La juez titular del juzgado de instrucción número 3 de Sevilla ha imputado al presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, y a otros directivos de la CEA, además de a los máximos dirigentes de la promotora Dolmen Consulting, en el caso de una presunta estafa a raíz de una denuncia penal presentada por siete empresas suministradoras de la promoción de vivienda protegida Isbylia, promovida por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa (Fudes), vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).
La juez había admitido a trámite la denuncia y había incoado diligencias previas tras dicha denuncia, por lo que ahora ha dictado una providencia en la que llama a declarar a partir de marzo de 2014 a Herrero y varios directivos de la CEA que son patronos de la fundación, así como a los responsables de Dolmen, según indicaron a Europa Press fuentes del caso y adelantó este viernes 'Diario de Sevilla'.
Las empresas denunciantes son Diego y Viva CB, Euroclima 2000, Aplicaciones Maqueda, Procoenca, Industrias Tello Pintado, Gescon Instalaciones y Remoan SLU, Remoan e Inclitec, todas ellas responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de dicha promocion Isbylia, formada por 583 VPO y ubicada en Polígono Aeropuerto.
En la denuncia, estos empresarios piden que les paguen las cantidades adeudadas por dichos trabajos que superan los 600.000 euros, y aseguran que los denunciados actuaron "de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados una serie de organizaciones empresariales, como la CEA o Dolmen Consulting".
Según la providencia, consultada por Europa Press, la juez ha citado a declarar a los representantes de todas las empresas denunciantes para el 3 de marzo, mientras que en calidad de imputados ha citado a declarar al presidente de la CEA, Santiago Herrero, y el secretario general de CEA, Antonio Carrillo, ambos como patronos de la fundación promotora de las VPO -Carrillo es el presidente de la fundación-, que están citados para el 5 de marzo. Otro de los patronos de la fundación y exvicepresidente de la CEA Juan Salas Tornero está citado como imputado, junto a Francisco Ramas, el 13 de marzo.
Por otra parte, la juez ha citado para el 6 de marzo a los máximos responsables de la promotora Dolmen Consulting Juan Manuel Sanz y Antonio González Lara. Además, se ha citado a Alejandro Cotta y Antonio Ibáñez para el 12 de marzo.
PETICIÓN A LA JUNTA
La juez asimismo reitera el requerimiento a la Consejería de Fomento y Vivienda, efectuado el 30 de septiembre de 2013, para que aporte el expediente por el que se concedió una ayuda de 1.749.000 euros para la construcción de las VPO del Polígono Aeropuerto, e informe sobre la situación actual de la citada subvención.
A la Consejería también le pide que aporte el convenio de colaboración suscrito por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa en octubre de 2011, cuyo objetivo era el fomento de la construcción de las viviendas de los que resultaron adjudicatarios.
En la providencia dictada por la juez del juzgado de instrucción número 3, se requieren una serie de documentos, especialmente contratos de ejecución de las obras, escritura de compraventa de las parcelas objeto de la promoción o los contratos de la fundación con Dolmen o Gestión Integral de Proyectos Nazarí.
De forma paralela, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (Sareb) ha instado ante los juzgados de lo Mercantil de Sevilla el concurso de acreedores necesario de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA y responsable de la construcción de la promoción Isbylia, en Sevilla.
Fuentes de la Sareb indicaron que además han trasladado a la Fiscalía de Sevilla la documentación relativa a la situación de dicha fundación que obra en su poder sobre este proyecto, toda vez que, según las fuentes, "no estaba justificada la utilización de esos fondos para las viviendas y había un desfase de entre 12 y 14 millones de euros", algo que se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía.
