La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, a su llegada a la Audiencia Nacional | EUROPA PRESS
(Actualizado

El exasesor ministerial Koldo García se ha acogido este viernes a su derecho a no declarar en la Audiencia Nacional (AN) sobre los contratos adjudicados por Canarias en pandemia, después de pasar su primera noche en prisión provisional por orden del Tribunal Supremo (TS), que vio un "extremo" riesgo de fuga de cara al juicio por la presunta trama de mascarillas en el Ministerio de Transportes.

Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press han indicado que Koldo ha optado por guardar silencio ante el juez, siguiendo así la estrategia de sus últimas comparecencias en el Supremo.

El que fue asesor del exministro José Luis Ábalos ha alegado indefensión y falta de información para no responder ni al juez ni a las partes.

Según las mismas fuentes, se refería a que no le han devuelto los dispositivos que le incautó la Guardia Civil.

Fuentes de la defensa lamentan que, en cambio, el juez Moreno, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2, sí haya entregado una copia del contenido de varios teléfonos al presunto conseguidor del caso, Víctor de Aldama.

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El exasesor estaba llamado a declarar por el juez de la AN desde semanas antes de la decisión del TS de enviarle a prisión que adoptó este jueves por el magistrado Leopoldo Puente, que también investiga el 'caso Koldo'.

Puente tuvo en cuenta para ello los "consistentes indicios" y la elevada petición de penas que hacen las acusaciones contra Koldo y el exministro de Transportes José Luis Ábalos: hasta 30 años de cárcel por presuntos delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho y uso de información privilegiada.

También recordó que ambos están investigados en una pieza separada sobre presuntos amaños de obra pública, por la que "igualmente podrían derivarse graves responsabilidades penales" contra ellos. Y avanzó que el juicio se celebrará en "unos meses" y que si resultan condenados no lo serán a menos de 10 años de prisión.

Por su parte, el juez de la AN decidió el pasado 7 de noviembre llamar a Koldo y al presunto conseguidor Víctor de Aldama una vez recibido el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que analiza los contratos adjudicados por el Gobierno de Canarias que presidía el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a la empresa Soluciones de Gestión, situada en el epicentro de la presunta trama.

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LOS PAGOS DE ALDAMA

Los investigadores plasmaron en ese informe que Torres reclamó pagos para la trama de mascarillas por la "influencia" de Koldo y que se disculpó con el entonces asesor: "Estoy encima", "he dado el golpe preciso en la mesa".

Fue la Fiscalía Anticorrupción quien pidió a la Audiencia Nacional que llamara a Koldo y Aldama, especialmente después de que la UCO apuntara en su informe que los contratos de Canarias "constituirían parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Aldama venía pagando a Koldo, al menos desde octubre de 2019, en una suerte de nómina que le permitía la petición de favores".

El fiscal Luis Pastor entendió que ese pago "recurrente" permitía al empresario "tener acceso al propio ministro" de Transportes en aquellas fechas, recordando que el propio Aldama "reconoció" en su primera declaración --la del 21 de noviembre de 2024-- que "en varias ocasiones" observó cómo, en su presencia, el dinero que entregaba a Koldo, éste se lo repartía con Ábalos.

Al respecto, el fiscal consideraba que dicho "patrón" supondría que los pagos realizados por Aldama "no se ceñirían a actuaciones concretas, sino que responderían más bien al aseguramiento de su capacidad de influencia para la posterior consecución de un lucro económico personal".

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Y recalcaba que "las actuaciones concretas solicitadas a Koldo por Aldama --o parte de su entorno-- se ceñirían a los pormenores derivados de la contratación de emergencia de material sanitario por la administración canaria, certificación del propio material" o "cobro" por parte de Soluciones de Gestión, vinculada al empresario.

INFLUENCIA PARA VALIDAR MASCARILLAS

Los investigadores también apuntaron que el entonces viceconsejero de la Presidencia del Gobierno canario, Antonio Olivera, garantizó la compra de mascarillas mientras desde dentro de la Administración canaria "aún se estaba dilucidando la viabilidad de la operación", expresando "dudas" por el precio y la calidad. Según la UCO, Olivera contactó con Koldo para informar de que "solo quedaba cerrar la cantidad del envío".

"Es posible que nos quedemos en esta ocasión dos millones de unidades o la cantidad máxima que quepa en un vuelo.¿Te parece bien?", preguntó.

Los agentes indicaron que Soluciones de Gestión "ya estaría suministrando mascarillas" a la Administración canaria "incluso antes de llevarse a cabo las adjudicaciones del contrato".

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Además, llamaron la atención sobre "el control" que Koldo tenía en esas operaciones, llegando a preguntar al viceconsejero "la cantidad de material que se pueden quedar".

Y la UCO destacó que el exasesor aprovechó su condición para que diferentes organismos públicos validaran las mascarillas de Canarias, llegando a "implicar a los ministros de Transportes y Trabajo".