El director general de las Policía, Ignacio Cosidó, ha avanzado este jueves que la próxima Ley de Seguridad Ciudadana prohibirá la captación, tratamiento o difusión en internet de imágenes de agentes en el ejercicio de sus funciones si ponen en riesgo su persona o la operación en la que están trabajando. Así lo ha manifestado Cosidó en un encuentro con la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F), la Confederación Española de Policía (CEP) y la Confederación Europea de Sindicatos Independientes (CESI) para analizar las consecuencias de la crisis en el trabajo de las fuerzas de seguridad.
Cosidó ha asegurado que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, en la que trabaja el Ministerio del Interior, pretende "buscar un equilibrio en la protección de los derechos de los ciudadanos y de los de las fuerzas de seguridad". Así, ha avanzado que se prohibirá "la captación, reproducción o tratamiento de imágenes, sonidos o datos de miembros de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones cuando puedan poner en peligro su vida o en riesgo la operación que están desarrollando". Una medida que pretende proteger la intimidad personal y familiar de los agentes y garantizar el derecho a su honor e imagen y con la que el Gobierno, ha dicho, "da un paso al frente" para dotar de más seguridad el trabajo de la Policía "desde la legalidad y el estricto cumplimiento del Estado de Derecho".
TAMBIÉN PODRÍA SER SANCIÓN MANIFESTARSE CON LA CARA CUBIERTA
"Solo desde el reconocimiento de la inmensa labor de las fuerzas de seguridad es como podremos progresar en el logro de una sociedad mas justa, más segura y pacífica", ha subrayado el director de la Policía, que ya anunció la pasada semana que la Ley se Seguridad Ciudadana también podría contemplar como sanción manifestarse con la cara cubierta.
Además el director de la Policía ha considerado la necesidad de "reforzar la seguridad jurídica" de los agentes poniendo a su disposición servicios jurídicos que puedan defenderles en "situaciones conflictivas que se puedan producir en algunas intervenciones".
En este contexto, ha advertido del "incremento de la violencia contra la Policía" y de la existencia de "una cultura de la violencia que mina las bases de una sociedad democrática". Así, ha lamentado que sólo en las manifestaciones con motivo del primer aniversario del Movimiento 15M, 77 policías resultaron heridos, de los cuales nueve tuvieron que acogerse a una baja temporal y otros 26 agentes antidisturbios fueron agredidos en las protestas de los mineros del pasado julio.
Cosidó ha aprovechado también para manifestar su apoyo al anteproyecto de reforma del Código Penal, que, a su juicio, sienta "las bases para la prevención y persecución de las conductas que atentan gravemente contra el orden público". Entre algunas de las novedades que incluirá el Código Penal, el director de la Policía ha recordado que la definición de delito de atentado variará para incluir en él todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia sobre el agente de las fuerzas de seguridad o miembros de servicios de asistencia y rescate.
La acción de resistencia pasiva, junto a la desobediencia, se mantiene penada con entre seis meses y un año de cárcel. La falta de desobediencia desaparece, pero se sancionará como infracción administrativa en la Ley de Seguridad Ciudadana. Otra novedad afecta a la alteración del orden público. La pena se agrava cuando se porten armas, se exhiban éstas simuladas o se realicen actos de violencia con peligro para la vida o integridad de las personas, así como los actos de pillaje. Sólo se castigará la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público o actos de violencia, pero no la simple convocatoria a movilizaciones.
