El Departamento de Interior de la Generalitat ha retirado de la web creada para que los ciudadanos delaten a supuestos autores de actos de violencia callejera los archivos fotográficos de uno de los 68 sospechosos que se exhibían desde anteayer, tras comprobar que se trata de un menor de edad.
Según han informado a Efe fuentes de la policía catalana, el menor, al reconocerse en las imágenes difundidas por la consellería que dirige Felip Puig, acudió ayer a una comisaría de los Mossos d'Esquadra acompañado de sus padres para identificarse como una de las personas que aparecen en la web.
Los padres del menor exigieron a la policía la retirada de los archivos fotográficos incluidos en la web para delatar a los supuestos autores de actos de violencia callejera, por lo que el Departamento de Interior ha procedido a borrarlos de la red.
Según las mismas fuentes, una vez que los Mossos identificaron a ese menor, que en la web aparecía bajo el epígrafe "persona 39", se puso su caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores.
Además, según han informado a Efe fuentes judiciales, la web de delaciones incluye fotografías de al menos otro menor de edad, cuyos padres están estudiando emprender acciones legales para exigir responsabilidades por la difusión de la imagen de su hijo como sospechoso de actos de violencia callejera.
RECELOS ENTRE LOS JURISTAS
La posible inclusión de fotografías de menores en la web policial, un método de colaboración policial pionero en España, es una de las cuestiones que despiertan más recelos entre los juristas.
Por contra, el comisario portavoz de los Mossos d'Esquadra, Joan Miquel Capell, afirmó ayer a Efe que la web no vulnera la presunción de inocencia ni del honor de los sospechosos que aparecen, emplazó a los que dudan de su legalidad a acudir a los juzgados y garantizó que si alguno de los sospechosos se reconocía se podía identificar y pedir que le retiraran la fotografía.
El día en el que se activó la web, el propio Capell ya dejó claro que si finalmente alguno de los sospechosos era menor, la policía asumiría las consecuencias que se pudieran derivar.
El Código Penal obliga a la Fiscalía a intervenir en los casos de difusión o utilización de imágenes de menores en medios de comunicación que puedan "implicar una intromisión ilegítima en su intimidad, honra o reputación o que sea contraria a sus intereses".
La ley establece que, en esos casos, la Fiscalía instará de inmediato las medidas cautelares que crea oportunas para defender al menor y solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados.
