El proyecto de ley de Seguridad Ciudadana ha arrancado su tramitación parlamentaria con el único respaldo del PP y el rechazo de toda la oposición en pleno, que la ha tachado de "represiva" e "innecesaria" ante la defensa del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que ha la calificado de "garantista".
Muy suavizada y retocada tras las aportaciones de los órganos consultivos y de otras entidades, la iniciativa sigue sin convencer a los grupos parlamentarios, que han presentado hasta nueve enmiendas a la totalidad para pedir al Gobierno la retirada del texto.
Un proyecto que ha contado con la férrea defensa de Fernández Díaz, que ha reprochado a la oposición no habérselo leído y haber presentado una "caricatura" del texto con "poco rigor" y "con algunas acusaciones sin fundamento".
Porque, a juicio del titular de Interior, la futura ley, que sustituirá a la de 1992, "respeta el necesario equilibrio entre seguridad y libertad", es "profundamente garantista" y tiene "perfecto encaje en el ordenamiento jurídico".
Frente a estas definiciones, la oposición no ha escatimado críticas al texto. Desde las palabras de la diputada socialista Isabel Rodríguez de que se trata de una "ley de la represión ciudadana" que recuerda a la franquista de 1959 hasta los calificativos de "vergüenza", "lesiva" o una "vuelta más de tuerca" del Gobierno a la intención de "perseguir" la protesta ciudadana.
PROTESTAS CON MORDAZA
Los representantes de varias plataformas ciudadanas se han concentrado esta mañana a las puertas del Congreso para protestar por la ley "mordaza", el proyecto de ley de seguridad ciudadana que hoy pasa su primer trámite en el Congreso.
Diputados de IU -entre ellos el líder de la formación, Cayo Lara- y Compromís, así como el portavoz de Equo, Juan López de Uralde, han acompañado a estos colectivos y han posado en las escaleras de la puerta de los leones Congreso con la boca tapada.
Mientras, enfrente, en la fachada del hotel Villa Real, tres activistas de Greenpeace han tratado de desplegar una gran pancarta contra la ley, aunque la Policía se lo ha impedido finalmente rajando la tela y retirándola. Además, la Policía ha puesto fin a la concentración de estas organizaciones al desalojarles de la plaza de las Cortes.
Durante la protesta, los manifestantes han coincidido en denunciar que el proyecto de ley es antidemocrático e impide la libertad de expresión y de manifestación.
Alejandro Gámez, portavoz de la plataforma "No somos delito", que agrupa más de setenta organizaciones sociales, ha advertido de que esta ley no es buena para nadie, "ni siquiera para el partido en el poder", el PP, que también se verá afectado cuando no gobierne por estas "restricciones a la libertad de expresión".
Y ha apuntado que es "mentira" que la ley se haya elaborado para proteger a los ciudadanos, ya que por el contrario se dirige directamente a "reprimir el derecho a la manifestación y a la libre expresión de los ciudadanos".
Por su parte, Enrique Santiago, portavoz del Foro de Abogados de Izquierdas, ha acusado al Gobierno de hacer esta ley para limitar la capacidad de la sociedad de protestar libremente en las calles contra sus políticas y está pensada para un "destinatario claro", que son esos ciudadanos.
