La gestión y organización de la asistencia sanitaria, social y cultural de los inmigrantes internos en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) la llevarán a cabo tanto los empleados públicos como las ONG, mientras que la seguridad recae en el Cuerpo Nacional de Policía.
Estas son algunas de las novedades anunciadas por el ministro de Interior, Jorge Fernández Díez, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, y que se incluyen en el real decreto sobre la regulación de los CIE, aprobado hoy por el Ejecutivo.
El ministro ha asegurado que se trata de una "reforma integral" del funcionamiento de estos centros, que persigue garantizar los derechos y libertades de los inmigrantes que se encuentran de manera irregular en España, y que pueden estar un máximo de 60 días en estas instalaciones.
"Por primera vez hay un reglamento completo y actualizado", ha resaltado Fernández Díaz, quien ha indicado que el reglamento cuenta con una dotación de 9 millones de euros para su funcionamiento más otros 5,5 adicionales.
Ha reconocido que el texto se ha aprobado con "cierto retraso" puesto que la reforma de la ley de extranjería de 2009 preveía que en seis meses tenía que haberse elaborado y, finalmente, se ha dado luz verde con cerca de cuatro años de demora.
Fernández Díaz ha asegurado que para la elaboración final del reglamento, el Ministerio "ha intentado obtener el máximo nivel de consenso posible" y cuenta con todas las garantías jurídicas que exige una normativa relativa a los derechos y libertades de los ciudadanos.
Para ello, Interior solicitó "múltiples informes", entre ellos al Consejo General del Poder Judicial (CGPG), el Consejo Fiscal, el Consejo de Estado, a la Agencia de Protección de Datos, así como a diversos ministerios, el Defensor del Pueblo, y a los distintos grupos parlamentarios.
OCHO CENTROS DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS EN ESPAÑA
En la actualidad -ha recordado- hay ocho CIE en España, de los que cinco se encuentran en la Península (Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Algeciras) y tres, en Canarias, con 2.700 plazas en total.
El texto aprobado establece el régimen de funcionamiento de estos centros y ordena su estructura organizativa y asistencial, tanto sanitaria como social y de seguridad que prestan a los extranjeros.
Fernández Díaz ha explicado que será el Cuerpo Nacional de Policía el responsable de la seguridad en las instalaciones y las medidas que adopten los agentes respetarán los principios de "proporcionalidad, oportunidad y congruencia", salvaguardando los derechos fundamentales de los inmigrantes.
El personal ajeno a la Policía, como empleados públicos o las ONG, será el encargado de gestionar y organizar la asistencia sanitaria, social y cultural de los internos, que tendrán derecho a ser informados de su situación en un idioma comprensible para ellos.
Los internos, además, podrán presentar quejas, peticiones o interponer recursos sobre el funcionamiento de los centros, así como contactar con ONG tanto nacionales como internacionales dedicadas a la protección de los derechos de este colectivo.
El ministro ha avanzado también que los CIE tendrán que contar con libros de registro en los que se plasme la gestión y funcionamiento y los empleados deberán recibir una formación adecuada.
Fernández Díaz ha considerado importante destacar que el ingreso y la estancia de los internos está bajo control judicial, por lo que éstos gozan de "plenas" garantías jurídicas y respeto a los derechos fundamentales.
COMPARECENCIA EN EL CONGRESO SOBRE CEUTA
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ya ha pedido comparecer en el Congreso para ofrecer más informes de la tragedia de Ceuta que costó la vida a 15 subsaharianos y que esa intervención será previsiblemente el miércoles.
Fernández Díaz, que ha hecho estas manifestaciones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde una vez más ha reiterado que no hay "causa-efecto" entre el lanzamiento por la Guardia Civil de pelotas de goma al agua cuando decenas de inmigrantes intentaron alcanzar la costa ceutí y la muerte por ahogamiento de los inmigrantes.
Por ello, y "hasta que no se demuestre lo contrario", ha insistido el ministro, "no ha razón alguna por la que exigir responsabilidades".
Según el ministro, una vez que la jueza de Ceuta que instruye el caso ha autorizado hacer publicas las conversaciones de los agentes y las comunicaciones con el centro de coordinación de ese día, el pasado 6 de febrero, así como otros informes entregados a la magistrada, el secretario de Estado las dará a conocer a lo grupos parlamentarios en la Comisión de Interior del Congreso que se convocará el miércoles por la tarde.
