Con la tregua de ETA de fondo, este marte inicio del curso político en el Congreso de los Diputados con el debate de la ley de Víctimas del Terrorismo. El objetivo es agilizar el trámite al máximo para que esté lista cuanto antes. Una propuesta que todos los grupos apoyan.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes la toma en consideración de la de la nueva Ley de Víctimas del Terrorismo en un debate con varias alusiones a la situación abierta tras el comunicado de ETA del pasado domingo y que contó con la presencia del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien aseguró que hoy "la voluntad para acabar con el terrorismo es más firme que nunca" y que "el final está más cerca".
Precisamente el ministro ha sido el encargado de cerrar el turno de intervenciones recordado que el fue él mismo quien "hace 11 años" tuvo el "honor" de presentar en nombre del PSOE el texto de la Ley que ahora se va a reformar. "En aquel entonces terminé mi intervención como hoy: no hay indemnización que permita sustituir la pérdida de un ser humano y lo más importante que las fuerzas democráticas podemos comprometer con las víctimas es nuestro compromiso para acabar con el terrorismo", ha dicho.
"Hoy estamos más cerca del fin del terrorismo que hace años y nuestra voluntad es más firme que nunca para acabar con el terror", ha sentenciado Alfredo Pérez Rubalcaba.
EVITAR A BATASUNA EN LAS ELECCIONES
Por su parte, el diputado del PP Antonio Alonso, ha defendido que si todos los partidos son "capaces de estar unidos en el apoyo a la víctimas", también "deben ser capaces de mantener la unidad contra los terroristas". "Y esa unidad debe basarse en usar todos los resortes del Estado de Derecho sin beneficios por matar ni por dejar de hacerlo", ha puntualizado.
Alonso ha indicado que los terroristas "atraviesan el momento de mayor debilidad" y ha defendido que "esa es la consecuencia del trabajo de la fuerzas y Cuerpos de Seguridad". Por ello ha rechazado que "ahora que ETA busca oxígeno y pretende de nuevo el engaño las fuerzas políticas deben responder que la democracia nunca puede considerar a ETA como un sujeto político".
Finalmente, Alonso --que ha propuesto que las asociaciones de victimas tengan participación en la tramitación de la reforma-- ha reiterado su apoyo al Gobierno, pero de una manera "exigente" y ha insistido en la prioridad de su partido en las reformas legales encaminadas a impedir "las reformas legales para evitar que ninguna franquicia de ETA se cuele en las elecciones".
El portavoz del PNV, Emilio Olabarría, ha cargado contra la intervención de Alonso al que ha acusado de "estigmatizar a determinadas formaciones", le ha reprochado haber hecho "demasiadas reflexiones colaterales" y hablar "más de terroristas que de víctimas". "No siga patrimonializando el dolor de las víctimas para conseguir réditos políticos", le ha espetado.
Por parte de ERC, Joan Ridao también ha destacado que "el azar ha querido que se debatiera hoy esta toma en consideración después del comunicado de ETA", pero en su caso ha matizado que para ERC el paso dado por la banda "constituye una noticia positiva porque, aunque sea necesario un cese definitivo, eso no hace menos significativo un compromiso de la organización armada de no seguir matando". "Otra cosa es el escepticismo ante la banda, pero rechazo ver el vaso medio vacío por lo que pido un esfuerzo generoso, debe ser un estímulo", ha dicho.
Rosa Díez, de UPyD, ha aclarado que "esta no es una Ley para la reconciliación, sino para proteger a las víctimas del terrorismo porque esa es la asignatura pendiente con las víctimas del terrorismo" y ha contestado las críticas del Olabarría replicándole que "no se hablaría de terroristas, si no hubiese víctimas".
La diputada de CiU Merce Pigem también ha lanzado un mensaje a los terroristas indicando que "lo que debe hacer ETA es dejar las armas de manera definitiva" y ha garantizado el apoyo de su grupo parlamentario al Gobierno en su estrategia en la lucha contra el terrorismo.
El socialista José María Benegas fue el primero en tomar la palabra en el hemiciclo al presentar la reforma que calificó como "un avance" y como "un referente para todos los países que tengan víctimas del terrorismo". En su exposición, se ha referido al "drama vasco" al hablar de la "pérdida de seres queridos e inocentes y por los años de olvido y soledad", pero también ha recordado que "todos los ciudadanos bien nacidos de España llevan clavado un 11 de marzo", como "el día más triste de la democracia española".
Angeles Pedraza, presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, tras asistir al debate, agradecía a las fuerzas políticas la unanimidad demostrada en el debate para impulsar con decisión esta ley y su postura en contra del terrorismo.
NOVEDADES DEL CONTENIDO DE LA LEY
Entre la novedades de la nueva Ley es que se aplicará con carácter retroactivo en reconocimiento de todos los atentados perpetrados desde el año 1960 e incluirá un baremo para igualar las indemnizaciones que reciben las víctimas. Además se reconoce su carácter integral y también tendrán un reconocimiento los amenazados, a quienes se reconocerán derechos como víctima del terrorismo y se les facilitará el acceso a ayudas sociales, sanitarias o de cualquier otro carácter. Asimismo, los extranjeros que sufran un atentado en España podrán recibir la nacionalidad por carta de naturaleza.
La ley también realizará una prohibición expresa de que en los lugares públicos se haga ostentación mediante símbolos o monumentos del terrorismo, una batalla que ya está en marcha para eliminar los nombres de calles y plazas públicas que ensalzan a los terroristas. Pero además, la Ley incluirá otras medidas de respeto sobre el tratamiento que los medios de comunicación hagan de las víctimas y sus familiares.
En el ámbito procesal, la legislación dedica un apartado a la necesidad de proteger a las víctimas y, además de la gratuidad de la asistencia jurídica, adopta medidas para que no se vean obligadas a mantener contacto directo visual con los imputados o acusados "y que eviten las manifestaciones, signos o declaraciones que puedan denigrarlas u ofenderlas".
Además, dentro de estas medidas se contempla la implantación de una oficina de apoyo a las víctimas en las dependencias de la Audiencia Nacional y de oficinas específicas para la atención personalizada atendidas también por personal especializado.
