El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha pedido al Gobierno que inicie los trámites para extraditar al presunto terrorista José Ángel Urtiaga, residente en Cuba, y al que procesó junto al etarra Arturo Cubillas en la causa que investiga la supuesta alianza entre ETA y las FARC.
Así lo ha acordado el magistrado después de que la Fiscalía se lo reclamara la semana pasada al entender que la entrega de Urtiaga es posible según el tratado de extradición vigente entre España y Cuba, petición a la que se adhirió la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), personada conjuntamente con la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid.
Ya el pasado 20 de octubre, Velasco solicitó al Gobierno que iniciara los trámites para extraditar a Cubillas, residente en Venezuela y que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), aunque le sugirió que antes reclame al Ejecutivo de Hugo Chávez que le retire la nacionalidad venezolana.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco reclamó hoy al Gobierno que solicite a las autoridades cubanas la extradición del etarra José Ángel Urtiaga, refugiado en la isla, y que se encuentra procesado en la causa que investiga la supuesta colaboración entre ETA y las FARC.
Cubillas y Urtiaga están reclamados por un delito de colaboración con banda armada por las relaciones y el intercambio de información y de adiestramientos que mantuvieron con las FARC. A Cubillas se le atribuyen además delitos de tenencia de explosivos y conspiración para cometer homicidios terroristas.
El magistrado destaca en el auto dictado hoy que Urtiaga, de 54 años de edad y natural de Santurce (Vizcaya), era el responsable de los refugiados etarras en Cuba y se encargaba de informar a la dirección de la organización terrorista sobre las vicisitudes del colectivo afincado en la isla.
Velasco revela que en la documentación incautada al ex dirigente etarra José Javier Arizcuren Ruiz, alias "Kantauri", tras su detención en París en marzo de 1999, aparecieron unas cartas en las que Urtiaga comunicaba a la cúpula terrorista que dos miembros de ETA refugiados en Cuba solicitaban permiso para viajar a Venezuela con el objetivo de entrenarse en el manejo de explosivos.
El escrito subraya además que Urtiaga, alias "Garrutxu", no tiene nacionalidad cubana, lo que facilitará su extradición. En el caso de Cubillas, Velasco tuvo que solicitar la retirada de la nacionalidad venezolana que ostenta el etarra ya que la constitución del país sudamericano impide la extradición de sus nacionales.
DOMICILIO EN LA HABANA
La Fiscalía, aprovechando que Urtiaga facilitó su domicilio en La Habana en el poder notarial con el que pidió su personación en la causa, reclamó que se solicitase a Cuba la extradición del etarra. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, que ejerce como acusación en la causa, secundó la petición del Ministerio Público.
El escrito del Ministerio Público señalaba que delitos que se imputan a Urtiaga "son susceptibles de extradición" conforme al Tratado suscrito en 1905 entre Cuba y España. La Fiscalía señaló que este tratado, debido a su antigüedad, no incluye el delito de terrorismo, pero indicó que Cuba firmó el convenio internacional para la represión de atentados terroristas.
El magistrado Velasco rechazó la semana pasada la personación de Cubillas y Urtiaga en la causa pero decidió citarles a declarar como procesados para el próximo 14 de diciembre.
BUSCA Y CAPTURA
El magistrado ya había emitido en marzo pasado órdenes internacionales de detención contra Cubillas y Urtiaga, así como contra otros cuatro presuntos etarras -uno de ellos fallecido- y cinco supuestos miembros de las FARC a los que procesó por la colaboración que se prestaron ambas organizaciones terroristas para mejorar sus actividades delictivas; una relación que se concretó en una serie de cursillos e, incluso, en apoyos logísticos para llevar a cabo atentados.
En el auto de procesamiento, dictado el pasado 1 de marzo, Velasco acusó al Gobierno de Venezuela de haber colaborado con ETA y con las FARC y destacó que la investigación que ha llevado a cabo durante cerca de un año y medio ha puesto de manifiesto la cooperación del Ejecutivo de Hugo Chávez en las relaciones entre ambas organizaciones terroristas.
Además, el magistrado imputó a Cubillas y a dos presuntos miembros de las FARC un delito de conspiración para cometer homicidios terroristas por su relación con los planes para atentar en España contra dirigentes colombianos, entre ellos contra el presidente del país, Álvaro Uribe, y contra su antecesor, Andrés Pastrana.
Más recientemente, el juez Ismael Moreno denunció el papel desarrollado por Cubillas en el adiestramiento recibido en Venezuela por los etarras Xabier Atristain y Juan Carlos Besance, pero no pidió su busca y captura internacional. Las declaraciones de Atristain y Besance han sido incorporadas a la causa que instruye Velasco.
