El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ha avanzado este lunes que su ministerio deberá "hacer" los presupuestos de los 2.000 ayuntamientos que no pueden hacer frente al pago de proveedores y no cuentan con plan de ajuste.
En declaraciones a la prensa tras una conferencia organizada por el Círculo de Economía en Barcelona, ha añadido que "para este verano, antes de vacaciones", el Gobierno tendrá a punto el plan para los entes locales españoles.
Con este plan, el Ejecutivo central velará por que las administraciones locales españolas no realicen actividades "que no pueden" por competencias o recursos, así como que no se dupliquen con otros niveles de administración, ha explicado.
En todo caso, durante la conferencia ha recordado el apoyo del Gobierno a entes locales y comunidades autónomas para el pago de proveedores si cuentan con planes de ajuste aprobados, con ayudas que se empezarán a distribuir a finales de este mes.
En el caso de Cataluña, la cifra asciende a más de 700 millones para ayuntamientos y 2.000 para la Generalitat.
EMPLAZA A LA COMUNIDADES A PRESENTAR PLANES REALES DE AJUSTE
Asimismo Cristóbal Montoro, ha emplazado a todas las comunidades a presentar en el plazo previsto planes de ajuste "reales" y les ha recordado que, de lo contrario, se les aplicará la ley de estabilidad presupuestaria, que prevé en su caso extremo la intervención de la región.
"Tenemos los ojos de toda Europa colocados sobre nosotros porque la duda está en la capacidad de equilibrar los presupuestos de las comunidades y las corporaciones locales", ha señalado Montoro.
El ministro ha recordado que todas las comunidades, sin excepción, han de presentar estos planes que les han de permitir lograr el objetivo de déficit del 1,5 % del PIB este año.
"Los plazos son para todos, todos tienen que cumplir, y al que no cumpla se le aplicará la ley de estabilidad, que para eso está vigente ya en España", ha declarado Montoro, que ha advertido así de la posibilidad de que las comunidades que incumplan la ley sean intervenidas.
El Gobierno ha expresado su deseo de no tener que poner en marcha el mecanismo de intervención en ningún caso, aunque el Ministerio de Hacienda ha encargado a la Abogacía del Estado y a la Intervención General que estudien la posible tutela de las cuentas del Principado de Asturias, ante la situación de bloqueo político que vive la comunidad y que puede hacer imposible que apruebe su plan económico.
Esta eventual intervención ha irritado al presidente asturiano, Francisco Álvarez-Cascos, que ya ha avanzado que reclamará al Estado por los perjuicios económicos que este anuncio puede tener en la financiación de la deuda del Principado, y ha remitido una carta al comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, en la que denuncia la "falsedad" de los datos de Hacienda a la hora de advertir de que sus cuentas podrían ser intervenidas.
Montoro ha dicho no entender la reacción de Álvarez-Cascos y le ha emplazado a resolver la "cuita política" en esta comunidad, ya que el Consejo de Política Fiscal y Financiera tiene que aprobar los planes "de los gobiernos que van a llevar adelante esos planes", que es precisamente "lo que hace fiable un programa".
Ha remarcado, en este sentido, que en Asturias la dilación a la hora de formar el nuevo gobierno autonómico "no hace sino complicar enormemente" la presentación y ejecución de ese programa económico y fiscal. "Y no estamos para complicar eso, porque si no sale la cuenta, no saldrá la cuenta para nadie", ha manifestado Montoro.
