Los diez vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han pedido que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no asista al acto de apertura del año judicial y que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no se siente junto al rey.
Este grupo ha dirigido un escrito a la presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, al que ha tenido acceso EFE, para que traslade a García Ortiz la "inconveniencia de intervenir en el acto" y evitar así "una innecesaria tensión para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio Jefe del Estado".
"En defensa del prestigio de la Justicia y de la ejemplaridad institucional que la ciudadanía merece, solicitamos que, desde la Presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, se traslade al Fiscal General del Estado la inconveniencia de intervenir en el acto en las actuales circunstancias", señalan.
Y -continúan- que "se visibilice nuestro rechazo a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del ejecutivo evitando que el ministro de Justicia ocupe un lugar en estrados, significando con ello la separación y el respeto entre los poderes del Estado; y se ponga en conocimiento de la Jefatura del Estado esta situación, a efectos de la adecuada coordinación institucional".
Los vocales explican que "en modo alguno se pone en duda el derecho a la presunción de inocencia (...) ni se prejuzga el fondo del proceso en curso" que pesa contra García Ortiz, procesado por un delito de revelación de secretos y a las puertas del juicio oral.
Sin embargo, "la coincidencia entre esa condición procesal y su intervención en un acto de la más alta relevancia constitucional no resulta apropiado, comprometiendo, inevitablemente, la serenidad que el acto demanda, cuando hasta el último de sus subordinados se vería privado automáticamente del ejercicio de sus funciones", por tanto, "resulta difícilmente comprensible que esta situación se tolere".
Asimismo, destacan el "contexto político de extraordinaria tensión" tras la entrevista del presidente del Gobierno en TVE "en las que se vertieron acusaciones genéricas contra jueces y magistrados", que reiteró ante la prensa internacional, "poniendo en duda la imparcialidad y el recto desempeño de su función", en la misma línea que después se manifestaron la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, y el ministro de Justicia.
"Tales afirmaciones no solo resultan injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de Derecho", porque "las críticas a resoluciones concretas son legítimas, pero la deslegitimación global de jueces y tribunales erosiona el sistema constitucional mismo".
A la espera de si Perelló responde, la Fiscalía General ha señalado que García Ortiz está obligado por ley a asistir a la apertura del año judicial, después de que los vocales conservadores del Poder Judicial y tres organizaciones de jueces y fiscales, entre ellas las dos mayoritarias, hayan pedido que no acuda.
"La asistencia del fiscal general del Estado no está en cuestión", han indicado a EFE fuentes de la Fiscalía General, que recuerdan que es obligación del fiscal asistir a este acto porque así lo marca la ley y que, por tanto, no puede elegir si acudir o no al acto que se celebrará este viernes en el Tribunal Supremo.