A punto de expirar el ultimátum judicial, la Junta de Andalucía ha entregado las actas de los consejos de Gobierno desde 2001, que le reclamaba la juez encargada del caso de los ERE fraudulentos. La magistrada quiere averiguar si los Gobiernos de Chaves primero y Griñán después, conocieron o tomaron alguna decisión sobre los expedientes ahora investigados.
Así, las actas de los consejos de gobierno de la Junta de Andalucía que ha pedido la juez que investiga los ERE irregulares se guardarán en un armario acorazado con vigilancia personal y de cámaras permanente.
El juez decano de Sevilla, Federico Jiménez Ballester, ha señalado que las 480 actas se conservarán en un lugar "absolutamente seguro, con custodia permanente de medios materiales y personales".
Dicho lugar y los detalles de la custodia no han sido desvelados por las mismas razones de seguridad y responden a la petición hecha esta mañana por Guillermo Muñoz, coordinador del área de justicia de la delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla, a la juez de instrucción 6.
Pese a su negativa inicial , la Junta de Andalucía finalmente ha cedido. Eso sí apuran -in extremis- el plazo de 72 horas que le ha dado la juez. Preguntado esta mañana Griñán por la prensa si la Junta ha entregado ya las actas de los consejos de Gobierno reclamadas por la juez Mercedes Alaya, el presidente ha dicho que no tiene "ni idea", y ha eludido pronunciarse al respecto.
Respondía en idéntico tono en el que ayer le preguntaban cuando entregaría las actas a la juez. El Ejecutivo andaluz entregará la actas "cuando toque", afirmó ayer el presidente José Antonio Griñán, quien ha agregado que se fía "plenamente de que nadie en el juzgado va a abrir las actas", que "naturalmente" el Gobierno de la Junta va a remitir al juzgado. "Lo que está en el juzgado tiene trámites judiciales y no políticos", subrayado el presidente.
Paralelamente a la investigación judicial, El Pais revela que CCOO paralizó una investigación interna sobre los ERE cunado dió la voz de alarma una sección del sindicato en Málaga.
Además, el Diario La Razón revela que un edil socialista, Manuel Moro, trabaja como contable en la fábrica de piensos que recibió de forma irregular 150.000 euros de la Junta, bajo el mandato de Chaves.
