Más novedades sobre los ERES fraudulentos. Hoy se ha conocido que uno de los beneficiarios, el ex concejal socialista García Prieto se prejubiló, cobró 70.000 euros y acabó donando un local para una sede del PSOE en Camas. Este caso y la imputación del ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía han provocado que el Partido Popular reclame la dimisiones de Chaves, Griñán y Zarrías. Una trama, de la que el PP cree que ya se han quemado la fase de explicaciones.
Así, el PP aseguró hoy que la sede del PSOE en Camas, que un implicado en el fraude de los ERE falsos de la Junta de Andalucía regaló al partido, constituye un "indicio" de posible financiación ilegal de la formación socialista a través de la trama descubierta por los tribunales.
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó en rueda de prensa que hay "dos datos muy importantes" en relación con este caso: La imputación del ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández y el posible trueque de un local que ahora es la sede del PSOE en Camas a cambio de una prejubilación irregular.
Sáenz de Santamaría afirmó que estos hechos llevan a la conclusión de que "está pasando la fase de las aclaraciones y está empezando la fase de las dimisiones".
A su juicio, tanto el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, como el presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, y el secretario de Estado de Política Territorial, Gaspar Zarrías, deberían "dimitir".
Se trata, en su opinión, de un "asunto intolerable" que "empezó siendo un fraude y después se vio que era un fraude generalizado".
Sáenz de Santamaría pidió al PSOE y al Gobierno de Zapatero "que tome las medidas oportunas" para depurar responsabilidades por el fraude de los ERE falsos y reclamó especialmente que cese a Manuel Chaves porque su permanencia en el Consejo de Ministros "contamina a todos sus compañero".
Pero el desde el PSOE dice no estar preocupado porque la trama salpique al partido porque dice , Alonso, el gobierno andaluz ha hecho lo que tenía que hacer. El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, ha asegurado que la Junta de Andalucía ha actuado "con decisión y contundencia" ante la trama de los ERE fraudulentos en Andalucía, y ha sentenciado: "El que la haya hecho, que la pague".
Eso sí, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces del Congreso, Alonso no ha querido hacer comentarios sobre el alcance político de este asunto tras la imputación de un exconsejero de la Junta de Andalucía, Antonio Fernández. De hecho, se ha limitado a defender el papel desempeñado por esta institución al denunciar "motu proprio" las supuestas irregularidades.
"La posición de la Junta es limpia, consecuente y coherente", ha proclamado el dirigente socialista.
Y ha destacado que el Gobierno andaluz ha actuado de forma "diligente", no sólo al denunciar los hechos a la Fiscalía, sino también al comprometerse a depurar responsabilidades y colaborar con la Justicia.
Y, mientras tanto, el que fuera presidente de la Junta durante la etapa ahora investigada, no sabe no contesta. Eso sí, el Gobierno andaluz ha anunciado ahora que se persona en la causa como parte acusadora. Una petición a la que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que instruye el caso de los presuntos ERE irregulares, ha admitido la personación como acusación en la causa de la Junta de Andalucía, lo que le permitirá al Gobierno andaluz exigir "responsabilidades civiles y penales".
Así lo ha anunciado en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, que ha dicho que esto va a permitir exigir responsabilidades civiles y penales porque la Junta "es una de las principales perjudicadas en este caso".
Además, Moreno ha anunciado que el Gobierno regional va a iniciar "en breve" un procedimiento por el cual se dejarán de pagar las prejubilaciones "falsas o fraudulentas" y han insistido en que la Junta "ha denunciado y destapado" a algunos de los presuntos culpables y que su objetivo es "recuperar" el dinero.
