El Gobierno propone retrasar la jubilación anticipada a los 63 años

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha comparecido este

jueves ante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo del Congreso para dar

cuenta de las recomendaciones del Gobierno en materia de reforma de pensiones,

proponiendo retrasar la jubilación anticipada a los 63 años y asumir que la

compatibilidad entre la jubilación y el mantenimiento del trabajo sea un

principio general del sistema.

En una larguísima intervención, Burgos ha señalado que uno de cada dos

ciudadanos se jubilan de manera anticipada, por lo que el retraso progresivo

hasta 2027 de la edad legal de retiro a los 67 años "no servirá de mucho" si se

mantiene esa situación. "Incrementar la edad legal sin actuar sobre otros

elementos hará que ese porcentaje (de jubilaciones anticipadas) se incremente en

mucha mayor medida", ha avisado.

Para garantizar la sostenibilidad del sistema, el Ejecutivo propone "acotar"

las dos modalidades de jubilación anticipada y fijar en los 63 años ese umbral,

dejando en los 61 años a los trabajadores de empleos "penosos, peligrosos,

tóxicos" y a los discapacitados. En esta línea, ha instado también a

"reflexionar" sobre la jubilación anticipada en el sector público.

COEFICIENTES DE REDUCCION

A renglón seguido, Burgos ha afirmado que quienes más se acogen a la

jubilación anticipada son las personas con salarios más altos, lo que les

garantiza pensiones casi un 9% superiores a quienes cumplen toda la vida laboral.

Esto impacta en el coste para la Seguridad Social, que entre 2005 y 2011 se

incrementó un 87%, pasando de 101,6 a 189,9 millones este gasto. "Son costes

excesivos, y lo serán mucho más en el futuro", ha pronosticado.

Sin embargo, los coeficientes reductores no corrigen este fenómeno sino que

incluso lo agravan en algunos casos, como con bases reguladoras altas, que tienen

los mismos coeficientes que otras inferiores, con lo que "la pensión acaba siendo

la misma pese a cotizar varios años" más, lo que actúa de "incentivo para el

abandono prematuro" del mercado laboral.

Por eso, Burgos ha defendido que no sean "directamente proporcionales al

número de años de anticipo de la edad de jubilación, que sólo sean aplicables a

partir de un número de años cotizados, que se puedan reducir conforme aumenta ese

periodo pero que no haya saltos por pequeñas diferencias". Además, cree que "el

anticipo de la jubilación debe calcularse sobre la edad legal" y sobre la base

reguladora --para no beneficiar a las más altas--. "Es posible un sistema más

equitativo que ahorre recursos", ha asegurado.

En este sentido, ha dicho que se mantendrán las modalidades, requisitos de

acceso, condiciones y reglas de las prestaciones para quienes se hayan acogido a

jubilaciones anticipadas no voluntarias por EREs o convenios, y sólo se

modificarán los coeficientes reductores y su cálculo.

COMPATIBILIZAR TRABAJO Y PENSION

El Gobierno también plantea dar cumplimiento a recomendaciones del Pacto de

Toledo y la CE para fomentar la "compatibilización" entre la pensión y el

trabajo, que hoy está "muy restringida" y desincentiva la continuidad en el

mercado laboral, con lo que España seguirá la senda de otros países europeos

cuyas tasas de ocupación de mayores quedan "muy lejos" de las españolas y "con

buenos resultados". "Esto supone cambiar la incompatibilidad generalizada, y asumir como regla general la compatibilidad, siempre limitada y condicionada, desde la óptica del

incentivo a la prolongación de la vida laboral y de dar mayor capacidad de

decisión al ciudadano", ha precisado Burgos, señalando que por cada persona que

prolonga su vida laboral hay siete que se jubilan anticipadamente y desligando la

ocupación de los mayores del paro juvenil. "No hay un número de empleos a

repartir", ha ironizado.

Así, la idea es contar con "mecanismos flexibles" y "opciones más amplias"

para acogerse a esta opción, más allá de posibilidades actualmente disponibles

como la jubilación demorada o la del trabajo agrario por cuenta propia, entre

otras. En concreto, se propone que los trabajadores por cuenta propia y ajena,

una vez cumplida la edad legal ordinaria de jubilación y contando con el 100% del

periodo de cotización necesario para acceder a la pensión, puedan seguir

trabajando en el sector privado sin que se modifiquen las condiciones de su

pensión.

No se cotizaría más que por incapacidad temporal, enfermedades profesionales y

accidente de trabajo, aunque "podría habilitarse una cotización de solidaridad"

para mejorar los ingresos de la Seguridad Social. La pensión que se percibiría en

estas circunstancias sería "un porcentaje a determinar, que podría ser objeto o

no de revalorización", si bien al finalizar la actividad se recuperaría "de

forma íntegra".

"Con esta propuesta gana la persona, la sociedad y la Seguridad Social", ha

dicho Burgos, sin precisar cuánto se podría ahorrar ya que dependería de diversas

variables.

JUBILACION PARCIAL

Con respecto a la jubilación parcial, que "se planteó como elemento de

flexibilidad e incentivo para continuar en el mercado laboral", ha explicado que

"ha devenido en una fórmula específica de anticipo de jubilación sin

penalización". "Una fórmula privilegiada con costes que recaen totalmente en la

Seguridad Social", ha añadido. Así, quienes se acogen a esta posibilidad "se ciñen a la jornada mínima exigida por la ley, que en muchos casos ni siquiera cumplen de forma efectiva", y además cuentan con pensiones medias un 17% superiores a las anticipadas y casi un 28% de las generales.

Dado que a juicio del PP la ley 27/2011 "no resulta suficiente" para corregir

esta situación, el Ejecutivo propone "adecuar la edad de acceso a la jubilación

parcial de forma acompasada con la edad legal", modificar la jornada laboral

obligatoria para que llegue hasta el 50% (en lugar del actual 27%), dar un

tratamiento específico o más flexible en casos de contrato indefinido a jornada

completa, prolongar la vigencia del contrato de relevo y establecer "cautelas"

para evitar un uso "indebido", aumentar el periodo mínimo de cotización exigido a

33 años e incluso introducir coeficientes reductores.

REVALORIZACIÓN DE PENSIONES: EL GOBIERNO CUMPLIRÁ ESTRÍCTAMENTE LA LEY

El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, insistió además en que el Gobierno cumplirá "estrictamente" la ley sobre la revalorización de las pensiones, que actualmente establece que su cuantía se actualizará en función de la desviación de inflación registrada en noviembre.

En este sentido, agregó, en declaraciones a los medios de comunicación tras intervenir en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, que para esta revalorización el Ejecutivo tendría en cuenta el IPC real, ya que considera que es el único que existe. "La legislación actual establece cuál es el mecanismo de revalorización de las pensiones y es sobre el IPC real, no hay otro IPC", aseveró.

El secretario de Estado contestó así a las preguntas de los periodistas en relación con la posibilidad apuntada por algunos miembros del Gobierno de que se pudiera utilizar el IPC a impuestos constantes.

Previamente, en su intervención en la comisión parlamentaria sobre el Pacto de Toledo, Burgos criticó que los grupos parlamentarios, especialente el socialista, haga una "utilización partidista" de las pensiones sembrando dudas sobre su revalorización.

Burgos defendió que el Gobierno "no tiene que estar continuamente afirmando que va a cumplir la ley" y añadió que parece que la oposición "apela al Ejecutivo a no cumplirla".

"El Gobierno hará un cumplimiento estricto del Pacto de Toledo y de la legislación en materia de pensiones, como no podría ser de otra manera, salvo que fueran otros los que gobernaran", subrayó Burgos dirigiédose a la portavoz socialista en la comisión, Isabel López i Chamosa.

En este sentido, el secretario de Estado insistió en que es "ocioso e inútil" que la oposición pregunte continuamente al Ejecutivo "si va a cumplir la ley", y denunció que se trata de una "estrategia preventiva".

No obstante, sostuvo que no se debe "invertir la carga de la prueba", por lo que no tiene que estar el Gobierno "continuamente afirmando que va a cumplir la ley". Por último, advirtió que las dudas que está sembrando la oposición sobre este tema "no contribuye a crear la atmósfera de certidumbre necesaria sobre el sistema de pensiones".