El PP y el PSOE alcanzan un pacto de Estado contra el terrorismo yihadista

  • Las medidas se tramitarán en una ley orgánica con carácter urgente
  • Se creará un registro de pasajeros y se ampliarán los controles de las fronteras

El Gobierno, el PP y el PSOE han acordado hoy negociar de forma urgente medidas contra el terrorismo yihadista, que plasmarán en una proposición de ley orgánica que se tramitará de forma paralela al Código Penal, desde el convencimiento de que se trata de una cuestión de Estado.

Una delegación socialista, encabezada por su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, se ha reunido hoy con los ministros de Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Justicia, Rafael Catalá, para abordar la lucha contra el terrorismo yihadista.

Tras el encuentro, de apenas una hora, los ministros han explicado que en esa proposición de ley se incluirán medidas contra ese tipo de terrorismo tomando como base las enmiendas que se han presentado (doce del PP) a la reforma del Código Penal relacionadas con este asunto.

Una vez que los socialistas no están de acuerdo con todo el contenido de la reforma el Código Penal, las partes han decidido desgajar las cuestiones relacionadas con el terrorismo yihadista (once artículos se refieren a terrorismo) y negociarlas en un texto independiente que se tramitará de forma paralela.

La intención de todas las partes, tal y como han expresado los ministros y Hernando, es incorporar al resto de los grupos parlamentarios, para lo que trabajarán en los próximos días.

Una negociación a la que no van a invitar a partidos extraparlamentarios, como Podemos o Ciudadanos, porque la proposición de ley tiene que ser suscrita por los grupos que tengan representación en las Cortes.

Hernando ha explicado que el Gobierno y el PP han accedido a la petición del PSOE de separar del Código Penal la negociación.

Y aunque no han entrado en el fondo de la cuestión, los socialistas ya han advertido de que hay unos cinco artículos que pueden suponer una inseguridad jurídica y con los que, en principio, no estarían de acuerdo.

Sin fecha aún para la aprobación definitiva de estas medidas, Catalá ha asegurado que será en el actual periodo de sesiones, es decir, en el primer semestre de este año, cuando pueden entrar ya en vigor.

En definitiva, ha dicho Hernando, en los próximos días se pondrá "negro sobre blanco en un texto que será distinto a las enmiendas presentadas por el PP, asumible y más garantista. Esa es la voluntad que hemos mostrado ambos interlocutores y estamos convencidos de que vamos a poder llegar a un acuerdo y que este será amplio".

MEDIDAS

De esta manera, el Gobierno va a combatir el terrorismo yihadista con la puesta en marcha de una extensa batería de medidas que afectan al menos a tres leyes actualmente en tramitación: el futuro Código Penal, la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley de Seguridad Ciudadana. Además, presentará en las próximas semanas un plan contra la radicalización y aumentará los controles en las fronteras. Todo esto en el marco del nuevo nivel de alerta antiterrorista, que ha supuesto un aumento de la presencia policial en las calles y una mayor vigilancia sobre posibles objetivos.

CODIGO PENAL

El Ejecutivo, por medio de su Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, ha presentado un total de doce enmiendas centradas en la lucha contra el terrorismo al texto del nuevo Código Penal aprobado por el Consejo de Ministros. Entre ellas destaca la regulación de la figura del 'lobo solitario' para poder combatirla con eficacia. Para ello se desvinculará el concepto de "organización" del concepto de terrorismo. La idea es que "terrorista es quien comete un delito terrorista, pertenezca o no a una organización".

Otro punto destacado es el llamado 'adoctrinamiento pasivo'. Será castigada la "recepción de adiestramiento por cualquier vía, incluido internet, y se desvincula de la intención de cometer un delito posteriormente para evitar problemas probatorios". Es decir, visitar webs de contenido yihadista de manera consciente y continuada será perseguido. También el desplazamiento de los llamados combatientes extranjeros a zonas de conflicto para integrarse en organizaciones terroristas.

Las enmiendas también recogen la posibilidad de elevar las penas en función de la gravedad del delito, se penalizará el depósito de armas y la financiación aunque no se pertenezca a la organización terrorista, se elevará la pena del enaltecimiento del terrorismo y se agravará cuando se realice por las nuevas tecnologías. Será castigada la difusión en Internet de contenidos terroristas o que inciten a ello así como la provocación, conspiración y proposición a los delitos de terrorismo. La mayoría de estas conductas serán castigadas con penas de entre uno y ocho años.

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha explicado este martes que el Código Penal vigente era útil para derrotar a organizaciones terroristas convencionales como ETA, pero no lo es para combatir un terrorismo no convencional como el yihadista. Por ello defiende que es necesario adaptar la ley. Estas son algunas de las medidas que el Gobierno tratará de consensuar con el PSOE, aunque el ministro ya ha apuntado que saldrán adelante igualmente: "Tenemos mayoría absoluta para aprobarlos, pero sería muy bueno que el PSOE se sume".

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL

Por otra parte, el Gobierno también propone regular seis aspectos dentro de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Hacen referencia a los procedimientos para la interceptación de las comunicaciones, agilizándolos en casos graves como terrorismo. También se regulará el acceso a los archivos de los operadores de servicio y otros prestadores de servicios de la sociedad de la información o el acceso ágil a los datos necesarios para la identificación de usuarios, terminales y dispositivos de conectividad.

Además, se regulará la captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos, los registros remotos sobre ordenadores, dispositivos electrónicos y otros equipos o sistemas informáticos y se mejorará el procedimiento para la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica, especialmente en la investigación de los casos de terrorismo.

No obstante, en este apartado el ministro sí ha avanzado que el Gobierno renunciará a aumentar los casos en que se permite la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial si el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) concluye que no tiene encaje constitucional, tal como dice el dictamen que aprobó el lunes.

LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA

En este caso la reforma será mínima. Según el ministro, se hará por medio de una enmienda "sencillita de tres palabras" para comenzar a dar cobertura legal a los ficheros de viajeros en aeropuertos, una propuesta paralizada desde 2010 por el Parlamento Europeo, pero a la que los atentados de París han dado una nueva dimensión, especialmente de parte de los países que están a favor como es el caso de España.

"No es una medida de control de fronteras, sino que tiene por finalidad la prevención e investigación de eventuales delitos terroristas. Consiste en aportar unos datos a un banco de datos basados en perfiles de riesgo que debidamente cruzados establecen las garantías necesarias para prevenir e investigar un delito terrorista", ha explicado el ministro, quien ha avanzado que a finales de año España ya contará con toda la infraestructura tecnológica para ponerlo en marcha.

La Ley de Seguridad Ciudadana se encuentra actualmente dentro del plazo para presentar enmiendas en el Senado hasta el miércoles 4 de febrero. La Cámara Alta deberá tenerla aprobada como fecha límite antes del 23 de marzo por lo que está enmienda deberá presentarse en las próximas semanas.

PLAN CONTRA LA RADICALIZACION

El Gobierno lleva trabajando dos años en un plan contra la radicalización que dirigirá el Ministerio del Interior, pero en el que colaborarán otros ministerios, gobiernos autonómicos, ayuntamientos, empresas públicas, privadas y la comunidad islámica en España.

Se hará hincapié en construir una contranarrativa al relato yihadista y se prestará una especial atención a la radicalización en Internet, principal medio de adoctrinamiento, captación, reclutamiento y facilitación de logística para posibles desplazamientos. Según ha dicho el ministro, se presentará en el Consejo de Ministros en las próximas semanas.

CONTROL DE FRONTERAS

Fernández Díaz ha asegurado que si Europa reclama controlar las fronteras exteriores de la Unión Europea ante los últimos atentados terroristas en Francia no se puede "pedir barra libre en Ceuta y Melilla" ante la fuerte presión migratoria. "Son fronteras exteriores de la Unión Europea y donde existe una especial problemática", ha añadido. En función de esta idea, fuentes del Ministerio del Interior han informado a Europa Press que se van a proceder a incrementar los controles fronterizos.

NIVEL TRES DE ALERTA ANTITERRORISTA

El Gobierno elevó la alerta antiterrorista y se mantendrá el Nivel 3 por tiempo indefinido. Eso supone incrementar la presencia de efectivos policiales en las calles con especial atención a los lugares que podrían ser objetivo de los terroristas (estaciones, puertos, aeropuertos, centros comerciales...). Además se elaboró una lista con las infraestructuras críticas (que prestan servicios esenciales a la comunidad como centrales eléctricas, centrales nucleares, presas...) a las que aplicar mayores medidas de seguridad.

Paralelamente, otros países europeos están adoptando sus propias medidas para combatir el terrorismo yihadista. Es el caso de Alemania, que estudia retirar el carnet de identidad a los radicales sospechosos para evitar que puedan viajar a lugares en conflicto en integrarse en grupos terroristas con posibilidad de regresar en el futuro. Por su parte, Inglaterra y Francia también exploran fórmulas sobre el control de las comunicaciones en Internet.

Las fuentes consultadas indican que por el momento España no abordará más medidas, si bien no se pueden descartar en el futuro. Esta situación dependerá también de lo que se adopte a nivel de la Unión de Europea. Por otra parte, España hace un seguimiento especial en las prisiones de los presos condenados por terrorismo.