Aunque la actualidad mande y asuntos como la evolución económica, el caso Bárcenas y el "culebrón" político de este verano -la crisis sobre Gibraltar- coparán buena parte del debate parlamentario, la "vuelta al cole" del Congreso tendrá una intensa agenda legislativa encabezada por la "ley Wert".
Una decena de proyectos de ley aguardan en la Cámara Baja el regreso de los diputados, entre ellos la reforma educativa que tantos rifirrafes ha protagonizado ya en el hemiciclo y a la que le queda aún recorrido parlamentario antes de su aprobación definitiva.
Además, cuando se reanude oficialmente la actividad en septiembre -esta semana que empieza hay comisiones y Diputación Permanente, pero aún fuera del periodo de sesiones- habrá otros proyectos de ley importantes por debatir, como el de la unidad de mercado y el del Servicio Exterior.
El proyecto de ley orgánica para la reforma de la calidad educativa (Lomce) superó su primer trámite parlamentario el pasado 16 de julio, al ser rechazadas, con la mayoría absoluta del PP, las once enmienda a la totalidad de los partidos de la oposición que reclamaban la devolución de este texto.
La "ley Wert" está ahora en trámite de enmiendas parciales -los grupos tienen hasta el 28 de agosto para presentarlas, aunque el plazo podría ampliarse- y se prevé que quede definitivamente aprobada este otoño.
No sin antes pasar por una última contienda: aunque el PP, con su mayoría, será el que decida qué cambios acepta, la oposición ya ha anunciado que dará la batalla para intentar modificar todo lo posible esta norma.
Todo ello en un contexto en el que la oposición en bloque rechaza tanto la ley como muchas otras medidas del departamento que dirige José Ignacio Wert, como la política de becas, contra la que el PSOE amenaza con recurrir al Constitucional.
Otro de los proyectos legislativos "estrella" del Gobierno de Mariano Rajoy que se debatirán estos meses en el Congreso es el de la unidad de mercado, que establece la licencia única en todo el territorio español para comercializar bienes y servicios y evitar el coste que conlleva adaptarse a las distintas normativas autonómicas.
Esta ley, que se aprobará directamente en comisión y por el procedimiento de urgencia, tampoco estará exenta de un intenso debate, sobre todo con formaciones como CiU, que ha criticado el "afán recentralizador" del Gobierno con normas como ésta o la reforma educativa.
En la Cámara Baja espera también otro texto que no es del agrado de los nacionalistas: el proyecto de ley de la Acción y del Servicio Exterior, con la que el Ejecutivo quiere tener una política y una voz "única" en el exterior y que obliga a los gobiernos autonómicos a informar al central de sus viajes y de la apertura de oficinas en el extranjero.
Son más los proyectos económicos que tendrán que debatir a su vuelta al trabajo los diputados.
Entre ellos está el que contempla la creación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, cuya función será informar sobre los presupuestos, las deudas y las reglas de gasto de las administraciones y garantizar el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en todas ellas.
Éstos son los principales proyectos legales que esperan ya en la Cámara Baja, pero hay muchos más textos que están aún por llegar.
Entre ellos la prometida reforma local -cuyo anteproyecto aprobó el Consejo de Ministros el pasado 26 de julio-, un texto que ha costado mucho terminar de perfilar por el rechazo que ha encontrado no sólo en la oposición sino también entre algunos alcaldes del PP que entienden que no resuelve del todo los problemas de financiación de los ayuntamientos o el reparto de las competencias.
El Parlamento tiene también que ponerse las pilas con la reforma de las pensiones, que el Gobierno quiere que esté en vigor ya en 2014.
El Ejecutivo quiere introducir en el sistema de las pensiones el conocido como "factor de sostenibilidad", por el que se irán adecuando las pensiones a la esperanza de vida en cada momento. Un debate éste que se prevé duro en el escenario parlamentario.
Y como no, el Congreso recibirá, un otoño más, el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado del año que viene.
El debate de las cuentas públicas tiene prioridad sobre todos los demás en la tramitación parlamentaria -no en vano se trata de decidir para qué hay dinero y para qué no lo hay- y también se espera la contienda política de todos los años, incluso sabiendo que para 2014 el Gobierno ha prometido que la austeridad no será tanta.
Las reformas del reglamento de circulación, de la ley de seguridad ciudadana o la ley de la custodia compartida, entre otras, podrían llegar en este periodo de sesiones que comienza en septiembre.
Y es previsible que algunas de las grandes reformas de la justicia prometidas por el ministro del ramo, Alberto Ruiz-Gallardón, viajen al Congreso en los próximos meses. Pero eso ya es otra historia.
