En Andalucía, un informe de la Intervención del Estado revela que la Junta de Andalucía camufló anomalías sobre los ERE al parlamento andalúz. Entretanto, el expresidente José Antonio Griñán, actual residente del PSOE, ha defendido a Magdalena Alvarez: dice que se la acusa de "una teoría que está sin demostrar".
El Parlamento de Andalucía "no pudo tener conocimiento» de las irregularidades en los ERE porque los presupuestos utilizaban una terminología "críptica","imprecisa" y " a menudo, equívoca.
Así se ocultaba cómo la empresa pública IFA-IDEA incluía transferencias del Fondo de Reptiles para pagar las ayudas, que la Junta camuflaba como partidas para cubrir pérdidas. Una conclusión que también recoge otro informe sobre la Cámara de Cuentas.
En el tercer informe complementario que elevan al Juzgado de Mercedes Alaya, los cuatro peritos de la Intervención dicen que "no podemos concluir que la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento de Andalucía pudiera tener conocimiento de la existencia de irregularidades en la presupuestación, o, en su caso, la tramitación de las subvenciones sociolaborales correspondientes al programa 31L".
Así, y en este informe realizado a petición de la juez Mercedes Alaya, los peritos señalan que IFA-IDEA "elaboraba incorrectamente su presupuesto de ingresos incluyendo en el mismo unos ingresos procedentes del programa 31L que no eran tales -solo cobros-, ya que su destino no era el de cubrir las pérdidas derivadas de su propia actividad --único establecido en la ley-- sino el de pagar subvenciones concedidas por la Consejería de Empleo al margen de todo procedimiento legal y del preceptivo control".
En este sentido, señala que, "en consecuencia, se estaban utilizando inadecuadamente por la Consejería de Empleo las transferencias de financiación para fines distintos de los legalmente previstos", añadiendo que, según establece la ley, "su única finalidad debiera ser la de cubrir las pérdidas de IFA-IDEA, las cuales no se ocasionaban por este programa 31L".
APUNTA A LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Intervención exculpa así al Parlamento en el saqueo de más de 1.300 millones de euros, pero apunta a la Junta. Algo que sigue negando el expresidente Chaves.
Las trabas del gobierno andaluz a la investigación han sido continuas desde que Alaya abriera el caso hace 3 años. Desde llevar al Supremo la orden de entrega de las 480 actas de la Junta entre 2001 y 2010, a la destrucción de documentos que confesó el ex Director General, Francisco Guerrero. Y mientras Susana Díaz dice que tomará medidas.
El caso enfila su recta final, y con medio centenar de ex altos cargos imputados. Entre ellos, Magdalena Alvarez, cuya inocencia defiende el Partido Socialista. El Banco Europeo de Inversiones debatirá la próxima semana la destitución de Alvarez como número dos de la institución financiera.
