Detrás de una mujer o una niña ejerciendo la prostitución, casi siempre hay una red criminal detrás. Redes que obtienen enormes beneficios gracias a estas mujeres y niñas. Es tal fuente de negocio que por eso la inmensa mayoría de las 45.000 mujeres que en España ejercen la prostitución son engañadas, forzadas y amenazadas constantemente para que continuen vendiendo sus servicios.
Este es el porcentaje: de esas 45.000 mujeres, el 80%, es decir ocho de cada diez, son prostitutas en contra de su voluntad. Y una realidad preocupante: cada vez son más jóvenes. El 80% de quienes ejercen la prostitucion son menores de 35 años. El 1% menores de edad. Hablamos de casi 5000 niñas en España.
Madrid no es ajeno por supuesto a este negocio. Los servicios sexuales van desde los 10 euros en la Colonia Marconi a los 350 en el Barrio de Salamanca.
LOS DATOS
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detectaron el año pasado 14.000 mujeres en riesgo de trata con fines de explotación sexual, la mayoría rumanas y mujeres jóvenes, ya que el 80% de ellas eran menores de 35 años.
Precisamente detectar esas posibles víctimas, entre las que también había españolas, dominicanas, brasileñas, colombianas y paraguayas, es uno de los objetivos del Plan de lucha contra la trata que aprobó el pasado viernes el Gobierno y que este miércoles presenta el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso.
Según destacó el propio Alonso en la rueda posterior a la reunión del Consejo de Ministros, las víctimas, fundamentalmente, vinieron a España desde Rumanía, de Nigeria y de Bulgaria, procedentes de países "donde tienen menos opciones", y fueron captadas "a través del engaño" para ser explotadas sexualmente en nuestro país.
El plan se presenta en el marco del 23 de septiembre, Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, la trata de seres humanos mueve a 21 millones de personas en todo el mundo, y en Europa más de dos tercios está orientada a la explotación sexual de estas víctimas.
El plan se asienta en cinco ejes esenciales (prevención, formación, identificación de las víctimas, persecución del delito y cooperación y coordinación), se compone de 143 medidas y cuenta con una dotación de 104 millones de euros, en cuatro años (2015-2018).
La formación de profesionales como los médicos de atención primaria para detectar posibles víctimas y destinar los bienes decomisados a las mafias para ayudar a las mujeres explotadas son algunos de los puntos más destacados de la iniciativa del Gobierno, que también se compromete a actuar "sobre la demanda" para combatir la lacra.
