones o reuniones de "carácter político, sindical o reivindicativo".
Con la enmienda, presentada por el grupo popular en el Senado, se pretende que los guardias civiles ejerzan el derecho de reunión y manifestación en "los mismos términos" que el personal de las Fuerzas Armadas.
El texto presentado por el PP precisa que "vistiendo el uniforme o haciendo uso de su condición de Guardia Civil no podrán organizar, participar ni asistir en lugares de tránsito público a manifestaciones o a reuniones de carácter político, sindical o reivindicativo".
De aprobarse la enmienda en estos términos, las asociaciones profesionales de guardias civiles tendrían prohibido convocar en el futuro manifestaciones de protesta como la celebrada el pasado 18 de septiembre en Madrid, y que reunió a miles de agentes del instituto armado.
Esta es una de las 22 enmiendas presentadas por el PP al proyecto de Ley de Derechos y Deberes de los militares, que ha comenzado su tramitación en la Comisión de Defensa de la Cámara Alta.
En total han sido presentadas cien enmiendas por parte de todos los grupos, salvo el socialista: 37 corresponden a CiU, 23 al grupo de senadores nacionalistas, 22 al PP y 18 a Entesa Catalana de Progrés.
La Comisión tiene previsto debatir y votar el próximo 14 de junio el dictamen de la ley, que entró en la Cámara Alta tras ser aprobada por el Pleno del Congreso el 5 de mayo, con la única abstención de CiU y UPyD.
Otra de las enmiendas del PP se centra en acciones complementarias para velar especialmente por la escolarización de los hijos de los militares, la salvaguarda de sus lenguas maternas y la no imposición de escolarización en aquellas lenguas cooficiales de Comunidades Autónomas cuando no fueran las suyas.
Además de proponer cambios en la normativa sobre ascensos honoríficos, el PP reclama al Gobierno que remita al Congreso, en el plazo de seis meses, un proyecto de ley que reforme la Ley de la Carrera Militar, que modifique el actual sistema de integración de escalas y aborde el establecimiento de un periodo transitorio de aplicación del nuevo sistema de evaluación para el ascenso.
Con ello, el PP quiere "solventar problemas de la Ley de la Carrera Militar" y "terminar con los agravios y disfunciones que se han producido a los suboficiales".
Las enmiendas de CiU se enfocan a establecer que la mera afiliación a partidos políticos quede permitida para los militares, sin que ello suponga la vulneración del deber de neutralidad política.
Las modificaciones que propone el grupo catalán persiguen extender el derecho profesional de los militares de presentar iniciativas y quejas, así como eliminar limitaciones excesivas al ejercicio del asociacionismo profesional.
Por su parte, las enmiendas de Entesa también persiguen "la salvaguardia de derechos de miles de miembros de las Fuerzas Armadas que han visto alterada su carrera y trayectoria profesionales, al no prever la Ley de la Carrera Militar un régimen transitorio, perfectamente compatible, con el nuevo diseño de carrera militar".
El proyecto de Ley Derechos y Deberes, que afectará a los cerca de 130.000 militares profesionales, incluye como principales novedades el derecho a asociarse libremente, la regulación del Consejo de Personal como órgano de relación de las asociaciones con el Ministerio de Defensa, y la creación del Observatorio de la Vida Militar.
