El Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, elaborado por el Ministerio del Interior, que ha suavizado su borrador inicial al rebajar en un tercio las infracciones muy graves que contempla multas de entre 30.000 a 600.000 euros.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado el refuerzo y la protección de los derechos y libertades que supone este anteproyecto.
Una norma, ha dicho la vicepresidenta, que garantizará la seguridad ciudadana con el máximo respeto a los derechos y libertades de nuestra Constitución y será "un instrumento para garantizar el libre ejercicio de los derechos, el funcionamiento de las instituciones y la convivencia pacífica.
Con ello ganan espacio las libertades públicas que están mejor reguladas y mejor protegidas", ha añadido.
Tras 22 años de vigencia de la actual Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada 'Ley Corcuera', el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha señalado que el Gobierno ha considerado "necesario, conveniente y oportuno" para actualizarla y mejorarla.
La nueva ley, según el ministro, fortalecerá la garantía de las libertades públicas y la seguridad ciudadana, al tiempo que será "más garantista" y precisa que la vigente norma.
INTERIOR: LA LEY DE SEGURIDAD GARANTIZA PLENAMENTE EL DERECHO DE MANIFESTACIÓN
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que la futura Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto ha aprobado hoy el Consejo de Ministros, "garantiza plenamente" el derecho de manifestación de los ciudadanos.
Fernández Díaz ha expuesto en la rueda de prensa posterior al Consejo las líneas generales del anteproyecto de una normativa que, según ha enfatizado, pretende dar respuesta a las conductas que constituyen una amenaza a la seguridad ciudadana.
Se trata de castigar y aislar a los violentos, ha señalado el ministro, quien ha insistido en que la ley garantizará "más y mejor" el libre ejercicio de los derechos y deberes de los ciudadanos y erradicará los comportamientos incívicos y vandálicos.
Como consecuencia de la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy de despenalizar algunas conductas, el Gobierno ha decidido incluir en la futura ley un régimen de sanciones administrativas para conductas que dejará fuera el nuevo Código Penal. Fernández Díaz ha explicado que el anteproyecto diferencia el ejercicio del derecho de reunión y manifestación, de información y de libertad de expresión de las conductas violentas.
Y ha querido hacer hincapié en que la ley garantizará plenamente el derecho a manifestarse y que el único requisito para hacerlo será comunicarlo a las autoridades competentes.
No hacerlo será considerado falta leve, pero los comportamientos violentos que se produzcan en esas protestas sí serán castigados como infracción grave, ha afirmado el ministro, quien ha reiterado que la futura normativa no supone modificación alguna de la ley del derecho de reunión.
