El Gobierno ha visto hoy el anteproyecto de Ley Orgánica de Código Penal Militar, que simplifica las penas y las adecúa al Código Penal, y que recoge como delitos el abuso de autoridad, trato humillante, acoso sexual y amenazas. Entre otras novedades del nuevo Código, que sustituye al de 1985, están la ampliación de las conductas incriminatorias por abuso de autoridad y la inclusión de trato humillante, acoso sexual, amenazas, coacciones, injurias y calumnias, así como los atentados a la intimidad, dignidad personal y en el trabajo y los actos discriminatorios.
El anteproyecto reduce de 197 a 88 los artículos y tiene una parte dedicada a disposiciones generales y otra a tipificar los delitos y sus penas.
Con un carácter complementario con el Código Penal, el nuevo Código Penal Militar se aplicará a los miembros de la Guardia Civil solo en el ámbito competencial militar, excluyéndose las acciones u omisiones propias de sus funciones de naturaleza policial.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, ha destacado la necesidad de adecuar a los nuevos tiempos y a la realidad social actual la reforma del Código Penal que, además, obedece a acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, ha explicado.
Ha citado que entre las novedades recoge la ampliación de conductas incriminatorias por abuso de autoridad o trato degradante, y que incluye el acoso sexual y los atentados a la intimidad personal.
El nuevo Código tiene una parte dedicada a disposiciones generales y otra que tipifica los delitos y establece sus correspondientes penas.
Los delitos contemplados son: contra la defensa y seguridad nacionales, contra la disciplina (sedición militar, insulto a superior, desobediencia y abuso de autoridad) relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas por los militares, contra los deberes del servicio, contra la Administración de la Justicia Militar y contra el patrimonio en el ámbito militar.
También se incluye un título nuevo específico que castiga los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de los militares y se amplían las conductas punibles en los delitos contra el patrimonio en el ámbito militar.
Incorpora la pena de multa para algunos delitos, determina el lugar de cumplimiento (establecimiento penitenciario militar) y las especialidades en caso de conflicto armado.
Otorga a los tribunales militares la facultad de reducir la pena mínima de prisión de tres meses y un día en uno o dos grados sin que pueda ser inferior a dos meses y un día, para diferenciarla de la sanción máxima de dos meses de arresto prevista en el régimen disciplinario militar.
También, entre otras novedades, incorpora la pena de multa de dos a seis meses, que se reserva para algunos delitos. Esta pena se determinará y aplicará por el sistema del Código Penal.
Se contempla la sustitución de la pena común de trabajos en beneficio de la comunidad, poco adecuada para cumplirse en el ámbito castrense, por una pena corta privativa de libertad.
Para ello también se faculta a los tribunales militares en el caso de que la imposición de la pena de multa comporte riesgo para el mantenimiento de la disciplina.
Entre los delitos contra la defensa y seguridad nacionales figuran los de traición militar y espionaje, revelación de secretos, incumplimiento de bandos militares y disposiciones comunes, delitos contra centinela, autoridad militar, fuerza armada y policía militar, y los de ultrajes a España e injurias a la organización militar.
También se tipifican como delitos contra la disciplina los de sedición militar, insulto a superior y desobediencia y abuso de autoridad.
Cobardía, deslealtad, delitos contra el deber de presencia y prestación del servicio, delitos contra los deberes del mando, quebrantamiento del servicio, omisión del deber de socorro y delitos contra la eficacia del servicio son otros de los delitos que figuran en el Código.
Otra de las novedades más relevantes es que se castigan los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas por los militares, otorgando adecuada protección penal a estos derechos y libertades.
Se incorporan como novedad determinados delitos contra el patrimonio tipificados también en el Código Penal cometidos por un militar en instalaciones militares, buques, aeronaves, campamentos o durante ejercicios, cuando afecten al servicio o vulneren las reglas de comportamiento de los militares.
Ahora, tras el visto bueno del Consejo de Ministros, el Código Penal Militar llegará al Consejo de Estado y posteriormente el Gobierno lo remitirá a las Cortes.
OTRO AVIÓN PARA AUTORIDADES EN 2016, SI LOS PRESUPUESTOS LO PERMITEN
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha revelado este viernes que el Gobierno se plantea adquirir otro avión similar a los dos Airbus 310 de que ya dispone para transporte de autoridades a partir de 2016 si las cuentas públicas lo permiten, después de que uno de los dos aviones haya sufrido recientemente dos averías con el Príncipe de Asturias a bordo.
Morenés ha explicado que el Ejército del Aire "lleva tiempo haciendo un estudio sobre cuál podría ser la renovación de su flota", tanto para tareas militares como para transporte de autoridades, y que está analizando varias posibilidades.
Un ejemplo de las medidas a adoptar a corto plazo es, según el ministro, la que se adoptó precisamente después de que se conociera la avería en el A-310 que llevaba al Príncipe a Honduras el domingo pasado, y fue enviar el segundo Airbus para traer a Don Felipe de vuelta mientras se recurría a dos Falcon españoles y a un avión belga perteneciente al acuerdo europeo por el que varios países comparten medios aéreos para trasladar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y varios ministros a Roma para la cumbre hispano-italiana.
En cuanto a las medidas a adoptar a medio y largo plazo, Morenés ha indicado que se trata de un "proceso largo" y que las aeronaves que "habría que ir sustituyendo" son los Boeing 707, que entraron en servicio en España en 1987 para transporte de personal y reabastecimiento en vuelo y que, según ha afirmado, "han cumplido su determinada misión".
En todo caso, el ministro ha dejado claro que hoy por hoy los medios de que dispone España para el transporte de autoridades, los dos Airbus, son "suficientes", ya que están "a la mitad de su vida útil", y que los planes para una futura sustitución de aeronaves se encuadrarían entre los años 2016 y 2030. "Sabemos lo que tenemos que hacer", ha apuntado.
Eso sí, ha subrayado que el presupuesto para llevar a cabo una operación como esta ha de ser el adecuado, por lo que habrá que ver cuál es la situación económica en la que se encuentra España a partir de 2016 a la hora de plantearse adquirir nuevos aviones.
En cualquier caso, el ministro de Defensa ha hecho hincapié en que la avería que sufrió el Airbus 310 el pasado domingo en el viaje del Príncipe a Honduras fue identificada desde el primer momento y que no fue de carácter grave.
Según ha explicado, el incidente se registró en un elastómero, un elemento del motor de los aviones que no se suele revisar en las sesiones de mantenimiento y que se sustituye cuando se estropea. Así pues, este elemento ya fue sustituido en el A-310 que volaba a Honduras, si bien ha indicado que la investigación ordenada por el Ministerio de Defensa revisará todos los "procesos logísticos y de mantenimiento" para ver si existe "algún asunto que corregir" en las revisiones de las aeronaves.
A pesar de todo, el ministro ha insistido en que el Airbus que sufrió la avería esta semana cumplió con su cometido al llevar al Príncipe hasta el país centroamericano y que los dos A-130 se encuentran "a la mitad de su vida útil", ya que, aunque tengan una antigüedad de 25 años, "vuelan mucho menos" que otras aeronaves del ámbito civil y, por tanto, están "mucho mejor mantenidos".
