Malestar en el seno del Consejo General del Poder Judicial por las críticas vertidas por políticos al auto del juez Ruz en el caso Faisan. Creen que tachar de disparatado el auto, como hizo ayer el ministro de la Presidencia Ramón Jauregi, o las palabras del propio Rubalcaba, sin quererse meter pero metiéndose con el auto, sobrepasan los límites de la crítica a las resoluciones judiciales
El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, calificó ayer de "disparatado" el auto del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional porque a su juicio "probablemente es una suma de indicios más bien especulativos". Añadió que tenía "la firme convicción" de que la resolución será revocada.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han expresado este viernes su respeto por las legítimas críticas que se puedan realizar a las resoluciones judiciales, "que son consustanciales a la democracia", si bien han mostrado su preocupación ante algunas descalificaciones realizadas por dirigentes políticos.
A juicio de algunos vocales las críticas vertidas hasta ahora sobrepasan la "crítica democrática", por lo que desde el Consejo General del Poder Judicial se hace un llamamiento a la prudencia y al respeto por el Estado de Derecho.
La portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, dijo que desde este órgano no ha habido una declaración institucional sobre las críticas realizadas por algunos políticos contra el auto de procesamiento hecho público por el juez Pablo Ruz en relación con el "caso Faisán". No obstante admitió que lo que ha habido es "una manifestación individual de algunos vocales que han entendido que se han extralimitado algunos políticos en el ejercicio de la libertad de expresión".
Bravo señaló que las resoluciones judiciales "se tienen que respetar, pero no necesariamente se tienen que compartir", sino que "se pueden criticar", y no descartó una posible nota de apoyo si persisten las críticas al juez Ruz, aunque indicó que "lo tendríamos que valorar en el seno del Consejo".
LA FISCALÍA DE LA AUDIENCIA DEFENDERÁ QUE NO SON IMPUTABLES
Por otro lado, en junio la Fiscalía General del Estado envió una circular a los fiscales en la que apuntaba que la "adhesión ideológica" es requisito del delito de colaboración con ETA, por el que están procesados los tres imputados en el caso Faisán.
La Fiscalía de la Audiencia defenderá por tanto que no son imputable por ese delito y pedirá que el caso se traslade a un juzgado ordinario. Por cierto que García Hidalgo, uno de los procesados, no será cesado comos secretario de organización de los socialistas de Álava
La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) acusó al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, de querer exculpar a los procesados del "caso Faisán", en referencia al debate sobre si los acusados por el soplo a ETA cometieron un delito de colaboración con la banda terrorista.
Conde-Pumpido emitió en junio una circular, en la que se indica a los fiscales que deberán defender que no existe delito de colaboración con banda armada si no hay "adhesión ideológica" a los postulados de la organización criminal. De aplicarse esta tesis en el "caso Faisán", el sumario pasaría a un juzgado de Irún y abandonaría la Audiencia Nacional.
El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, aseguró que esta circular del fiscal general es "un intento de poner un parche para evitar que la causa del chivatazo sea juzgada en la Audiencia Nacional".
Portero sostuvo que "no hay jurisprudencia" respecto a lo que plantea Conde-Pumpido. A su juicio, la actuación del responsable del Ministerio Público busca "maquillar" el delito de colaboración con banda armada "de cara a lo que querían haber evitado: los procesamientos en el 'caso Faisán'".
PATXI LOPEZ NO CESARÁ A GARCÍA HIDALGO
El lehendakari vasco, Patxi López, ha dicho hoy que Víctor García Hidalgo, uno de los procesados por el "caso Faisán", no va a ser cesado como secretario de Organización del PSE de Álava.
En declaraciones a la prensa en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, López ha añadido que hay cosas que son "sagradas" para no atacar políticamente a un adversario, ya que la "caza" del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha empezado con el "Faisán", antes y después.
"Es sorprendente que, en este país, se quiera habilitar al que ha estado cerca del entorno de la violencia porque está habiendo un recorrido democrático y se pretenda inhabilitar al que ha combatido permanentemente al terrorismo", ha dicho.
Así, ha instado a respetar a los tribunales y sus procedimientos y a no jugar con estas cosas en la confrontación política porque es algo "tremendo".
"Lo que espero es que se den cuenta de que esto no es una forma de hacer política y es, en todo caso, contraproducente", ha concluido.
EL NOMBRAMIENTO DE CAMACHO, UN CORTAFUEGOS
Para el PP, el nombramiento de Antonio Camacho como ministro del Interior supone un "cortafuegos" colocado ante Pérez Rubalcaba para que el caso Faisán no le afecte hasta después de las elecciones. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, cree que con el nombramiento de Antonio Camacho como ministro de Interior se ha establecido un cortafuegos a los pies de Rubalcaba para que no le afecte el caso Faisán, -si es que le tuviera que afectar- hasta después de las elecciones.
En declaraciones a la COPE González Pons ha dicho que al hacer ministro del Interior a Camacho "lo han aforado", ya que si Ruz quisiera imputarlo tendría que "enviar al caso al Supremo", y ha señalado que si tuviera que ir a testificar tendría derecho a hacerlo por escrito. "No puede ser ministro del Interior el que ha sido superior jerárquico inmediato de un jefe de Policía que ha traicionado a los policías", ha puntualizado González Pons.
