El hijo del expresidente de la Generalitat Oleguer Pujol Ferrusola ha defendido su trabajo como gestor inmobiliario y ha negado tener "3.000 millones de euros", en alusión explícita a algunas informaciones que han apuntado que disponía de este dinero.
En su comparecencia en la comisión de investigación del fraude y la corrupción que se celebra en el Parlament, ha esgrimido una auditoría de Deloitte a su empresa para demostrar que su aportación de capital fue de poco más de un millón de euros: "No tengo tres mil millones. Mucho de lo que se ha dicho es falso".
En una declaración inicial de 45 minutos, ha asegurado que nunca ha gestionado dinero de su familia, que nunca ha hecho operaciones relevantes en Cataluña y que nunca ha trabajado para la administración pública: "Nunca he pedido la intervención de mi padre o mi hermano en temas de recalificaciones o cambios de usos".
Ha rememorado sus inicios en la banca de inversión trabajando en para Morgan Stanley, y ha explicado que volvió a España para fundar Drago Capital porque detectó, junto a su socio, que no había la figura del "gestor inmobiliario" que trabajara con fondos institucionales y bancos de inversión.
Remitiéndose de nuevo a la auditoría de Deloitte, ha dicho que Drago Capital gestionaba, en el año 2013, 2.730 millones de euros con un total de 1.600 inmuebles, y ha esgrimido que detrás hay una compleja estructura de accionistas legal y fiscalizada por esta auditoría.
Ha entrado en el detalle, sobre todo, de dos operaciones en las que participó, la adquisición de 1.152 oficinas del Banco Santander y la adquisición de tres edificios del Grupo Prisa, dos operaciones que se encuadran perfectamente, a su juicio, en la actividad de su empresa.
En el caso de las oficinas del Banco Santander -una operación muy compleja, ha señalado-, ha destacado que el Banco de España "se la miró con lupa" y no puso impedimentos, y ha lamentado que se han dicho muchas mentiras sobre él.
SITUACION JUDICIAL
En su exposición inicial, ha evitado hacer referencia ante los diputados a los presuntos delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales que le imputa el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por siete operaciones inmobiliarias; entre ellas, la compra de un hotel en Canarias con ocho millones de euros procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 1 ordenó el 23 de octubre varios registros para aclarar el origen del dinero con el que se adquirió el establecimiento hotelero y 1.152 oficinas del Banco Santander.
REGISTRO "FUERA DE LUGAR"
Ha calificado también como "innecesario y fuera de lugar" el registro de su casa de Barcelona en octubre por parte de agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef), ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Ha tachado esta actuación judicial y policial de "causa general" porque ha asegurado que el fiscal anticorrupción José Grinda ya sabía de dónde provenían los fondos, pues tenía en sus manos un informe que evidenciaba que no había blanqueo, frente al que había elaborado la Udef.
