El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado a declarar en calidad de investigado al exembajador de España en la India y exparlamentario Gustavo de Arístegui para el próximo 6 de mayo, y ha ofrecido al diputado Pedro Gómez de la Serna comparecer el día 10 de mayo, en la causa en la que investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de trabajos de intermediación para que empresas españolas consiguieran contratos en el exterior de hasta 250 millones de euros.
El magistrado ha dictado un auto en el que acuerda ampliar de quince a veinte los investigados en este procedimiento, entre quienes figuran once personas físicas y nueve personas jurídicas, y cita a todos ellos entre el 28 de abril y el 10 de mayo.
En el caso del parlamentario Gómez de la Serna, que se presentó como número dos del Partido Popular (PP) por Segovia en las últimas elecciones generales e inscrito actualmente en el Grupo Mixto, el juez hace constar en su condición de aforado y le da la oportunidad de ejercitar los derechos que le confiere el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de que manifieste si desea declarar voluntariamente el 10 de mayo, a las 10.00 horas.
El instructor recuerda que Gómez de la Serna tiene el derecho de asumir la condición de parte, conocer las actuaciones, proponer pruebas, designar abogado y procurador y "lógicamente" declarar de forma voluntaria, "que lo habría de ser, en su caso, no como testigo". Todo ello para esclarecer la participación del aforado en los hechos investigados con anterioridad a una eventual elevación de la exposición razonada al Tribunal Supremo.
El magistrado, que investiga presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales e integración en organización criminal, ha ampliado la causa después de que la Fiscalía haya ampliado su querella por supuestos pagos a funcionarios públicos de Argelia relacionados con un contrato de obra para instalar una estación desaladora en Souk tleta y una obra del tranvía en Ourgla por la empresa International de Desarrollo Energético del grupo Elecnor.
Según dice, Elecnor abonó a la sociedad holandesa Castelino BV al menos 1,64 millones de euros. El representante de esta firma en España es AS Auditoria&Consulting Navarra, cuyos administradores solidarios son Adolfo Suárez Lopetegui e Israel Suárez Hermoso de Mendoza. "Parte de los pagos a Castelino se hizo a United Consultancy Services, administrada por Suárez Lopetegui y Suárez Hermoso", añade el auto.
Además, el juez ha incluido en su investigación a José Luis Tomé Becerra, hermano del querellado Cristobal Tomé Becerra, en relación con la obra de tranvía de Ouargla por valor de 230 millones de euros, que fue adjudicada a Elecnor, Assignia y Rover Alcisa constituidas en UTE, "que habría asumido la posición de su hermano y cedido a la comisión del 3% del importe de la obra a la sociedad United Consultancy Services".
CALENDARIO DE CITACIONES
En concreto, el juez interrogará el 28 de abril desde las 10.00 horas a los administradores Adolfo Suárez Lopetegui, Israel Suárez Hermoso de Mendoza, a los representantes de AS Auditoria&Consulting Navarra, United Consultancy Services y al agente externo Cristobal Tomé Becerra.
El 3 de mayo tomará declaración a José Luis Tomé Becerra, Germán Junquera Palomares, consejero y director general de la empresa Internacional de Desarrollo Energético; y Ramón López Lax, director general para el norte de Africa de esta compañía.
Por su parte, el 4 de mayo comparecerán José Faya López, empleado del despacho Voltar Lassen, que dirigía el parlamentario; y los representantes de las empresas Internacional Desarollo Energético, Electrificaciones del Norte (Elecnor) y Dial Trading.
Ha citado para el 6 de mayo a Borja de Arístegui Arroyo, hijo del exembajador y administrador único de la compañía Arroyo de Lagasca; al exembajador Gustavo de Arístegui a partir de las 12.00 horas y los representantes de las sociedades Karistia, Arroyo de Lagasca y Karistia Maroc o Kamaroc RL. El 9 de mayo será el turno del abogado José Félix González Noriega y un día después del representante de Scardovi.
De la Mata ha acordado estas comparecencias después de practicar diversas diligencias de investigación desde que abriera la investigación el pasado 12 de enero. Las últimas se practicaron ayer en Pamplona con cuatro registros en domicilios particulares y empresas.
SOBORNOS A CAMBIO DE COMISIONES
En relación con el delito de integración en organización criminal, el magistrado explicó el pasado enero que existen indicios de que los querellados "se concertaron" con funcionarios extranjeros y otras personas para "apropiarse de importantes cantidades de dinero mediante un complejo sistema de sociedades pantalla y una red de colaboradores".
La trama se dedicaba, según el juez, a "recibir dinero de distintas empresas españolas en atención a su función pública, con la promesa de intermediar para conseguir contratos en el extranjero; abonar sobornos y comisiones a funcionarios extranjeros para conseguir adjudicaciones de contratos y quedarse para sí importantes comisiones de éxito premio por el buen fin de las gestiones".
Según el magistrado, "la actividad criminal se extendía desde la ideación del sistema hasta la puesta en marcha de los instrumentos societarios y la red de agentes; la celebración de los acuerdos con las distintas sociedades y empresas para asegurarse pagos y comisiones; la celebración de acuerdos con funcionarios públicos de otros países a los que abonarían comisiones y sobornos; y la percepción posterior de nuevas comisiones en caso de éxito de las gestiones".
Con respecto al delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales, el juez señalaba que de la investigación preliminar de la Fiscalía se deduce la existencia de "posibles pagos dinerarios" realizados a autoridades y funcionarios públicos de Argelia y a sus familiares en relación con dos contratos de obra por la construcción de la estación desaladora de aguas de Souk Tleta, por un importe de 250 millones de euros, y el tranvía de Ouargla, con un coste de 230 millones.
Las dos obras fueron adjudicadas a las empresas Internacional de Desarrollos Energéticos y Elecnor, a través del grupo Voltar Lassen, que dirigían Gómez de la Serna y Arístegui, con la actuación del agente externo Cristóbal Tomé Becerra.
El cohecho vendría condicionado por los pagos realizados por las empresas españolas a Gómez de la Serna y Arístegui, que se ejecutaron "directamente" o, debido a su condición de autoridad y funcionario público, a través de las empresas Scardovi (propiedad del diputado) y Karistia (controlada por el exembajador).
El delito de blanqueo de capitales se habría cometido, según su auto, tras la creación de una estructura internacional de sociedades pantalla que no tenían ninguna actividad mercantil y que realizaron "movimientos internacionales de capital que siguieron estructuras sofisticadas de ocultamiento del dinero".
En esta operativa habrían participado las sociedades Arroyo de Lagasca, Karistia Maroc SRL o Kamaroc y Castelino BV. Estas dos últimas, con domicilio social en Marruecos y Holanda, tendrían como "misión primordial" ocultar los beneficios dimanantes de los anteriores delitos y ser instrumento para su comisión bajo apariencia de una actividad mercantil".
