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El juez de la Audiencia Nacional Alfonso Guevara ha pedido que se investigue al abogado de la izquierda 'abertzale' Zigor Reizabal después de que éste se haya ido de un juicio contra 15 acusados por 'kale borroka' alegando que las defensas no habían preparado el procedimiento porque habían alcanzado una conformidad con el fiscal Luis Barroso que finalmente no llegó a producirse.

Los hechos han tenido lugar tras un duro enfrentamiento entre el presidente del tribunal, que ha deducido testimonio a Reizabal por "impedir la celebración del juicio", y los cinco abogados defensores, que han argumentado que han acudido al tribunal con la idea de que el acuerdo de conformidad, que sustituía la petición de 11 años de cárcel por penas de multa, contaba con "el respaldo de la Jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional", tal y como ha indicado el letrado Iñigo Iruin.

Guevara, que también ha ordenado que la cinta del juicio se remita al Colegio de Abogados para que analice si Reizabal puede ser sancionado, ha suspendido la sesión hasta mañana, viernes, tras negarse a un aplazamiento que había sido solicitado por las dos partes. Los abogados 'abertzales' alegaron que sin prepararse el juicio se podía vulnerar el derecho de defensa de sus clientes, mientras que el fiscal recordó que el juicio también estaba señalado para los días 2 y 3 de diciembre.

Las constantes consultas entre los cinco abogados de los acusados, entre los que también se encontraban Ainhoa Baglietto y Joseba Elosúa, han provocado el enfado del juez Guevara, que ha ordenado a gritos que se callaran. "`Guarden silencio, lo he advertido ya, parece que me quieren alterar, es una falta de respeto para el Ministerio Fiscal", ha vociferado.

"PROCESO DE DIALOGO" O "CONVERSACIONES DE CAFE"

Durante su turno de intervención, Iruin ha detallado que las defensas habían mantenido "un proceso de diálogo" con el Ministerio Fiscal para buscar un acuerdo que impidiera la celebración del juicio y que Barroso le había entregado personalmente "hace 15 días" una carpeta de color verde con dos proyectos de conformidad, uno de los cuales contaba con el respaldo de todas las defensas.

Tras ser amonestado por Guevara por llevar a la sala de vistas "conversaciones de café", Iruin ha solicitado la suspensión del inicio del juicio oral alegando que no habían preparado la defensa porque entendían que el proyecto "tenía el respaldo de la Jefatura de la Fiscalía de la Audiencia Nacional". "Hemos venido con esa idea, con esa voluntad, pensando que eso era así y ahora ningún borrador tiene validez y la proposición del Ministerio Fiscal queda en nada", se ha quejado.

Después de frustrar dos nuevos intentos de explicación por parte del letrado Joseba Elosúa, que se ha dirigido al tribunal "con absoluto respeto y apelando a su benevolencia", y otro del fiscal, el presidente del tribunal ha advertido de que la celebración del juicio era "una decisión firme de la Sala" porque no existía "ninguna causa de suspensión legal". "Es una situación absolutamente intolerable", ha dicho después Guevara, visiblemente enfadado, tras acusar a los letrados de querer "torpedear el juicio".

De esta forma, ha llamado a declarar al acusado José Antonio Astirraga, que se ha negado a contestar a las preguntas del fiscal y que tampoco ha sido interrogado por su abogada, Ainhoa Baglietto. En el momento del segundo interrogatorio, el de Aitor Domezain, Reizabal ha anunciado su intención de retirarse del juicio. "Abandono la sala, no como un acto de obstrucción a la justicia, sino porque prima el derecho de defensa de mi defendido", ha dicho mientras se marchaba la sala de vistas. "¿Quiere abandonar la sala en silencio? `Guarde silencio!", le seguía espetando a voces el presidente del tribunal.

Tras esta decisión, Guevara ha suspendido la vista "hasta mañana a las diez en punto" y ha anunciado su intención de pedir que el letrado sea investigado por "su responsabilidad penal al impedir la celebración del juicio" y ordenar que se "dé cuenta" de los hechos al decano del Colegio de Abogados.

GRUPO DE 'KALE BORROKA'

Los 15 acusados se enfrentan a penas de hasta 11 años de cárcel por integrar o colaborar con un 'talde' que habría cometido actos de 'kale borroka' en San Sebastián desde 1996 hasta su desarticulación el 14 de mayo de 2000.

En su escrito provisional inicial, el fiscal considera que los procesados se coordinaban para perpetrar actuaciones de violencia callejera en apoyo de la banda terrorista ETA y, entre otras acciones, atacaban con líquido inflamable instalaciones de Correos, teléfono y juzgados, quemaban autobuses y cajeros bancarios, realizaban pintadas a favor del reagrupamiento de presos y lanzaban piedras a edificios públicos.

Después de realizar las "indiscriminadas" acciones dirigidas a "crear en la población situaciones de terror", los miembros del 'talde Y' se reunían en un local de la Asociación Cultural 'Herria', donde guardaban publicaciones y propaganda de ETA.

En concreto, el fiscal pide 11 años de prisión por integración y colaboración con organización terrorista para José Antonio Astigarraga, Aitor Domezain, Gorka Iruretagoyena, Garakoitz Mendizábal, Lartaun Rodríguez y Beñat Echart. Para Ibon Toledo Portu y Aitor Abanda Pagola solicita 17 años de cárcel por integración y colaboración con organización terrorista y un delito de depósito de sustancias inflamables y explosivas.

Además, solicita penas de 4 años de cárcel por depósito de sustancias inflamables y explosivas para Miren Agurtzane, Francisco Gabriel Isala, José Angel Catalán, Josetxo Ibazeta, Francisco de Asís Rodríguez, José Juan Ibazeta, Aitor García Justo y Fernando Bert Arretxea.