El juez belga encargado de estudiar la extradición a España de los exconsejeros catalanes Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig, rechazó hoy la euroorden dictada contra ellos por "defectos de forma" en el procedimiento, al estimar que no tiene "equivalencia" con la orden de detención nacional. La Fiscalía informó de que no cabe ningún recurso contra esta decisión por parte de las autoridades españolas.
Según avanzaron los políticos, acompañados de sus abogados, el juez aceptó la petición de la Fiscalía y la defensa de rechazar esta orden de detención europea. El abogado Jaume Alonso-Cuevillas explicó que esto da por "terminado" el caso en Bélgica dado que el juez ha dictado sentencia "in voce" -verbalmente-, aunque aún debe hacer pública la decisión oficial, que supondrá la retirada de las medidas cautelares impuestas a los tres políticos "probablemente en las próximas horas".
El pasado 24 de marzo, el juez Pablo Llarena volvió a activar las euroórdenes de detención contra Comín, Serret, Puig, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, cuando éste viajaba a Bélgica desde Finlandia, lo que desembocó en su detención en Alemania.
La euroorden fue reactivada también contra la exconsejera Clara Ponsatí, hoy a disposición de la Justicia escocesa, todos ellos procesados por delitos de rebelión y malversación de fondos públicos relacionados con la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. El 5 de diciembre, el juez Pablo Llarena había retirado las euroórdenes cursadas en noviembre por quien en aquel momento era la magistrada competente del asunto, Carmen Lamela.
Tras una vista que duró aproximadamente una hora y media, el juez belga estimó hoy que esa nueva euroorden no se corresponde con la orden de detención nacional inicial, aún vigente, y que no hay "equivalencia" entre ambas.
Según Cuevillas, "la petición cursada por el Estado español era irregular en aplicación de un conocido precedente europeo", la sentencia "Bob Dogi", según el cual "para que pueda cursarse una orden europea de detención, ésta tiene que estar respaldada por una orden nacional de detención".
Se trata del caso del camionero rumano Niculaie Aurel Bob-Dogi, detenido en su país y reclamado por la Justicia húngara, al que Rumanía denegó su extradición en 2015 y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) dio la razón el 1 de junio de 2016.
Con la decisión del juez Pablo Llarena de retirar la primera euroorden de detención "perdió vigencia la orden española de detención que la respaldaba", según el abogado. "Lo observamos en el primer momento, y cuando llegó esta segunda euroorden, enseguida lo pusimos en conocimiento de la Fiscalía belga", agregó, y dijo que "tanto la Fiscalía como la defensa se han mostrado conformes en que debía rechazarse la euroorden y no era admisible ni siquiera su estudio".
El abogado dijo que "técnicamente" ésta es "la misma situación" a la que se enfrenta Puigdemont en Alemania, aunque no se aventuró a "anticipar lo que pueda pasar" ya que "cada Estado tiene su propio ordenamiento jurídico". Cuevillas agregó que "el problema de forma" alude a "un problema de fondo" y es que "los hechos no son constitutivos de los graves delitos que está imputando la Justicia española".
En otro orden de cosas y preguntado a la salida del juzgado por la posibilidad de aceptar una oferta del presidente de la Generalitat electo, Quim Torra, para volver a ser consejero, Toni Comín dijo no querer pronunciarse sobre la cuestión. Puig, por su parte, manifestó su intención y la de sus excompañeros de Gobierno de permanecer en Bélgica, donde esperan "ser la voz de la injusticia de lo que está ocurriendo en España".
La vista de hoy se produjo después de que el juez decidiese aplazarla el pasado 18 de abril a petición de la Fiscalía, que solicitó a las autoridades españolas más información para poder tratar las nuevas euroórdenes emitidas por el Tribunal Supremo.
El 5 de abril, tras una primera comparecencia ante el juez belga, los tres fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares y el 18 de abril el juez decidió aplazar la vista por la petición de la Fiscalía.Los abogados esperan que esta decisión "agilice" el caso en curso para Ponsatí, que deberá declarar el próximo 12 de junio después de que la Justicia escocesa aplazara este martes la vista para solicitar a las autoridades españolas información legal más precisa sobre los cargos que se le atribuyen; y de Puigdemont, pendiente de una decisión de la Justicia alemana.
