La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha planteado ante el Tribunal Supremo que se unifiquen todas las causas abiertas por el "procés", ya que se investiga a los miembros de "una compleja y heterogénea organización" en la que cada uno cumple una función para lograr la independencia catalana. En su informe al juez del Supremo Pablo Llarena, la magistrada -que actualmente investiga a los miembros del Govern catalán cesado, a los líderes de ANC y Òmnium y a altos cargos de los Mossos- cree que su causa se debería unir a la que lleva el alto tribunal contra los diputados que facilitaron con sus votos la secesión ilegal.
La jueza no se pronuncia sobre qué órgano judicial debería encargarse de esa causa, aunque en estos momentos, al haber aforados investigados, solo podría hacerse cargo de todo el proceso el Tribunal Supremo.
Lamela considera que los delitos son conexos y afirma que dividirla dificulta enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados.
Este parecer contrasta con la Fiscalía, que aboga por que no se acumulen las investigaciones para evitar una "macrocausa" y cree que la Audiencia Nacional debe seguir investigando a las personas no aforadas, garantizando que la unidad de acción del ministerio público asegurará que se trate a los investigados con el mismo criterio.
Lamela cree que todas las personas querelladas -los 14 miembros del Govern cesado, incluido Carles Puigdemont; los líderes de ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, y seis diputados autonómicos, incluida Carme Forcadell- forman parte de una organización "donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña, contraviniendo en orden constitucional y estatutario".
De lo investigado deduce que los integrantes de esa organización han venido llevando a cabo desde 2015 una "premeditada" estrategia "perfectamente coordinada con reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles".
Es por lo que considera que la investigación "debe realizarse de forma conjunta y en un único procedimiento a fin de poder determinar y valorar con conveniente coherencia la participación concreta de cada una de las personas investigadas y los delitos en que cada uno puede haber incurrido".
De lo actuado hasta el momento hay elementos para considerar que los investigados actuaban "con unidad de propósito, con arreglo a un plan común y con reparto de tareas y responsabilidades para lograr la secesión de la Comunidad Autónoma de Cataluña", dice el informe.
El organigrama de esa organización, según la juez, se compone de un ámbito legislativo, integrado por autoridades parlamentarias; el ejecutivo, con los miembros del Govern, y la sociedad civil, con los presidentes de ANC y Òmnium.
La magistrada cree además que la investigación debería ampliarse a "asesores e ideólogos" del "procés" que colaboraron con la organización en la elaboración de leyes que facilitaran la independencia y desde distintos "niveles de responsabilidad de la Administración autonómica".
Todos ellos, según Lamela, han ido cumpliendo con una hoja de ruta secesionista diseñada tras las elecciones autonómicas de Cataluña de 2015 y que recogía el papel que deberían jugar cada uno de los actores en el desarrollo del plan.
Desde ese reparto de funciones, el Govern perseguía la ejecución de distintos acuerdos en contra de las distintas resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional que debían impulsar el proceso hacia la celebración del referéndum ilegal y la declaración de independencia.
Los trabajos parlamentarios se orientaban a su vez a aprobar una normativa en la que fundamentar y dar una apariencia de legalidad a las distintas etapas del "proceso de desconexión", mientras que la misión de los líderes de asociaciones independentistas como ANC y Omnium era movilizar a las masas.
Para Lamela cobra especial relevancia el papel de los Mossos para asegurar el éxito del proceso gracias a su capacidad "investigadora e intimidatoria". Este cuerpo policial, dice, se usó además para espiar a la Policía Nacional y la Guardia Civil durante le 1-O y para "acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de las investigaciones judiciales".
Además, todas las actividades llevadas a cabo por los investigados, la planificación, organización y convocatoria del referéndum ilegal fueron, según la jueza, al menos parcialmente financiadas con fondos públicos.
La investigación conjunta de los hechos y de sus partícipes, insiste Lamela, "es la única manera de comprender en su integridad toda la trama y de dilucidar las responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron de forma coordinada en el resultado que condujo a la declaración final de independencia".
Ahora, el juez del Supremo Pablo Llarena tendrá que decidir si mantener separadas las causas o unirlas bajo el paraguas de un mismo juez instructor.
