Los notarios alertan: La UCO y la UDEF, "a ciegas" contra la corrupción si se elimina la escritura notarial

El proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública impulsado por el Gobierno ha encendido las alarmas en el ámbito jurídico y policial. El Consejo General del Notariado lleva meses advirtiendo de que la nueva norma eliminará la obligatoriedad de otorgar escritura pública en la compraventa de participaciones sociales en empresas, permitiendo sustituirla por documentos privados electrónicos. Una medida que, según el sector, dejará "ciegas" a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Hasta la fecha, cada operación formalizada ante notario alimenta de forma inmediata el Índice Único Informatizado, la gran base de datos gestionada por el Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP). Si la reforma prospera, las transacciones podrán inscribirse en una "sección especial" del Registro Mercantil únicamente mediante firma digital, eliminando el control preventivo notarial sobre la veracidad de las partes, la existencia de testaferros o la autenticidad de las firmas.

Una mina de datos con más de 9 terabytes para jueces y fiscales

La infraestructura informática levantada por los notarios en 2005 es la segunda más grande de España y constituye el motor de las principales pesquisas contra el fraude y la corrupción.

Desde 2006, el OCP ha recibido más de 414.000 solicitudes de información de las fuerzas policiales, los juzgados, la Fiscalía y el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac).

El OCP gestiona además la Base de Datos de Titularidad Real, una herramienta que permite destapar a las personas físicas ocultas tras complejas mallas de sociedades de pantalla, poseyendo el trazado del 100% del accionariado de 1,4 millones de empresas en España.

Los notarios recuerdan que la falta de control en documentos privados propició casos como el de la sociedad Servinabar, en el que apareció "guardado en un cajón" un contrato privado no fiscalizado entre el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y el empresario Antxon Alonso.

Alerta unánime del CGPJ, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado

Las advertencias notarias coinciden con los duros informes emitidos por los principales órganos consultivos del Estado. El Consejo Fiscal ha alertado de que la entrada de documentos privados en el Registro Mercantil "únicamente reflejará lo que las partes quieran que refleje", pidiendo mantener la escritura pública obligatoria.

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha ratificado que la consulta al Índice Único Notarial "constituye una medida relevante en la investigación judicial de delitos de carácter económico", cuya eficacia se verá gravemente reducida si la base deja de actualizarse en tiempo real.

Justicia defiende que la ley "da publicidad" y "mantiene la opción" de la escritura

Fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes han defendido ante la agencia Servimedia que el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública "refuerza todo el ciclo de lucha contra la corrupción a través de la prevención, la investigación y la sanción".

Desde el departamento que dirige Félix Bolaños subrayan que el objetivo es "dar publicidad a la transmisión de participaciones para conocer quién es el titular último en todo momento", obligando a su inscripción en el Registro Mercantil, algo que actualmente no es imperativo.

Además, recuerdan que tras la fase de audiencia pública se ha incluido la opción de que la compraventa se realice bien mediante escritura pública o bien mediante documento privado, y destacan que el texto se encuentra en plena tramitación parlamentaria, con plazo de enmiendas abierto hasta el próximo miércoles.