La Fiscalía rechaza la petición del PP de expulsar al PSOE como acusación en el caso Koldo
- El fiscal subraya que en el PSOE "no concurre ninguna de las causas legales de exclusión previstas en la Ley"
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la solicitud del PP de excluir al PSOE como acusación popular en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional por el caso Koldo, a pesar de que algunos pagos en efectivo del partido podrían ser investigados.
En su escrito al Juzgado Central de Instrucción número 2, el fiscal Luis Pastor subraya que en el PSOE "no concurre ninguna de las causas legales de exclusión previstas en la Ley".
Según Anticorrupción, el partido "no tiene la condición de investigado, ni tampoco ninguna persona que dentro del mismo ocupe cargo directivo", por lo que "no existe obstáculo alguno para que continúe personado en el procedimiento dentro de la Acusación Popular Unificada".
El juez cuestionó al exgerente del PSOE "para qué se necesitaban esas cantidades de dinero en la caja del partido"
La petición del PP se produjo tras la apertura de una pieza separada para investigar los pagos en efectivo del PSOE en Ferraz, derivada de la documentación remitida por el Tribunal Supremo al magistrado Ismael Moreno, que incluye informes de la UCO y declaraciones de varias personas vinculadas al partido, como la empresaria Carmen Pano, quien aseguró haber entregado 90.000 euros en metálico en la sede de Ferraz a petición del comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama.
El PP argumentaba que el PSOE "no puede seguir como acusación popular" ante la posibilidad de que esos pagos hubieran favorecido delitos como el blanqueo de capitales por parte del exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García.
Esta no es la primera vez que se cuestiona la participación del PSOE en el caso. En febrero, la Audiencia Nacional ya confirmó que no existía "obstáculo alguno" para que el partido figure como acusación popular, tras la impugnación de la asociación Liberum y otras acusaciones populares que alegaban un "serio riesgo de judicialización de la política".
