El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica, ha declarado a la juez que instruye la investigación, Mercedes Alaya, que recibió "indicaciones del Gabinete de Presidencia de Manuel Chaves" y por parte del que fuera viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, para que concediera determinadas ayudas a empresas.
Guerrero, que ha reanudado su declaración poco antes de las 16,30 horas, ha señalado a la juez de Instrucción número 6 de Sevilla que recibió un documento escrito del "Gabinete de Presidencia de Manuel Chaves" donde se le decía que "solucionara sí o sí lo de Bilore, porque al día siguiente Chaves iba a un acto político".
Asimismo, y según han informado a los periodistas varios letrados personados en la declaración, Guerrero ha asegurado que Barberá, imputado también en la causa, le dijo que "solucionara sí o sí" lo relacionado con la industria auxiliar naval de Cádiz, lo que, según ha añadido, "supuso un incremento de 26 millones de euros en el presupuesto que no tenía".
De igual modo, el exalto cargo ha aseverado que "informaba de todas las ayudas, tanto de la cuantía como de sus destinatarios, en los consejos de dirección de Empleo, a los que asistían el consejero, el viceconsejero y los delegados provinciales", quienes "jamás le pusieron ningún reparo a ningún tipo ayuda".
"NADIE DEL GOBIERNO DE LA JUNTA PUEDE DECIR QUE SE HAYA HECHO ALGO A SUS ESPALDAS"
Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica, ha declarado asimismo a la juez que instruye la investigación, Mercedes Alaya, que "nadie del Gobierno de la Junta puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas".
Según han informado a los periodistas varios de los abogados presentes en la declaración, Guerrero ha trasladado a la magistrada que "cada consejero se interesaba por las ayudas a su provincia", llegando a citar a exconsejeros como Gaspar Zarrías, José Antonio Viera o Isaías Pérez Saldaña. "Zarrías se interesaba por Santana, Viera por Sevilla y Sierra Norte, Saldaña por la faja pirítica de Huelva y así cada uno por su provincia", ha detallado.
En este sentido, y según los letrados presentes en la declaración, Francisco Javier Guerrero, que se encuentra "muy tranquilo", habría dicho que "el Consejo de Gobierno y el presidente de la Junta conocían el sistema --de concesión de ayudas--, es un dato objetivo, porque además de Empleo estaba Innovación", añadiendo que el mismo Consejo de Gobierno "veía la relación presupuestaria de las ayudas en la memoria". De hecho, habría señalado que la denominada partida 31L era una "partida blindada" y "la aprobaba la Intervención, el consejero o la consejera de Hacienda y el Gobierno andaluz".
Además, el imputado ha asegurado que el convenio-marco suscrito a fin de regular las ayudas "se hizo ante el reparo en el último pago de las nóminas en Cárnicas Mólina, y se hace ante la preocupación del Gobierno de la Junta por mantener la paz social ante varias crisis", aunque, posteriormente, ha llegado a decir que el convenio "no se hizo para evitar reparos" por parte de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
Ha añadido que a él, personalmente, "no le gustaba mucho el convenio, porque era discrecional" y le generaba "peleas" con el IFA, de manera que "le hubiera gustado una orden o decreto para que llegara a más gente", punto en el que ha precisado que los borradores de orden o decreto que planteó "fueron al Consejillo --presidido por Zarrías-- y no los vieron".
De igual modo, Guerrero ha reconocido que las ayudas "eran subvenciones, pero no se seguía el procedimiento legal", añadiendo que, "en su época, los expedientes estaban completos".
Abogados personados en la declaración, han dicho a los periodistas que Guerrero ha reconocido que el convenio marco de Molina tenía por objeto "mantener la paz social", pese a los reparos que ponía la Intervención de la Junta.
SE LE IMPUTAN HASTA SEIS DELITOS
Guerrero presta declaración después de que la juez Alaya le haya realizado un extenso relato de los hechos por los que le imputa hasta seis delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, así como dos delitos de falsedad en documento oficial y un último delito de falsedad en documento mercantil.
Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía imputado en el caso de los ERE fraudulentos, aseguraba, a su llegada a los Juzgados, que se siente inocente y que respondería a todo lo que le pregunte la juez Mercedes Alaya.
Su nombre saltó a las portadas cuando su chófer le acusó de haberle mandado a comprar cocaína con dinero público.
Es uno de los imputados en la trama de los ERE fraudulentos. Se les investiga por haber utilizado cientos de millones de euros sin control bajo la excusa de pagar indemnizaciones y prejubilaciones.
Durante un breve receso, los abogados presentes han comentado a la prensa que la juez ha destacado la falta total de procedimiento reglado y que, al terminar la jornada de trabajo, Guerrero se iba "de copas y a consumir cocaína", según la declaración de su chófer.
Algunos abogados han llamado la atención sobre el hecho de que la Guardia Civil se encuentre custodiando la sala de vistas donde se está desarrollando la declaración, a lo que se suma que, en un receso de esta mañana, una funcionaria ha acompañado al imputado hasta los servicios.
Guerrero ha comparecido hasta ahora en dos ocasiones ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, a quien declaró que el consejero y el viceconsejero de Empleo estaban informados de cómo se concedían las ayudas y de que en la consejería se destruyeron papeles cuando estalló el caso de los ERE fraudulentos.
Además, aseguró que José Antonio Viera, ahora diputado en el Congreso por el PSOE y entonces consejero de Empleo, era quien "dirigía realmente la política de concesión de ayudas" y que mantenía una relación de "simpatía" con los dirigentes de las empresas de la Sierra Norte de Sevilla investigadas. En principio, la juez sólo va a interrogar a Guerrero sobre los ERE de las empresas Calderinox, ACYCO, Río Grande, Surcolor y Aglomerados Morell.
La causa por los ERE irregulares y otras ayudas de la Junta acumula ya 41 tomos, 16.000 folios, y en los últimos meses se han producido declaraciones que se han prolongado hasta la noche como la realizada el pasado 21 de diciembre por Venancio Gutiérrez, exsecretario del Ayuntamiento de Sevilla que compareció como testigo y cuyas respuestas quedaron plasmadas en 69 folios.
