Junts pel Sí (JxSí) y la CUP han culminado hoy en solitario y en una sola sesión de unos 15 minutos los trabajos de la ponencia conjunta para reformar el reglamento del Parlamento catalán, con el fin de allanar el camino para aprobar de forma exprés las leyes de "desconexión" con el Estado. En la reunión han participado la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la diputada de la CUP Mireia Boya, el presidente del grupo de JxSí, Jordi Turull, y el portavoz adjunto, Roger Torrent.
En declaraciones a los periodistas, Turull ha explicado que de la reunión ha salido un informe que se convertirá en una proposición de ley, firmada por JxSí y la CUP. La propuesta contempla cambios para que una proposición de ley pueda ser tramitada en lectura única, lo que facilitaría una tramitación exprés de las leyes de desconexión con el Estado.
Según ha indicado Turull, "hemos hecho la primera y última reunión de la ponencia conjunta para que, tal y como establece el reglamento, modificar este mismo texto, y lo que haremos ahora es registrar el informe y trasladarlo a la reunión de la Mesa del próximo martes". Turull ha explicado que los grupos proponentes han solicitado tramitar por el procedimiento de urgencia la reforma para abreviar los plazos de presentación de posibles enmiendas a la totalidad, que de 30 días pasa a 5 a partir de la publicación del texto".
"Entendemos que hay tiempo suficiente", ha recalcado, y, una vez superado el debate a la totalidad, "la propuesta será tramitada entonces con toda normalidad, como cualquier proposición de ley: "Todos los grupos podrán presentar sus enmiendas, que pueden ser al texto base, pero también a todo el contenido del reglamento".
El texto base no incluye todos los aspectos que ambos grupos proponentes desean incluir en la reforma, ha explicado Turull, puesto que, por ejemplo, la CUP desea simplificar el procedimiento de tramitación de los presupuestos, y también adaptar el lenguaje del reglamento "para que no sea sexista".
El calendario previsto por JxSí y la CUP prevé que el debate a la totalidad pueda celebrarse en el próximo pleno o en el siguiente como máximo, y que, si la propuesta supera dicho debate, entonces se tramite en comisión y ponencia a fin de que pueda ser aprobado por el pleno con carácter definitivo antes del verano.
LA FISCALÍA ABRE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LOS PREPARATIVOS PARA EL REFERENDUM
La Fiscalía Superior de Cataluña ha abierto diligencias de investigación por desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a los "preparativos" del Govern para la organización de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. En un comunicado, la Fiscalía ha anunciado la apertura de diligencias de investigación a raíz de las informaciones aparecidas en varios medios de comunicación en relación con los preparativos para la organización de este referéndum, "en frontal infracción de las decisiones adoptadas por el Tribunal Constitucional".
El ministerio público pone como muestra de lo que podrían ser estos preparativos la publicidad institucional insertada ayer en el periódico La Vanguardia, en el que había un anuncio sobre el "Registro de catalanes y catalanas residentes e el exterior", y que según algunos partidos, como el PSC, incitaba a participar en el referéndum.
El anuncio forma parte de una campaña institucional en medios de comunicación lanzada por la Generalitat para promover la inscripción en el registro de catalanes residentes en el exterior, con el lema: "¿Tienes familiares o amigos que viven fuera de Cataluña? ¿Ya se han inscrito en el registro de residentes en el exterior?", junto a una fotografía de una tableta electrónica en la que aparece el mapa catalán y la pregunta "¿Sí o no?", en letra negrita.
Ante esta situación, la Fiscalía detalla que hoy ha abierto diligencias de investigación por si se desprenden indicios de la comisión de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con los preparativos del referéndum independentista.
La decisión de la Fiscalía llega dos días después de que el Parlamento catalán aprobara el pasado miércoles, 22 de marzo, con los votos de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, el proyecto de presupuestos del Govern para 2017, que incluyen una disposición que prevé un referéndum soberanista, pese a las advertencias jurídicas de los letrados de la cámara catalana.
EL GOBIERNO CENTRAL PRESENTARÁ RECCURSO ANTE EL CONSTITUCIONAL
El Gobierno de la Nación presentará su propio recurso ante el Tribunal Constitucional contra los Presupuestos de la Generalitat para 2017, por asignar recursos para un referéndum de independencia tan pronto como se publique la ley aprobada, según ha confirmado el ministro portavoz, Iñigo Méndez de Vigo. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz ha confirmado que el Ejecutivo impugnará los Presupuestos aunque se presenten otros recursos por parte del PP, Ciudadanos y el PSOE.
Aunque Méndez de Vigo no lo ha precisado, conforme al artículo 161 de la Constitución, cuando el Gobierno central impugna una disposición o resolución de un órgano autonómico, puede pedir la suspensión de la medida recurrida, aunque el Tribunal Cosntitucional debe ratificarla o levantarla en un plazo máximo de cinco meses.
El portavoz del Gobierno ha recordado que tanto el Consell de Garanties Estatutàries como los letrados del Parlament han avisado a los diputados catalanes de que determinadas disposiciones eran ilegales.
También ha aprovechado para tildar de "realmente singular" que, "al parecer", puesto que todavía no se ha publicado, se han aprobado dos enmiendas distintas sobre la disposición adicional 31, una de Junts pel Sí que habla de un "referéndum pactado" y otra de la CUP que habla de "referéndum unilateral".
"El Gobierno ha tomado conocimiento de esta situación que es realmente singular", ha dicho. Según fuentes del Ejecutivo, el recurso se presentará independientemente de cuál sea la versión de la disposición que finalmente se publique.
Méndez de Vigo no ha querido comentar la decisión de la Fiscalía Superior de Cataluña de investigar los preparativos para un referéndum de independencia pero sí ha querido recalcar que "en democracia es muy importante el respeto a la ley", que es la expresión de la voluntad general aprobada en las Cortes por los representantes de los ciudadanos y "no respetar la ley equivale a menoscabar la democracia". "Cuando uno vulnera la ley puede llegar a cualquier lado", ha avisado, y por ello ha apelado a la "responsabilidad política". Además, ha insistido en que "las sentencias hay que cumplirlas y obligan a todos". En todo caso, ha reiterado que el Gobierno tiene una "disposición permanente al diálogo, sin fecha de caducidad", sobre los asuntos que "preocupan a los ciudadanos", a los que "si el Gobierno de Cataluña no les da importancia el Gobierno español se la seguirá dando". "Diálogo sin caducidad pero dentro de la ley. Eso se entiende en España y fuera de nuestras fronteras", ha resumido.