El presidente de la Comisión Constitucional del Congreso y diputado del PP, Arturo García-Tizón, ha planteado posibles cambios en la Constitución sobre el reparto de competencias en sanidad y educación, mientras los nacionalistas y la izquierda han mostrado su recelo ante los planes del Ejecutivo.
El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha puesto sobre la mesa el debate sobre un posible cambio constitucional, una idea sobre la que ha profundizado García-Tizón, partidario de hablar sobre una "nueva formulación" del reparto de competencias entre el Gobierno y las comunidades, toda vez que el funcionamiento del actual modelo "no ha sido el esperado".
El presidente de la Comisión Constitucional ha señalado las materias en las que se podrían introducir esas modificaciones: la educación y la sanidad, cuya gestión se transfirió a las autonomías al comienzo de la década de los 90, en el primer caso, y en 2002, en el segundo.
García-Tizón ha indicado a Efe que la idea de "cerrar" el modelo no es nueva en el PP y ha manifestado que el balance en ambos casos demuestra que los resultados no han sido los esperados.
Sobre este asunto, el candidato del PP a las elecciones catalanas, Xavier García Albiol, ha observado que no se trata de "delimitar nada", sino de plantear "cuál sería el modelo o fórmula mejor para que los servicios que se deben prestar, y la realidad que tiene el país, se recojan de forma más idónea".
La propuesta del Ejecutivo ha sido recibida con críticas y recelos desde el ámbito nacionalista. "No sé si estas manifestaciones son un elemento de distracción o simplemente una propuesta que seguro que llega tarde", ha declarado la consellera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs.
Más crítico ha sido el coordinador general de CDC, Josep Rull, para quien la idea lanzada por el ministro "es un escándalo", dado que su objetivo es "culminar la recentralización del Estado".
También ha expresado su preocupación el diputado del PNV Pedro Azpiazu, quien entiende que el PP piensa "lo contrario" sobre este asunto que los nacionalistas y ha advertido de que para que una reforma constitucional sea aceptada por su partido "tiene que reconocer que Euskadi es una nación y tiene derecho a decidir su propio futuro".
Del mismo modo, la presidenta navarra, Uxue Barkos, ha augurado que "evidentemente" su posición será discrepante de la del PP en ese debate, pero ha indicado que discutir la reforma "entra en el terreno de la lógica y del discurrir político".
Para el PSOE, si el Gobierno de verdad tiene intención de cambiar la Constitución, tiene "una oportunidad de oro" para iniciar el proceso aceptando la propuesta que hizo el PSOE en diciembre de abrir una subcomisión parlamentaria.
Según ha declarado a Efe el secretario de Política Federal del PSOE, Antonio Pradas, esa sería la forma de demostrar que su intención es "sincera" y no una "cortina de humo".
Por su parte, el portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, ha apostado por abrir un proceso constituyente que adapte al siglo XXI la Constitución de 1978 frente al "cambio cosmético" y "regresivo" que, a su juicio, propone el Gobierno del PP.
Tampoco convencen los planes del Ejecutivo a Ciudadanos, cuya candidata a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Inés Arrimadas, ha recordado que "en cuatro años de gobierno con mayoría absoluta no han hecho nada" al respecto.
El aspirante a la Generalitat de Catalunya Sí que es pot, Lluís Rabell, ha calificado de "retrógrada" y "liberticida" la propuesta de reforma "recentralizadora" con la que el PP -ha dicho- "sueña" con "convertir las autonomías en meras macrodiputaciones".
Además, la idea ha causado sorpresa en gobiernos presididos por el PP, como el de la Comunidad de Madrid, cuya presidenta, Cristina Cifuentes, ha manifestado que esa reforma "no está sobre la mesa en este momento".
La presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, se ha mostrado partidaria de acometer esa reforma, pero siempre que haya un amplio consenso. "Para abrir el melón de la Constitución hay que tener muy claro" que es necesario que se haga con un nivel de acuerdo "superior al que tuvimos en el 78", ha declarado.
