Los grupos del PP e IU en la comisión de investigación del Parlamento andaluz sobre los ERE falsos han reprobado hoy que los ocho exaltos cargos que han comparecido hasta ahora, todos ellos imputados por la juez, hayan eludido contestar a sus preguntas y lo han achacado a un "silencio orquestado y concertado".
El propio presidente de la comisión, Ignacio García (IU), ha expresado "cierta desilusión" por la negativa de los declarantes a contestar y ha opinado que "su obligación es informar". "Tienen el deber de colaborar con el Parlamento; me sorprende y me duele que sistemáticamente no declaren", ha añadido en rueda de prensa García, quien confía en que la actitud cambie con la asistencia de los no imputados.
La diputada de IU Alba Doblas llegó a calificar en la comisión de "auténtica tomadura de pelo" la negativa a declarar de los comparecientes y ha mostrado su "profundo malestar" por esta actitud "concertada".
Teresa Ruiz, del PP, también ha denunciado "el silencio orquestado, urdido por el PSOE" para que los ocho exaltos cargos no contesten, acusación negada por varios comparecientes.
La diputada del PSOE, Antonia Moro, ha pedido entonces el amparo del presidente de la comisión frente a los "atropellos que están cometiendo verbalmente" los diputados del PP.
Doblas y Ruiz han admitido el derecho constitucional de los imputados a no declarar, pero han reprobado que tampoco hayan respondido sobre sus "responsabilidades políticas".
Los ocho comparecientes sí han leído textos exculpatorios, muchos de ellos se han quejado de indefensión y algunos, incluso, han criticado a los diputados por sus preguntas. Fue el caso de Agustín Barberá, exviceconsejero de Empleo, que ha tildado de "improcedente o de atentatorias" contra su honor algunas preguntas del PP e IU y ha pedido amparo en varias ocasiones.
En otra de las múltiples interrupciones que tuvo su comparecencia por las protestas de la socialista Antonia Moro, Barberá no dudó en pedir la palabra para sumarse al enfado del PSOE ante una "acusación (por el PP) que atenta al honor del partido y de mi persona".
Al margen de las refriegas dialécticas, el exviceconsejero sostuvo que la Junta no le paga su defensa, negó la existencia del "fondo de reptiles" y rechazó haber solicitado una clave para entrar en la Seguridad Social y analizar las vidas laborales de afectados por los ERE.
"No tengo ninguna clave para conocer esos datos. Es un acceso restringido. No tengo ninguna clave", replicó Barberá a la popular Teresa Ruiz, que le recordó que no decir la verdad en la comisión puede suponer incurrir en un delito y aseveró: "Quiero que conste en acta que existe un oficio interno de Juan Márquez, su director general, solicitando para usted esa clave".
La juez que investiga el caso imputa a Barberá en la concesión de 247 ayudas con las que "institucionalizó la arbitrariedad y desigualdad" en su otorgamiento, ayudas "millonarias sin ningún control y huérfanas de procedimiento legal exigible", según un auto.
Juan Márquez, exdirector general de Trabajo que en junio de 2010 sustituyó a Francisco Javier Guerrero y primer compareciente hoy en la tercera jornada de la comisión de investigación, ha señalado que no cometió ninguna ilegalidad en la concesión de ayudas ni tuvo conciencia de que nadie las cometiera.
Márquez está acusado de delitos de prevaricación, omisión del deber de denunciar delitos, malversación y falsedad en documento oficial en ayudas que sumaron 154 millones de euros.
Daniel Rivera, director general de Trabajo desde 2010 hasta junio de 2012 y segundo compareciente de la jornada, ha alegado su "absoluta inocencia" y que introdujo "mejoras en los procedimientos" para la concesión de estas ayudas sociolaborales y a empresas.
Tras subrayar que ejerció sus responsabilidades "de la manera más honrada posible", Rivera, a quien la juez le imputa los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos, se ha declarado "injustamente imputado".
