El magistrado Fernando Grande-Marlaska tomó este lunes posesión de la Presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional prometiendo garantizar la protección y atención de las víctimas del terrorismo y de los perjudicados de los demás delitos que investiga este órgano jurídico.
Grande-Marlaska dijo ante el centenar de personalidades que se dieron cita en la Audiencia Nacional que uno de sus objetivos en el nuevo cargo es "la potenciación de la Oficina de Víctimas".
"El papel de la justicia para aliviar su dolor es un derecho innegable de las víctimas y del conjunto de la sociedad, como única forma de restablecer los derechos violentados", explicó ante representantes de las víctimas como Ángeles Pedraza (AVT), Cristina Cuesta (Covite) o Mari Mar Blanco.
A la toma de posesión asistieron además el presidente del Supremo, Carlos Dívar; el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; el secretario de Estado de Interior, Ignacio Ulloa, así como representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra y Ertzaintza. También estaban presentes fiscales y magistrados de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, así como vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Tras dar lectura al real decreto del nombramiento, Grande-Marlaska accedió a la sala apadrinado por su antigua secretaria judicial, María Mariscal de Gante, y por el fiscal Jesús Alonso.
DEFENSA DE LA AUDIENCIA
El hasta ahora titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 comenzó su discurso diciendo que haber sido designado como presidente de la Sala de lo Penal tiene un "honda significación" y ha supuesto "el reconocimiento de una trayectoria profesional que se lleva desarrollando 24 años".
El magistrado hizo una defensa del papel de la Audiencia Nacional después de reconocer que existen "posturas encontradas" sobre su utilidad. Reconoció en este sentido que el tribunal nació "como una herramienta de legalidad" para "luchar contra la lacra del terrorismo, principalmente el de ETA", pero aseguró que "también es cierto que se ha conjugado como la llave clave para la lucha contra otras formas de criminalidad organizada: narcotráfico, delincuencia económica en sus manifestaciones de corrupción, mafias". Por todo ello, reclamó una redefinición de las competencias de la Audiencia Nacional. "Es uno de los retos principales a los que debemos dirigir nuestro esfuerzo", dijo.
El nuevo presidente de la Sala de lo Penal también tuvo palabras para la situación actual de la lucha contra ETA, de la que dijo que justifica "el esfuerzo de tanto y tantos funcionarios" de la Audiencia Nacional, así como de "guardias civiles, policías nacionales, ertzainas, mossos, policías forales y el conjunto de la sociedad española".
CRÍTICA PÚBLICA
Grande-Marlaska también señaló que los magistrados y tribunales deben soportar la crítica de los ciudadanos. Dijo en este sentido que los miembros de la Audiencia Nacional están sometidos a la crítica pública porque ejercen "un servicio público y el ciudadano tiene derecho a conocer nuestro trabajo, conocer nuestras resoluciones y sus motivaciones".
"Nuestros escritos deben explicarse en sí mismo y nosotros tenemos que esforzarnos para resultar comprensibles, el destinatario último de nuestras resoluciones es el ciudadano y no debemos olvidarlo al ponernos la toga", señaló.
El magistrado fue designado para el cargo el pasado 23 de febrero por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El acto de toma de posesión también marca la salida del hasta hora presidente de la Sala de lo Penal, el magistrado Javier Gómez Bermúdez.
Los 21 vocales que conforman el CGPJ, presididos por Carlos Dívar, designaron el pasado 23 de febrero en segunda votación a Grande-Marlaska por 11 votos, frente a los nueve que obtuvo Javier Gómez Bermúdez.
