La Audiencia Nacional ordena detener en Aruba a Luis Felipe Baca Arubulu por el 'caso Plus Ultra'
- La fiscalía atribuye al empresario peruano el lavado de dinero a través de operaciones inmobiliarias y mediante la concesión de préstamos a la compañía aérea Plus Ultra
La Audiencia Nacional (AN) ha ordenado la detención de un hombre presuntamente relacionado con el 'caso Plus Ultra' en la isla caribeña de Aruba. Se trataría del empresario peruano Luis Felipe Baca.
Según ha avanzado 'El Mundo' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, la detención se ha efectuado en virtud de una orden internacional de arresto.
Esta misma semana, el juez de la Audiencia Nacional a cargo de la investigación, José Luis Calama, amplió un mes el secreto de sumario de la causa, que indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia.
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El instructor también investiga, al mismo tiempo, el presunto blanqueo de fondos públicos y de oro de Venezuela en varios países.
"USO INDEBIDO" DEL DINERO DEL RESCATE
La investigación parte de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que apunta al "uso indebido" de los 53 millones de euros recibidos por Plus Ultra por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021, en la que aseguraba que el dinero "se habría utilizado para la devolución de préstamos concedidos a esa sociedad por otras" de una supuesta trama delictiva.
"La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos presuntos contratos de préstamo con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro, y esos contratos dan cobertura, a su vez, a las correspondientes devoluciones por parte de la sociedad española Plus Ultra, en fechas consecutivas a la recepción de la ayuda pública, a cuentas en el extranjero de sociedades que forman parte de la organización criminal", sostenía.
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El pasado mes de diciembre, en el marco de esta investigación, fueron detenidos el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO, Roberto Roselli; y el empresario Julio Martínez Martínez, por orden del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, que acabó derivando la causa a la Audiencia Nacional.
