Investigan a 8 exdirigentes etarras por el asesinato de 2 policías en Sangüesa en 2003
El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal investiga a ocho exdirigentes etarras por, supuestamente, haber ordenado el atentado en el que fueron asesinados dos policías nacionales en Sangüesa (Navarra) el 30 de mayo de 2003, así como a los dos presuntos autores materiales de la colocación del artefacto explosivo que acabó con sus vidas.
En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 ha decidido iniciar estas pesquisas al admitir a trámite la querella contra estos diez etarras que interpuso la asociación Dignidad y Justicia con la tesis de que el de Sangüesa fue el primero de una campaña de 18 atentados "indiscriminados" mediante el uso de explosivo Titadine.
Una cadena de atentados que, según la querella, se consiguió cortar con la detención el 26 de diciembre de 2003, en relación a un intento de atentado con explosivos en la estación de Chamartín (Madrid) el día de Nochebuena, de los dos presuntos autores materiales del de Sangüesa: Garikoitz Arruarte Santa Cruz y Gorka Lorán Lafourcade.
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La querella se dirige por tanto contra ellos dos y los entonces integrantes del comité de dirección de ETA o ZUBA: Juan Fernández Iradi, Susper; Gorka Palacios Alday, Andoni y Jesús; Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki; Aitzol Iriondo Yarza, Gurbitz y Barbas; Félix Ignacio Esparza Luri, Navarro y Gaba; Mikel Albisu Iriarte, Antza; Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, Ramontxo; y Soledad Iparraguirre, Anboto.
Sigue así la estela de otros casos de ETA que se han reabierto recientemente, también a instancias de Dignidad y Justicia, con la imputación de los dirigentes etarras que integraban el ZUBA por ordenar la comisión de ciertas acciones terroristas, como los asesinatos de los concejales del PP en el País Vasco Gregorio Ordóñez y Miguel Ángel Blanco.
En este caso, la querella argumenta que entre 2003 y 2004, ETA, "acorralada y debilitada" por la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, intentó atentar "de manera idónea una y otra vez distribuyendo una gran cantidad de explosivo Titadine entre sus distintos comandos, como el empleado en el atentado Sangüesa".
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"La ZUBA, es decir los ocho primeros aquí querellados que detentaron su mando durante todo ese periodo, buscaba crear un estado de terror total, de no saber por dónde iba a venir el siguiente ataque. Y era algo totalmente premeditado, totalmente querido y calculado dentro de las posibilidades operativas que aún les quedaban en las manos, y ese es el contexto en el que se produce el atentado de Sangüesa", expone la querella que el juez reproduce en su auto.
En Sangüesa fallecieron los policías Julián Embid Luna y Bonifacio Martín Hernández, un tercer agente resultó herido y también un trabajador de Telefónica.
Por otra parte, se agota el tiempo para que el Gobierno recurra la sentencia del Tribunal Europeo de derechos humanos que podría beneficiar a numerosos presos de ETA. El Tribunal Supremo condenó a Asier Atristain a 17 años de cárcel por pertenener a ETA.
El etarra recurrió y la justicia europea le dio la razón por considerar que se vulneró su derecho a elegir abogado al estar incomunicado. Si el ejecutivo no recurre muchos etarras podrían quedar en libertad por el misma razón.
